El próximo miércoles habrá una reunión entre funcionarios del Gobierno y diputados del Frente para la Victoria para terminar de delinear el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las prepagas. Tras ello, si no surge ningún imprevisto, la iniciativa sería aprobada por la Cámara baja, lo que podría ocurrir ese mismo día. Pero en este tema no conviene cantar victoria: el lobby de las compañías de salud logró parar la votación en más de una oportunidad. La última vez fue hace diez días, en la sesión del 23 de mayo. Parecía que estaba todo listo para la media sanción, pero en el minuto final el Ministerio de Salud reclamó la introducción de algunas correcciones. El proyecto apunta a regular las tarifas del sector y proteger derechos de los usuarios, mientras las prepagas luchan para seguir con precios libres y preservar el derecho de admisión.

Después del tarifazo del verano, con subas de entre 18 y 22 por ciento, el Gobierno se comprometió a remitir al Congreso un proyecto de ley para poner orden en una actividad tan sensible como lucrativa. La promesa fue que la iniciativa llegaría antes de mitad de año. En la Cámara de Diputados ya habían avanzado con una propuesta, elevada por Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso (oficialistas) y acordada con el ARI, el radicalismo y otras bancadas de la oposición. Sobre la base de ese proyecto, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud hicieron sus aportes para consensuar un proyecto con el Congreso, que también recoge algunas de las inquietudes de las prepagas.

La tarea finalizó a mediados del mes pasado y se puso a votación para la sesión del día 23. Sin embargo, como ya se indicó, la cartera de Ginés González García pidió hacer un último retoque y la ley no se aprobó. Sería una cuestión menor, pero las prepagas quieren aprovechar la oportunidad para insistir con que se cambien dos puntos clave: la regulación de sus tarifas y la prohibición de rechazar usuarios por enfermedades preexistentes o edad avanzada. En los próximos días se verá cuál es la posición del Gobierno en este tema, si tiene verdadera voluntad política para avanzar o si seguirá postergando una definición.

Hasta ahora, la que es la última versión del proyecto presenta como punto más destacado la creación de una comisión permanente para controlar a las prepagas. Sería un cambio sustancial respecto de la situación actual, en que las compañías de salud operan con total libertad para imponer reglas a sus asociados sin que ningún organismo estatal les ponga límites. La comisión permanente terminaría con esa incongruencia. Se le asigna una misión fundamental: autorizar a rechazar subas de tarifas, en función de los costos de las empresas. Este artículo, el número 12 del proyecto, tiene a las prepagas en estado de convulsión. Hace semanas que las cámaras que las agrupan vienen ejerciendo una fuerte presión sobre el Ministerio de Salud y sobre la Jefatura de Gabinete para que sea excluido de la ley.

Lo único que consiguieron hasta el momento fue librarse del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En la versión original del proyecto de Vaca Narvaja y Rosso, la comisión permanente estaba integrada por tres delegados de la Superintendencia de Salud y tres de Comercio Interior. Las prepagas reclamaron que el organismo contara sólo con los representantes de la Superintendencia. Su deseo se cumplió a medias, gracias a la interna entre Felisa Miceli y Moreno. La ministra de Economía pidió ser ella la que nombrara a los miembros en la comisión por esa cartera, y así lo dice ahora el proyecto de ley. Es otro duelo personal que Miceli le gana a Moreno y una nueva muestra del declive político del secretario.

Otra modificación a la propuesta en relación con el texto original se vincula con los afiliados de más de 65 años. “Aquellos usuarios mayores, a 65 años que tengan una antigüedad mayor a 20 años en alguna de las Empresas de Medicina Prepaga no pueden sufrir aumentos de la cuota en razón de su edad”, dice la ley. Anteriormente, la protección era más amplia, ya que no podía haber subas diferenciadas en función de la edad cuando los afiliados contaran con una antigüedad de 10 años en una empresa. El cambio fue a pedido de las prepagas. Aun así, introduce un elemento de previsibilidad y resguardo de derechos que en la actualidad no existe.

En el mismo sentido, la ley establece que las prepagas no pueden negarse a afiliar a una persona por presentar una enfermedad preexistente. En esos casos, quedan autorizadas a cobrar tarifas diferenciadas, fijadas por la Superintendencia de Salud, pero no a ejercer el derecho de admisión. La ley crea otra comisión para resolver controversias entre las prepagas, sus prestadores, los usuarios y el Gobierno, el cual tiene atribuciones para laudar en los conflictos. Cada uno de esos actores estará representado en el cuerpo. Por otra parte, el proyecto obliga a las empresas de salud a constituir garantías para responder frente a una quiebra y, si no pueden evitarla, sus afiliados son redistribuidos entre las otras compañías del sistema. Son cuestiones elementales para evitar abusos y equilibrar la relación entre empresas y usuarios. El próximo miércoles será un día importante para ver qué suerte corre el proyecto.