A juicio de los empresarios del autotransporte del área metropolitana existen dos vías para solucionar los problemas económicos que enfrenta el sector: o se incrementa el boleto un 13 por ciento promedio o se aumenta el subsidio alrededor del 15. Considerando las restricciones que existen para modificar el Presupuesto, esta última alternativa parece poco viable para instrumentar de inmediato. La apuesta patronal es lograr un descongelamiento tarifario, variante políticamente poco factible.

La base para cualquier decisión es un acuerdo entre los empresarios y la Secretaría de Transporte sobre la críptica estructura de costos. El lunes por la noche se levantó un lock-out en reclamo de alguna de aquellas medidas bajo la promesa oficial de revisar este punto neurálgico con la ayuda de profesionales de la Universidad de Buenos Aires.

El esquema que utiliza Ricardo Jaime para cuantificar los gastos de los transportistas difiere en varios puntos con el que los empresarios presentan como “el verdadero”. Estas discrepancias van desde el cómputo de los seguros a contratar hasta la cantidad de personal realmente ocupado por cada línea, pasando por cómo se estima la antigüedad promedio del parque. El número oficial resultaría así “entre un 35 y 40 por ciento menor” al que las empresas pretenden dar como válido.

Amén de que Transporte también puso la mira sobre los crecientes ingresos de los autotransportistas y, según les destaca, la tarifa está quieta pero la venta de pasajes (y por lo tanto los ingresos) no deja de aumentar.

Aquella discutida estructura de costos –cuyos datos precisos forman parte de las reservadas negociaciones– es la base para pagar el subsidio cash que recibe cada línea, adicional al gasoil subvencionado. Los números de las cámaras empresarias dan cuenta de que el conjunto de empresas del área metropolitana cobra hoy cerca de 140 millones de pesos mensuales, de los cuales 45 provienen del fondo fiduciario nutrido con el impuesto sobre el gasoil y el resto directamente del Tesoro. Este dinero está consignado en el presupuesto en ejecución y cualquier refuerzo implicaría que se generó en algún lado un excedente no previsto al sancionar la ley de leyes.

Daniel Migliasi, el titular de CEAP, asegura que aún sobre ese mismo diagrama de costos aquella subvención mensual debería subir a 161 millones de pesos, es decir un aumento del 15 por ciento. Ello implicaría que el Estado nacional debería disponer de unos 252 millones de pesos adicionales al año, cuyo desembolso tendría que comenzar de inmediato. Pero si se utilizara la modalidad privada de cálculo, el número sería superior.

La alternativa patronal es un incremento del boleto que implicaría subir a 85 centavos el mínimo, a 90 el de la siguiente sección y a 1 peso el de una eventual tercera. O, como apuesta de mínima, recibir algún tipo de compensación o reducción de las cargas impositivas.