Siete ex directivos de la empresa Skanska quedaron detenidos por decisión del juez penal tributario Javier López Biscayart, que los acusa de evasión tributaria agravada en el contexto de la licitación para la construcción de dos gasoductos, impulsadas desde el Ministerio de Planificación Federal. Ayer mismo el magistrado comenzó a tomarles declaración indagatoria y a última hora seguía embarcado en esa tarea, mientras un enjambre de abogados revoloteaba alrededor de su juzgado, en Sarmiento y Cerrito. La orden de captura alcanza a otros cuatro ex miembros de la compañía, que anoche todavía no habían sido arrestados.

El juez López Biscayart investiga desde 2005 una gran maniobra de evasión impositiva basada en el uso de facturas falsas que detectó en los balances de una larga lista de empresas (ver recuadro). Entre ellas estaba Skanska: a través de diversos indicios, los investigadores determinaron que sus recibos estaban vinculados con la adjudicación de las obras para la construcción del gasoducto Norte. Skanska tenía comprobantes falsos provenientes de 23 empresas por 17 millones de pesos. Esa es una cifra similar a la que señaló como sobreprecios la empresa Transportadora de Gas de Norte (TGN), encargada de llevar a cabo la licitación y gerenciar las obras del Gasoducto del Norte. El proyecto estaba supervisado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

El presidente Néstor Kirchner deslindó responsabilidades en el asunto y dijo que se trataba de “actos de corrupción entre privados”. Con posterioridad, el Enargas publicó una solicitada en los diarios nacionales en la que ponía las sospechas sobre TGN y uno de sus accionistas, la firma Techint.

La empresa sueca admitió meses atrás la evasión y pagó más de 13 millones de pesos de deuda. Pero López Biscayart comenzó a avanzar en otra hipótesis: que los comprobantes que reflejaban el pago de servicios inexistentes en realidad encubrían sobornos. La compañía también admitió después el pago de “comisiones indebidas”, la gran pregunta es a quién estuvieron destinadas. Desde el fuero federal, ayer el fiscal Carlos Stornelli impulsó varias medidas para avanzar sobre funcionarios nacionales (ver aparte).

La semana pasada, la sala B de la Cámara en lo Penal Económico dividió el caso y estableció que las coimas debe investigarlas el juez federal Guillermo Montenegro. López Biscayart debía quedarse sólo con la pesquisa sobre evasión, según dispuso el tribunal de alzada. Apenas se reincorporó el lunes después de una breve licencia, este magistrado dispuso la detención de once directivos de Skanska y decretó el secreto de sumario. Les imputa un delito grave que tiene una pena de entre tres años y medio y nueve años de prisión. En este expediente, están presos desde el año pasado dos integrantes de Calibán-Infinti. Ellos son Adrián Félix López y Miguel Angel Hernández, acusados de asociación ilícita fiscal.

Después de una decena de allanamientos que comenzaron el lunes a la noche y estuvieron a cargo de la Policía Federal, quedaron detenidos siete ex miembros de la cúpula de Skanska: José Alonso, director financiero en Latinoamérica; los gerentes Alejandro Gerlero, Eduardo Varni, Roberto Zareba, Sergio Zerega y Javier Azcárate y un empleado de compras de apellido Fuentes. La orden de arresto también alcanza al gerente de operaciones Juan Carlos Bos –que estaría en el exterior– y a quienes eran las máximas autoridades de la multinacional: Ignacio Uribelarrea, Gustavo Vago y Mario Piantoni. Estos tres directores pidieron ser eximidos de prisión, un planteo que el magistrado resolvería hoy.

Los directivos fueron despedidos cuando Skanska comprobó que se había violado su código de ética. Incluso la empresa se preocupó en aclarar ante los arrestos que “ninguno de los detenidos hoy son altas autoridades de Skanska actualmente, y algunos fueron gerentes del proyecto”.

La multinacional sueca también recordó que antes de desvincularlos hizo una auditoría interna. Esa investigación estuvo a cargo de Claudio Cayetano Corizzo, quien aseguró ante el juez que al menos dos de los gerentes fueron grabados cuando reconocían que se pagaron coimas. Uno de ellos es Azcárate, gerente comercial de Skanska para la Argentina, que figura entre los detenidos. El otro es el gerente de Knowledge Corporativo, Héctor Obregón. Corizzo también denunció a otro de los que tienen orden de captura: Bos, Zarega, Zerega y Varni. El auditor detalló además en su informe que los gerentes “expresaron que actuaron por indicación de Vago”. A su vez, Vago negó esta imputación.

Todo esto explica la división de estrategias de las defensas en la causa, con acusaciones cruzadas que empezaron a aflorar en las declaraciones de ayer, según fuentes judiciales.

Cuando dio detalles de este sumario interno ante la Justicia, Corizzo hizo referencia a que la intención de “las operaciones” era el pago de “comisiones indebidas”. Una de las pistas en las que se apoya esa sospecha es un memorándum interno de Skanska que habría confeccionado Gerlero, el gerente de proyecto que se encargó de firmar la contratación con Infinti Group. Allí mencionaba que esa empresa fantasma fue recomendada por Néstor Ulloa, gerente del Fideicomiso Nación. Otro memo, firmado por Alonso, ex gerente financiero y también detenido, reconocía la “violación ética” en los casos de TGS y TGN por “sobornos de U$S 5 millones”.

De lo que revelen estos imputados depende en cierta medida la suerte de Ulloa, del Nación Fideicomisos SA, una entidad dependiente del Banco Nación encargada de financiar las obras públicas. Ulloa fue señalado en memos internos de Skanska, que constan en la causa, como quien recomendó la contratación de Calibán-Infinti Group, que le proveyó facturas truchas destinadas a disfrazar gastos. De lo que digan los acusados, también están pendientes la secretaría de Energía, la de Obras Públicas y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), involucrados en el proyecto de los Gasoductos Norte y Sur.

Casi nadie en la causa da por cerrado el conflicto sobre la competencia en la investigación. Los acusados todavía tienen tiempo para apelar la división que estableció la Cámara Penal Económica. Una buena parte de ellos había pedido que el caso lo absorbiera el fuero federal, donde los delitos bajo la lupa son excarcelables. También pueden cuestionar ser juzgados por partida doble: sobornos y evasión. Un argumento que usaron algunos dice que “la coima no tributa”.