Desde Santa Fe

El juez civil y comercial de la 4ª nominación, Claudio Bermúdez, suspendió ayer el “desalojo compulsivo” de evacuados en las escuelas de Santa Fe que el gobierno de Jorge Obeid inició el viernes para que las clases puedan reanudarse con normalidad el martes próximo. El fallo se conoció en las primeras horas de la tarde poco después de una demanda que interpuso el Comité de Solidaridad que integran una veintena de organizaciones sociales para frenar la mudanza masiva de damnificados, en muchos casos bajo presión. “Las personas afectadas permanecerán en las escuelas hasta que por sí mismas y en plena garantía de libertad decidan trasladarse a otros lugares que respondan satisfactoriamente a sus necesidades más básicas y urgentes”, dice la resolución judicial que ya fue notificada a Obeid, al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y a la ministra de Educación, Adriana Cantero.

La gran mudanza se había iniciado el viernes cuando una flota de camiones del Ejército y colectivos de línea llegaron hasta los edificios escolares con una misión de la Casa Gris: llevar los evacuados a sus casas o relocalizarlos en otros centros –como el Predio Ferial o los estadios cerrados de Unión y Regatas, donde se hacinan miles de personas–. La orden de Obeid era limpiar las escuelas el fin de semana y abrirlas el martes para que las clases se dicten normalmente.

“La orden del gobierno es que nos vayamos, muchos lo hicieron por miedo a las represalias a pesar de que todavía tienen agua en la casa”, dijo Prima Ojeda, una vecina de Santa Rosa de Lima que se refugió junto a su familia en la escuela Nº 14 Nicolás Avellaneda, atrás del Parque Garay. Ella fue una de las que resistió la presión oficial, porque “no se puede volver así al barrio, con agua y mugre. Es muy terrible”, dijo.

Para el Comité de Solidaridad el apuro del gobierno en sacar a los inundados de las escuelas tiene una causa. “Quieren dar una imagen de normalidad en este momento que es insostenible. Es un gesto superfluo. Una pantalla para ocultar lo que está claro, que ésta ha sido una catástrofe pésimamente gestionada. Entonces, el móvil es que las clases se inicien rápido para dar la idea de que la situación se ha superado y para todos los santafesinos está muy claro que eso no es así, en absoluto”, dijo el abogado Guillermo Munné, uno de los que patrocinó la acción judicial.

La demanda se presentó al filo del mediodía ante el juez Bermúdez –que se constituyó en su despacho para recibir el escrito–. Era “un pedido de intervención urgente” en los términos de la ley 10.000 de protección de intereses difusos para impedir el inminente desalojo de los refugiados en las escuelas públicas y privadas. Un recurso similar al amparo, con el patrocinio legal de Munné y de las abogadas Lucila Puyol y Paula Condrac. Y horas después se conoció la resolución del juez que suspendió los desalojos.

El Comité de Solidaridad había denunciado que la salida de los evacuados de las escuelas contra su propia voluntad “importa una severísima amenaza para sus derechos fundamentales. Sabemos que se ha fijado como fecha límite del desalojo al día de hoy (por ayer, sábado) cuando se deben cargar las pertenencias de los evacuados y llevarlos a lugares inciertos, pero fuera de las escuelas que, como sea, deben ser preparadas para un inmediato dictado de clases”.

“Estas duras indicaciones están sembrando la angustia entre los docentes que deben ejecutar una orden irresponsable y cruel”, advirtió el Comité de Solidaridad. “La dureza de la iniciativa oficial no descarta la desinformación y la inducción a equívoco de las personas que deben ser desalojadas y hasta se teme también por un posible uso de la fuerza.”

“La voluntad de los afectados de permanecer en las escuelas no es irracional. Ellos no pueden aún regresar a sus hogares, aunque el agua se haya retirado recién. Tanto en sus barrios como en el interior de las viviendas, carecen de elementales condiciones de higiene, salubridad y protección. Y tampoco es admisible que se los conmine al traslado a otros centros de evacuados que hoy presentan condiciones de hacinamiento, inseguridad, falta de higiene, insuficiencia de baños o de responsables con alguna idoneidad para la asistencia. Es imposible para ellos tomar una decisión serena e informada dadas las condiciones que los han golpeado y la brutal rapidez con que pretenden operar las autoridades provinciales. Parece que se pasan absolutamente por alto las secuelas psíquicas que está ya sembrando esta vuelta a la normalidad forzada.”

Una de las escuelas donde los evacuados resistieron el desalojo compulsivo fue la Nº 14 Nicolás Avellaneda, atrás del Parque Garay. “Algunos se fueron a pesar de que aún tienen agua en la casa, por miedo a las represalias o para no comprometer a los docentes que se portaron una maravilla”, comentó Prima Ojeda a Rosario/12. “Pero nosotros insistimos en que no se puede volver con el agua y la mugre, todo es muy terrible. No queremos quedarnos en la escuela, pero lamentablemente tampoco podemos volver a casa. Y no tenemos la culpa de lo que pasó, eso es negligencia pura del gobierno, porque si ellos hubieran hecho las obras como corresponde (con equipos de bombeo) esto no hubiera pasado. Pero a ellos no les importa la gente, no les importa nada. Lo único que les importa es decir que las cosas están bien donde nunca estuvieron bien.”

“El Comité de Crisis no existe, si no saben gobernar menos van a saber tomar decisiones en estos momentos que nunca tomaron. Acá no llegó ayuda del gobierno, fue la directora María Isabel Frutos quien hizo un montón de cosas para conseguir colchones y lo demás fueron donaciones de los vecinos.”