El fiscal Carlos Stornelli pidió al juez federal Guillermo Montenegro ampliar la investigación a las otras empresas involucradas en la licitación de la ampliación del gasoducto norte: BTU y Contreras Hermanos, que registraron los mismos sobreprecios que Skanska en la adjudicación de las obras del gasoducto. Montenegro investiga la causa sobre presuntas coimas a funcionarios del Gobierno, mientras que el juez en lo penal económico Javier López Biscayart continúa la pesquisa sobre evasión de impuestos. El fiscal también solicitó medidas para que se avance en la investigación sobre los funcionarios. De esta forma, hizo lugar al requerimiento de los dos diputados opositores Adrián Pérez y Esteban Bullrich, que pidieron que se indague a los funcionarios por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según señalaron allegados a la causa, Stornelli requirió medidas de prueba sobre el titular de Enargas, Fulvio Madaro, y sobre el secretario de Energía, Daniel Cameron, así como a la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN), quien tiene como accionista con el 15 por ciento a la firma Techint. TGN tenía a cargo la licitación de la ampliación del Gasoducto Norte, mientras que Cameron y Madaro eran los funcionarios responsables de controlar y auditar la adjudicación de las obras públicas.

Las medidas que solicitó Stornelli hicieron lugar al pedido de los diputados Pérez (ARI) y Bullrich (Recrear), quienes se presentaron para ampliar la denuncia original que habían hecho en ese juzgado.

Los diputados decidieron unir fuerzas y pidieron que se investigara a Madaro y Cameron por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según plantearon los legisladores, ellos debían haber auditado el proceso de licitación para que no existieran sobreprecios. Indicaron que Cameron era el “organizador” del proyecto de ampliación de los gasoductos. “Era lo mínimo que podíamos plantear para que se los empiece a investigar”, indicaron a Página/12 cerca de los diputados.

También plantearon que se investigase si se cometió fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita. Además, habían reclamado que se indague sobre la existencia de sobreprecios en la ampliación del gasoducto norte, que señaló TGN en una serie de memorandos dirigidos a Enargas.

El pedido se basó en las notas que TGN envió a Enargas para advertirle que existían sobreprecios en la licitación de Skanska, BTU y Contreras Hermanos. TGN, según asegura, informó al ente público que existían sobreprecios al menos siete veces. Finalmente, Enargas dispuso que se contratara a las tres empresas en un documento enviado el 8 de abril de 2005. Desde el Gobierno sostienen que fue TGN la que tomó esa decisión, dado que era la empresa en la que se delegó la licitación de las obras, que se financian con un fideicomiso del Banco Nación.