“La informalidad masiva es la principal restricción para mejorar la distribución del ingreso”, sostiene el último informe elaborado por la escuela de economía de la Universidad Católica Argentina. La conclusión se basa en que la población pobre que trabaja lo hace en su abrumadora mayoría en negro, y en que el salario promedio del empleo no registrado no alcanza ni siquiera a la mitad del salario en blanco.

El estudio comienza comparando la evolución de la actividad económica y el modo en que se reparten sus frutos, con la particularidad de que el punto de partida no es el inicio de este gobierno ni el pico de la crisis, sino diez años atrás. De esa manera, lo que se observa es que mientras “el Producto Bruto per cápita ya está por encima del máximo alcanzado en la década de los ’90 (1998), la distribución personal del ingreso ha mejorado con respecto a la crisis pero sigue habiendo mayor desigualdad que en 1996”.

La razón fundamental de que una economía que produce más que hace diez años sea más inequitativa es, según el equipo que dirige Patricio Millán, “la forma en que funciona desde hace mucho tiempo el mercado laboral, donde los trabajadores registrados son beneficiarios directos de las políticas laborales tradicionales, y por otro lado hay una realidad de personas que no consiguen empleo o que ocupan puestos de trabajo con muy bajos niveles de remuneración, que en su mayoría son informales”. Vale recordar que el empleo informal afecta al 46 por ciento de los ocupados, es decir a más de 6 millones de individuos.

Si bien en el último año la remuneración del trabajo en negro subió casi a la par del blanco, la diferencia no se achica y sigue siendo abismal. Los datos del Indec arrojan que el salario promedio del trabajo informal equivale a apenas el 40 por ciento del salario del empleo registrado.

Además, así como el desempleo golpea más en los sectores de abajo, la informalidad es la regla entre los pobres y la excepción entre los ricos. El trabajo de la UCA muestra que entre el 10 por ciento ubicado en el segmento más bajo de la pirámide social, más de 9 de cada diez trabajan en negro. En el extremo de arriba la proporción es inversa: 9 de cada diez que gozan de la mejor situación social tienen un empleo formal.

Para los autores “la política laboral en estos últimos años se ha caracterizado por su foco en acciones dirigidas a mejorar la situación de los no registrados, entre las que figuran los ajustes del salario mínimo, aumentos no remunerativos por decreto, incrementos en las escalas salariales de los convenios colectivos y, más recientemente, mejoras en las asignaciones familiares y aumentos del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias”. Según ellos, ese enfoque “no se ha traducido en avances significativos en términos de una mayor equidad social”. Es por cierto una afirmación sujeta a polémica, ya que en el período reciente las mejoras en el sector formal empujaron al resto. Lo que está fuera de discusión es que la reversión del retroceso que arrastran los pobres trabajadores en negro requiere de medidas específicas y más intensas que las aplicadas hasta ahora.

El trabajo esboza algunas alternativas: aumentar y mejorar la fiscalización, simplificar la tributación para las Pymes y establecer desgravaciones para estimular el blanqueo, al estilo del programa para el servicio doméstico.