Tengo una buena historia de piratas pero no sé bien cómo contarla. A ver. Es sobre una compañía multinacional de origen estadounidense que opera en Colombia y que fue acusada de mandar a matar a tres de sus delegados gremiales. Los sindicalistas habían sido bajados de un micro de la empresa y asesinados por una banda de paramilitares que operaba en la zona, dos en el 2001, el otro en el 2002. La multinacional se dedica a la explotación de minas de carbón y tiene base en Alabama, Estados Unidos, donde sus yacimientos empezaron a vaciarse en los años ’80, por lo que debió buscar su materia prima en otras partes del mundo. De Colombia extrae más de 16 millones de toneladas de carbón al año, suficientes para cubrir sus exportaciones a Estados Unidos, Europa e Israel, facturar más de 500 millones de dólares por año y poner a trabajar a más de 3000 mineros a 2,50 dólares la hora, la mitad de los cuales pertenece al sindicato. La empresa tiene una presencia importante en la sociedad colombiana y el New York Times le dio crédito por levantar escuelas, construir caminos y donar alimentos. Pero en Alabama cerró cinco minas y dejó sin trabajo a 2000 mineros que cobraban 18 dólares por hora. Fueron estos mineros quienes motorizaron la denuncia de sus colegas colombianos. La multinacional se llama Drummond. El juicio por “ayudar y proteger” a los asesinos de los sindicalistas empieza el 14 de mayo en Atlanta y tiene una particularidad. La acusación se basa en una ley para crímenes cometidos fuera del territorio de los Estados Unidos y es la primera vez en más de 200 años que un caso basado en esa ley llega a juicio en ese país. El propósito original de la ley, que data de 1789, era, es, perseguir actos de piratería.

La trama se espesó hace un par de meses gracias a un profesor de periodismo de un ignoto instituto terciario de Alabama. Resulta que la jueza del caso Drummond lo venía llevando bajo el más estricto secreto de sumario desde que le llegó la denuncia cinco años atrás. El profe le inició un juicio a la jueza para que haga público el expediente y en febrero la Cámara de Apelaciones le dio la razón. De los documentos obtenidos surgieron un par de datos interesantes. Primero, la declaración del arrepentido, por llamarlo de una manera, más famoso de Colombia. Se trata de Rafael García, ex jefe de informática del DAS, el servicio de inteligencia colombiano. García, que está preso por borrar información de narcos colombianos de la base de datos de la DAS, destapó con sus confesiones el llamado escándalo de la “parapolítica” que desnudó los nexos entre paramilitares responsables de masacres y encumbrados legisladores y funcionarios, algo muy parecido al terrorismo de Estado. García contó muchas cosas de Drummond a la Justicia colombiana y una copia de esa declaración se agregó al expediente de Atlanta. Por ejemplo, García dice que en el 2001, poco antes del asesinato de los delegados de los mineros, presenció una reunión entre el presidente de la filial colombiana de Drummond y el jefe paramilitar que controlaba la zona. Agregó que en esa reunión vio que el empresario le entregó un sobre con 200.000 dólares al jefe paramilitar “para asesinar a determinados gremialistas”. También contó que los paras usaron el puerto y los barcos de Drummond para transportar cocaína a Europa e Israel. A partir de sus dichos, hace dos semanas el fiscal general de Colombia reabrió el caso en ese país. Drummond, que siempre negó cualquier vinculación con los paras, anunció a través de un comunicado que querellará a García por calumnias e injurias. La empresa aseguró que ni siquiera su gerente de operaciones, Alfredo Araújo, está vinculado con los paras. Araújo es primo hermano del senador Alvaro Araújo, que fue encarcelado en febrero, acusado de orquestar con los paramilitares el secuestro de un rival político. Y Alvaro es hermano de María Consuelo Araújo, la canciller de Uribe que debió renunciar hace un mes cuando se supo que buena parte de su familia se había vinculado con los paras. El tío del empresario, Alvaro Araújo Noguera, también fue acusado de secuestro y está prófugo, con pedido de captura internacional. Nadie es culpable por portación de apellido, menos un gerente que sabe demasiado.

Otro dato interesante que surgió del expediente es que Drummond, a espaldas de la jueza, había contratado la firma del ex secretario de Estado James Baker para que haga lobby ante el Departamento de Estado con la expectativa de que la administración Bush haga desestimar el caso por razones de seguridad nacional. Un abogado de la firma Baker Potts Lld. detalló para la jueza las reuniones que mantuvo con cuatro funcionario del Departamento de Estado durante dos meses, hasta que Su Señoría se enteró y le ordenó suspender los contactos. Entonces Drummond insistió en que la magistrada consulte al gobierno. La jueza lo hizo y obtuvo una carta de la fiscalía general asegurando que esta vez el Departamento de Estado se mantendría prescindente.

Esta vez, porque durante el gobierno de Bush el Departamento de Estado había frenado al menos tres juicios contra multinacionales norteamericanas del sector energético en los que los demandantes habían intentado aplicar la ley de piratería, conocida como ATCA. El mes pasado, sin ir más lejos, un juez de San Francisco desestimó un juicio ATCA iniciado por residentes de Papúa-Nueva Guinea contra la minera inglesa Río Tinto, a la que acusaron de connivencia con un régimen militar sanguinario. El juez se basó en un dictamen del Departamento de Estado que decía que la demanda ponía en riesgo el proceso de paz en ese país. Pero el caso colombiano es distinto. Allí se negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos que la mayoría demócrata en el Congreso no quiere. El principal argumento que usan los legisladores demócratas para frenarlo es la violencia contra gremialistas en ese país, que ostenta el record mundial de sindicalistas asesinados. El caso Drummond se ha convertido en la bandera. La UST (la UOM estadounidense) y la AFL-CIO (el equivalente a la CGT) se han presentado como coquerellantes junto a los familiares de los sindicalistas colombianos asesinados. Se entiende lo del Departamento de Estado. A pesar de los esfuerzos de los muchachos de Baker, los funcionarios de carrera no habrán querido tomar partido por un presidente en retirada.

Mientras tanto, en Colombia, cada vez se sabe más acerca de los pagos de “vacunas” o peajes de las empresas extranjeras, y también nacionales, a los grupos paramilitares responsables por el asesinato de miles de personas y la desaparición de otros tantos. Aunque no todas las empresas actuaron de las misma manera y no pocas aprovecharon la relación con los paramilitares para sus tareas de limpieza. De hecho, Drummond no es la única multinacional de país cafetero que enfrenta querellas en Estados Unidos basadas en la ley de piratería. Coca Cola tiene un juicio por usar a los paramilitares para reprimir actividades sindicales en dos de sus embotelladoras. Entre 1992 y el 2001 siete sindicalistas de las embotelladoras fueron asesinados por paramilitares. La petrolera Oxy fue demandada en el 2003 por su presunta responsabilidad en una masacre en Santo Domingo, Colombia, ocurrida en 1998. Dyncorp, en cambio, fue acusada de rociar con sustancias tóxicas a campesinos en la frontera entre Colombia y Ecuador como parte del programa de erradicación de plantaciones de coca. También está el caso de la bananera Chiquita Brands, heredera directa de la United Fruits que orquestó con la CIA el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Chiquita admitió pagos a los paramilitares de las AUC aun después de que las AUC fueran declaradas organización terrorista por los Estados Unidos en el 2002. Además, cuatro traficantes colombianos fueron encarcelados supuestamente por usar una filial de Chiquita para contrabandear 3400 fusiles AK 47 y un cargamento de municiones que terminaron en las manos de los paramilitares. La multinacional llegó a un arreglo con el Departamento de Justicia norteamericano, vendió sus plantaciones en Colombia y pagó una multa de 25 millones de dólares. En Colombia el arreglo se dio en llamar “mate y pague”. La Justicia colombiana espera que el caso se cierre el 1º de junio para pedir la extradición de seis empresarios de Chiquita que se refugiaron en el país del Norte.

La ley de piratería ya asusta a los empresarios norteamericanos. “Los padres de la patria sentirían escalofríos si supieran que se está utilizando el ATCA para golpear a empresas estadounidenses por eventos en países extranjeros que no pueden controlar”, dijo al Miami Herald John Murphy, vicepresidente para asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Murphy tiene razones para preocuparse. La actuación de la Coca Cola en Colombia le valió un boicot en varias universidades de Estados Unidos y Europa, agrupadas bajo el slogan “tomar Coca Cola mata”. Drummond también pagó un precio. Entre agosto y noviembre pasado las empresas de energía Essent de Holanda y DONG de Dinamarca, dos clientes menores, anunciaron que suspendían las compras de carbón de Drummond por la situación en Colombia a raíz de una investigación periodística publicada en un diario danés. En el caso de DONG, que es una empresa estatal, la decisión fue anunciada por el ministro de Finanzas, Thor Pederson, en el Parlamento.

Colombia no es Dinamarca. Hace un par de semanas tuvo lugar en la bella Cartagena de Indias la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Fue un gran evento. Bill Gates, Gabriel García Márquez y Tomás Eloy Martínez, entre otros, dieron cátedra a los dueños de los principales diarios de las Américas en el salón de convenciones de un cinco estrellas. El domingo 18 de marzo se celebró un almuerzo con la presencia del presidente Alvaro Uribe, que dedicó a los editores un sentido discurso en favor de la libertad de expresión. Fue el broche de oro perfecto para un fin de semana soñado a orillas del mar, donde hace 200 años dejaron su marca los temibles piratas del Caribe. Según la página web de la SIP, el almuerzo con Uribe corrió por cuenta de la Drummond.