Al filo de la medianoche del 14 de abril de 1987, el mayor Ernesto Guillermo Barreiro se presentó en la 14ª Brigada de Infantería de Córdoba. Llegaba de la Capital y le comunicó al jefe de la guarnición, coronel Luis Polo, que no pensaba acudir a la convocatoria de la Justicia federal, interesada en indagarlo acerca de su responsabilidad en el secuestro y muerte de un grupo de militantes en el campo de exterminio de La Perla. Lo que parecía un hecho fortuito tenía un nombre, “Operación Dignidad”, aunque nadie lo recuerde así, y aquel primer asedio a la democracia recuperada sea mencionado simplemente como “Semana Santa”. Esas horas proyectaron la figura de un militar con nariz de boxeador llamado Aldo “el Ñato” Rico, un movimiento de oficiales fascistoides que presumían de comandos, a quienes la irreverencia popular rebajó al rango de “carapintadas”. También quedó una frase que se impregnó para siempre de sorna y una cierta amargura: “Felices Pascuas. La casa está en orden”.

Barreiro no era un personaje menor en la provincia. Testimonios de los sobrevivientes lo sindicaban como jefe de interrogadores de La Perla y pesaban sobre él las desapariciones de Alejandra Haimovich, el menor Oscar Liñeri, Carlos Altamira, del Colegio de Abogados local, María Rus Mujica Duarte, Mario Alberto Nivoli, Rita Ales de Spíndola y Dalila Matilde Essio de Delgado. Se lo consideraba, asimismo, uno responsable de la OP3, uno de los cinco grupos encargados de ejecutar detenciones y secuestros. Con ese historial a cuestas, el mayor Barreiro, alias “el Nabo”, “Hernández”, “Rubio” y “Gringo” le informó a Polo que no respondería a la convocatoria de la Cámara Federal cordobesa. Esa misma noche el coronel Polo se contactó con el jefe del Cuerpo de Ejército III, general Antonio Fichera, para ponerlo al tanto de la situación. Fichera transmitió las novedades al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú, quien despertó al ministro de Defensa Horacio Jaunarena. Polo no se quedó quieto: se dirigió a Buenos Aires para conversar con el subjefe de la fuerza, general Mario Sánchez. Seis días después, el Estado Mayor desmintió aquel encuentro y, como prueba, aseguró que Barreiro había entrado al regimiento recién el día el 15 por la mañana. No obstante, todos tomaron muy en serio la versión de que, frente al planteo de Sánchez, de que Barreiro debía presentarse a la Justicia por las buenas o por las malas, Polo habría contestado “no puedo ni quiero entregarlo”.

La Justicia notificó al Gobierno que el mayor estaba en rebeldía. Con esa información en su poder, Jaunarena ordenó la baja de Barreiro.

El miércoles por la mañana Polo regresó a la guarnición y Jaunarena pidió informes de inteligencia para saber con qué respaldos contaba Barreiro. Los alfonsinistas sabían que estaban huérfanos de apoyos militares y el propio presidente suponía que el único sector de relativa fidelidad era la aeronáutica, al mando del brigadier Horacio Crespo, y por eso había hecho de ella su niña mimada. Al fin, evaluaban en la Casa Rosada, la aeronáutica había tenido menor incidencia en la represión y era la única de las tres armas que había salido prestigiada de la Guerra de Malvinas. El miércoles por la noche, Alfonsín se comunicó con Ríos Ereñú. Quería saber si las aguas se habían aquietado y podía tomarse unos días de descanso en Chascomús. El jefe militar lo tranquilizó: todo, dijo, estaba bajo control. Fue el segundo gran error de Ríos Ereñú, que se sentía sentado sobre un volcán y sólo pensaba en un retiro prudente.

No se trataba de un fallo descomunal del aparato de inteligencia. Se resquebrajaba el conjunto de la política militar del radicalismo en el poder. El justicialismo, con Italo Luder a la cabeza, sostenía la validez de la autoamnistía resuelta por la dictadura en sus tramos finales. De hecho, ningún hombre del peronismo ocupó los lugares reservados para el PJ en la Conadep. El líder del Movimiento de Renovación y cambio creía, con todo, que una veintena de cabezas debía rodar para emitir una señal de justicia. La veintena de testas a cortar eran las de los generales y caciques. La línea debía ser golpear arriba y establecer las máximas responsabilidades para quienes dieron las órdenes. La estrategia contaba con respaldo internacional. “Los socialistas españoles daban como ejemplo una transición suave, con el pasado pisado y una reconciliación implícita cuya representación máxima era la figura del rey; los italianos ponían sobre la mesa la figura del secretario del PCI, Palmiro Togliatti que, como ministro de Justicia, había firmado la amnistía para los fascistas”, rememora un miembro de la Coordinadora, por esos días joven espectador privilegiado de la historia.

Un suceso imprevisible había venido a cooperar con el deterioro de las relaciones con el Ejército. El 25 de mayo de 1985 moría Raúl Borrás, titular de la cartera de Defensa, arquitecto del triunfo de la UCR, el hombre más cercano al presidente y en quien estaban depositadas las expectativas de neutralizar el golpe de Estado. Lo sucedió un ex socialista, Germán López, que dimite cuando trasciende que ha instruido a los fiscales para que traten de poner límites a los juicios. A López lo reemplaza el ingeniero Roque Carranza. La danza de titulares de Defensa era una evidencia del terreno pantanoso en que se movía el Poder Ejecutivo. Por fin, la cartera queda en manos de Horacio Jaunarena, a quien algunos de sus correligionarios consideraban demasiado imbuido del punto de vista militar. Fue en vano que, en abril de 1985, se impidiera la televisación del Juicio a las Juntas e igualmente inútil que la ley de punto final tratara de frenar –otorgando apenas 60 días de plazo para presentar las denuncias– la apertura de causas por crímenes de lesa humanidad. El decreto 187/83 había creado la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conadep) y el 24 de septiembre de 1984 esa comisión entregaba sus conclusiones. Aun limitados, ambos acontecimientos (el juicio y los informes) hicieron presentir a jefes y oficiales, con razón, que se hallaban en la mira. El juego se había abierto y todos quienes habían participado de la represión tenían, por lo tanto, un interés personal en los procesos.

Las fuentes consultadas por Página/12 prefirieron mantener el anonimato. Con todo, uno de ellos, perspicaz y veterano ex legislador peronista, relató que, en verdad, “el papel de prima donnna de aquel movimiento que quiso parecer espontáneo estaba destinado no a Rico sino a otro coronel malvinero, Mohamed Alí Seineldín, por ese tiempo instalado en Panamá como instructor de las fuerzas de Noriega. Fue su mujer la que le advirtió que no regresara al país y estuviera alerta”. El puesto lo tomó entonces Rico, que abandonó el Regimiento 18 de Infantería de San Javier, en Misiones, para dirigirse a Campo de Mayo. Se cuenta que fue el coronel Enrique Venturino, su encargado de inteligencia, quien guió sus movimientos. Polo es sindicado, de igual modo, como uno de sus asesores. “Eran muy modernos –opina un ex funcionario radical que siguió minuto a minuto el alzamiento–, tenían una idea de la acción psicológica copiada de los ‘paras’ de Argelia, que a su vez la habían aprendido del vietminh. Una estrategia de la tensión basada en negar que el objetivo fuera la caída del gobierno, circulaba una lista de asesinables, decían que Borrás había sido coronel del Ejército Rojo y el alfonsinismo encarnaba la versión política del ERP, la ‘misión gramsciana’ de conquistar las conciencias para después tomar el poder”.

La conspiración de los infantes

El estado mayor riquista se completaba con los coroneles Arturo González Naya y Horacio Martínez Zuviría, sus compañeros de promoción. El mayor Gustavo Breide Obeid también era de la partida. Por supuesto, la rebeldía del “Nabo” Barreiro había sido diagramada como detonante de la “Operación Dignidad”. Con ellos y con la seguridad del apoyo de un puñado de guarniciones, Rico intima y depone al coronel Luis Pedrazzini, director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde establece su cuartel general. Recibe las adhesiones del Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de Córdoba (al mando de Polo), el 19 de Tucumán (coronel Angel Rafael de León), el 4 de Infantería de Monte Caseros (Corrientes, coronel Héctor Alvarez Igarzábal), el 21 de Infantería de Neuquén (teniente coronel Alberto Valiente) y el 35 de Infantería de Rospenteck (Santa Cruz, teniente coronel Santiago Alonso).

Ríos Ereñú y el ministro Jaunarena despiertan entonces de su siesta e indican al general Ernesto Alais, comandante del II Cuerpo, que entre en operaciones y se dirija a Campo de Mayo para reprimir la conjura. Alais narró más tarde que habían interceptado un mensaje de adhesión enviado por Rico a Barreiro y Polo, y lo habían bloqueado “en la central de tráfico. Inmediatamente ordené la presentación del teniente coronel a este comando, pero salió de su lugar y nunca llegó aquí”. El gobierno constituyó un “comité de crisis” integrado por Carlos Becerra, secretario general de la Presidencia, César Jaroslavky, Enrique Nosiglia y Leopoldo Moreau, “verdaderos jefes del alfonsinismo ortodoxo, uno por Capital y otro por la provincia de Buenos Aires”, define la fuente. ¿Y el resto? “Tróccoli (Antonio, ministro del Interior), que pertenecía a lo que había sido el balbinismo, planteó que en cuestiones militares hay que contar los porotos. Lo veía como una asonada típica. Proponía balconear, aunque nunca explicó cómo seguía si las cuentas nos salían mal. No se aceptó su postura y se llamó a la primera convocatoria de masas. No teníamos al principio ninguna unidad militar con nosotros. Estaban los que apoyaban a los amotinados y los que no se pronuciaban. Se analizó, incluso, la posibilidad de atacar la Escuela de Infantería donde estaba Rico y se repartieron armas. Primero hubo mucho entusiasmo para agarrar los fierros. Después no tanto.” En la cabeza de los jóvenes funcionarios radicales presionaba el recuerdo del golpe de Chile y el modelo del GAP (Grupo de Amigos del Presidente).

Tras las deliberaciones se resolvió que no se colocaran las radios en cadena nacional permanente ni se llamara a la población a participar de la resistencia armada, puesto que un baño de sangre podía abrir las puertas a la guerra civil. “Los jefes de la Fuerza Aérea, Crespo y Waldner, se lavaron las manos con la excusa de que era un problema interno del Ejército. Llamamos a Antonio Cafiero, presidente del PJ, y a José Luis Manzano, jefe de la bancada. Lorenzo Miguel se portó bien. Igual, no hubo columnas sindicales ni en Plaza de Mayo ni en el Congreso. La movilización fue de las clases medias”, reconstruye el ahora maduro ex joven alfonsinista y agrega: “Muchas comunicaciones las hacíamos a través de la red policial. Los cuarteles llamaban a las radios para informar que se plegaban al golpe y las radios se negaban a difundirlo. El domingo 19 Jaunarena fue a negociar con Rico. Parecía arreglado y cuando Alfonsín está caminando hacia el balcón para hacer el anuncio le avisan que se había caído el acuerdo. Entonces decide ir personalmente a Campo de Mayo”. La fuente radical asegura que “Menem y Ubaldini mantenían contactos con los carapintadas, al menos ninguno estuvo en el balcón de la plaza”. La fuente peronista concluye que “Alfonsín nombró un jefe de Estado Mayor y se encontró con un tarado que no supo ponerlo sobre aviso. Ríos Ereñú había sido el segundo de Cornicheli en la Secretaría Política y Técnica. Los carapintadas no contaban con apoyos absolutos, pero los que no apoyaban sabían que en la negociación ganaban todos y por eso no se pronunciarían en contra. Y tenían una importante base civil. Recuerdo que entre quienes los visitaron en Campo de Mayo estaba José María Díaz Bancalari. Era profundamente nacionalista”.