Antes de que el Enargas le ordenara a Transportadora de Gas del Norte que contrate las obras de Skanska a un valor muy por encima de lo que había estimado en su presupuesto TGN, a instancias del ente regulador TGN había realizado dos licitaciones adicionales a la que en una primera instancia ganara Skanska y las ofertas no variaron de manera sustancial, a lo que se agrega que TGN dijo no estar en condiciones de realizar la obra en tiempo y forma al costo que había calculado, ni siquiera por contratación directa. Esta es la principal línea de defensa por parte del Gobierno respecto del sobreprecio que dio lugar, junto a varios otros indicios, a las sospechas de sobornos que están siendo investigadas en dos causas judiciales.

El conocido como skanskagate nació como un caso de evasión tributaria mediante el uso de facturas truchas que salían de la empresa Infiniti. Sus dos principales directivos, Adrián Félix López y Miguel Angel Hernández, están presos hace varios meses como jefes de la asociación ilícita y hay una decena de procesados. Una de las empresas destacadas que operaban con Infiniti era la filial local de la sueca Skanska, a la que se le inició una causa por evasión, lo mismo que a muchas otras, entre las que hay varias muy importantes (ver aparte).

Pero el caso Skanska tomó un cariz especial debido a que como señala el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart en un escrito “hay indicios suficientes de que la asociación ilícita fiscal liderada por Adrián Félix López habría proveído a Skanska facturas de Infiniti con las cuales se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos simulando operaciones comerciales inexistentes”.

Uno de las pistas que despertaron sospechas fue la casi coincidencia entre el monto de facturas truchas que Skanska pagó a Infiniti y a otras veintidós firmas de ese tipo, y la diferencia entre lo que TGN había estimado que iba a costar la obra y lo que finalmente cobró Skanska: en ambos casos la cifra es de alrededor de 17 millones de pesos. Este indicio se complementa con el hecho de que TGN –que como propietaria del gasoducto norte administró las obras de ampliación que concluyeron en 2005– le había advertido al Gobierno que la oferta de Skanska por la construcción y el montaje de una planta compresora implicaba un fuerte “desvío” respecto de lo que habían presupuestado, pese a lo cual el trabajo se hizo por instrucción del Enargas.

Página/12 pudo reconstruir todo lo que ocurrió entre la advertencia original y la orden de ejecución, y en esa historia aparecen elementos hasta ahora desconocidos públicamente que modifican el cuadro de situación.

Para comprender mejor la historia conviene recordar que las obras de ampliación del gasoducto, por un total de aproximadamente 200 millones de dólares, incluía además de los caños la instalación de tres plantas compresoras nuevas: Lumbreras, Lavalle y Deán Funes.

En la nota que le envió al Enargas (como organismo de control técnico) el 31 de enero de 2005, TGN efectivamente advierte que de las ofertas que ganaron en el concurso privado que realizó para la construcción y montaje de las tres plantas compresoras resulta un “desvío” de 152 por ciento en relación con lo que TGN había calculado. Skanska ofertó por las tres, pero ganó sólo Deán Funes, con un valor de 29,2 millones de pesos, que excedía en 17,5 millones de pesos a los 11,7 que TGN había estimado como administradora de toda la ampliación. Más caras que Skanska fueron las ofertas de las firmas Turbigas, BTU y Astra (del grupo Repsol).

Esa advertencia motivó una reunión al día siguiente en la Secretaría de Energía, con la presencia de su titular Daniel Cameron, el presidente del Enargas, Fulvio Madaro, y las máximas autoridades de TGN, entre otros. Según consta en una nota de TGN de pocos días después, en esa reunión “se nos comunicó no validar los valores cotizados por los oferentes y se nos requirió analizar conjuntamente con YPF la forma de obtener una sustancial reducción en los precios cotizados para adecuarlos a los presupuestados”. Cabe tener en cuenta que YPF fue el principal financista de la obra.

De eso surgió la decisión de convocar a un segundo concurso, no sólo para la planta Deán Funes, que había ganado Skanska, sino también para las otras dos, donde se habían registrado diferencias de igual o mayor proporción. La compulsa se realizó en febrero y para el caso de Deán Funes Skanska rebajó su oferta de 29,2 a 26,5 millones de pesos, y siguió como ganadora. También hubo alguna rebaja en las otras dos plantas. Sin embargo, por nota del 14 de febrero de 2005, TGN le comunica al Enargas que “si bien hubo mejoras, destacamos que las ofertas siguen quedando muy afuera de nuestras referencias y obras equivalentes”.

Desde el Gobierno se le respondió que convocara a un tercer concurso pero invitando a más participantes. Se presentaron como nuevas las firmas Contreras y Hanover, y los resultados dieron que Skanska volvió a cotizar el menor valor para Deán Funes con una rebaja ínfima de 26,5 a 26,4 millones.

TGN insistió por nota del 4 de marzo con que a pesar de “dos rondas de mejoras, las ofertas ganadoras continúan arrojando precios fuera de nuestras referencias”. A esta altura el resto de la ampliación del gasoducto avanzaba y las necesidades de mayor abastecimiento gasífero para evitar los riesgos de crisis eran cada vez más urgentes.

Por nota del 29 de marzo, el Enargas le preguntó a TGN si ellos estaban en condiciones de realizar la obra por alguna otra vía, al precio que consideraban adecuado. La respuesta de TGN fue un pedido para dejar desierto el concurso privado y realizar contrataciones directas. Afirmaban que contaban con una propuesta más económica para la planta Lumbreras, y que “existían razonables motivos para suponer lo mismo respecto a Lavalle y Deán Funes”. Pero aclaraban que necesitaban diferir unos meses el inicio de las obras en las plantas compresoras.

El Enargas realizó su propio estudio de costos y llegó a la conclusión de que efectivamente los valores de construcción y montaje ofertados en la compulsa resultaban algo elevados, pero que el sobreprecio estaba muy lejos de las enormes diferencias que surgían de comparar con los presupuestos de TGN.

Finalmente, dado el apuro que había y la falta de garantía por parte de TGN respecto de una alternativa que cumpliera con los tiempos y con los valores que ellos consideraban adecuados, el titular del Enargas Madaro obtuvo la aprobación política de la secretaría de Energía, y por nota del 8 de abril de 2005 instruyó a TGN a adjudicar las obras de las plantas compresoras a Skanska y a los otros dos ganadores del concurso.

Funcionarios de Gobierno que participaron de esta historia admiten que el encarecimiento pudo haberse debido a una cartelización por parte de los oferentes, que aprovecharon las urgencias del momento. Pero dicen convencidos que, en todo caso, el presupuesto de TGN era excesivamente bajo y no se adecuaba a las condiciones de mercado. Para apoyar esto último muestran la nota que el 28 de junio del año pasado envió TGN con la firma de su apoderado, Víctor Pozzo, al Enargas referida a la nueva ampliación que está en ejecución en el gasoducto norte (prevista para inaugurarse en 2009), donde como presupuesto de referencia para una planta compresora de la potencia equivalente a la de Lumbreras figura una cifra mayor a la que se pagó por ésta en la primera ampliación.

Cuando a las fuentes oficiales consultadas se les pregunta respecto de los otros indicios de coima, responden que les es ajeno y que no cuentan con explicación. Porque cabe recordar que, además de la disparidad de precios y la coincidencia señalada, la Justicia cuenta con otros indicios de que hubo sobornos. La más sugestiva es que Skanska reconoció que hubo pago de “comisiones indebidas”. Además, un documento interno señala que recurrió a Infiniti por sugerencia de Néstor Ulloa, un contador jujeño cercano al gobernador Eduardo Fellner, que es gerente general de Nación Fideicomisos, que es el órgano que administró el fondo fiduciario con que se financió la obra. Ulloa fue el único funcionario que se presentó espontáneamente ante López Biscayart cuando se vio involucrado en el escándalo. También está la declaración indagatoria del dueño de Infiniti, que vinculó las facturas truchas a un negocio con el Gobierno.