El neoliberalismo logró imponer en América latina la idea de que las concesiones de bienes públicos son contratos que, de hecho, se toman a perpetuidad. En estos días hubo dos hechos significativos relacionados con ellas: uno en Venezuela difundido por todo el sistema mediático y otro en Chubut, cuidadosamente silenciado. Un aluvión de imágenes manipuladas, fuera de contexto y transmitidas casi en cadena, dice que el presidente Hugo Chávez atenta contra la libertad de prensa al no renovar la licencia de la televisora RCTV que, luego de 20 años, concluyó el 27 de mayo. Lo que callan es que renovó la concesión de todos los demás canales privados y que el 80 por ciento de los medios son opositores a su gobierno.

La desinformación generada obliga a reiterar lo obvio: no prorrogar una licencia no es autoritarismo ni delito, es el legítimo derecho de cualquier Estado soberano. En el Encuentro por el Derecho a la Información, realizado en Caracas el 19 y 20 de mayo, escritores y periodistas franceses, españoles y belgas afirmaron que en Europa la no renovación de una concesión es un hecho administrativo que nadie cuestiona y coincidieron en que ningún país de Occidente goza hoy de más libertad de prensa que la Venezuela de Chávez: ¿Quién puede negar su paciencia al haber permitido que la sediciosa RCTV continuara cinco años más, después de incitar al golpe de Estado y al magnicidio, y de promover la huelga petrolera que paralizó Pdvsa?

En contraste con esa desbordante campaña mediática, en nuestro país se produjo un hecho escandaloso silenciado por los medios nacionales e internacionales: la prórroga hasta el 2047 de la concesión del yacimiento petrolero más importante de la Argentina que vence en el 2017, Cerro Dragón, situado al sur de Chubut y norte de Santa Cruz, a 90 km de Comodoro Rivadavia. Es una explotación de la Pan American Energy, perteneciente a la British Petroleum y a Bridas de Carlos Bulgheroni. La renegociación fue aprobada el 24 de mayo por la Legislatura de Chubut con el voto de los justicialistas y casi todos los radicales, y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno nacional. Es la continuidad de la política menemista de provincialización de los recursos petroleros, que fue legitimada meses atrás en el Congreso con la modificación de la Ley de Hidrocarburos (Nº 17.319) llamada “ley corta”. Esto sucede en medio de la crisis petrolera burlando los derechos constitucionales del pueblo de gozar de sus recursos energéticos. La prórroga de la concesión de Cerro Dragón diez años antes de su vencimiento significa ceder su explotación por 40 años, es decir, hasta la total extinción del yacimiento. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento de gas del país, Loma la Lata, que otorgó De la Rúa a Repsol en marzo del 2000.

Según un estudio del ingeniero Víctor Bravo –Instituto de Economía Energética–, el valor bruto de producción (VBP) de las reservas comprobadas de Cerro Dragón a valores de marzo del 2006 es de U$S 18.253 millones y el de las reservas probables U$S 10.400. Un total de U$S 28.653 millones. A cambio, las empresas deberán invertir U$S 3362 millones, sólo U$S 778 millones más de lo que debían gastar con el viejo contrato. Falta saber: ¿Cuánto pagaron B.P. y Bridas por renovar la fabulosa concesión? ¿Por qué razón se han cedido millonarias reservas a cambio de casi nada, si pueden ser explotadas por la provincia y la Nación en beneficio del país?

Al igual que los recursos naturales, las frecuencias de radio y televisión no son propiedad de ningún concesionario, sino patrimonio indelegable e imprescriptible de los pueblos. Son otorgadas para cumplir con la finalidad social de un servicio público que asegure los derechos a la comunicación y a la información objetiva y plural de los ciudadanos, como lo establecen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y Sociales incorporados a la Constitución. La ausencia de una ley de marco regulatorio debatida por la sociedad, es una de las causas de la degradación del sistema televisivo argentino. ¿No es una vergüenza que siga rigiendo la ley de radiodifusión de la dictadura genocida y que el ex funcionario menemista Julio Bárbaro dirija hoy el Comfer? ¿Puede alguien sostener que los canales controlados por Hadad-Menem, Monetta-Manzano o Telefónica son el paradigma de la libertad de prensa, la información transparente y veraz? ¿No fue el conjunto de los medios co-responsables del modelo neoliberal que remató las empresas públicas y nos llevó a una catástrofe social? ¿Cómo aceptar que el presidente Kirchner haya prorrogado por 10 años las licencias de televisión sin reemplazar la ley de la dictadura?

Nuestra alicaída democracia está en relación directa con el sistema mediático imperante, que ayuda a formar la opinión pública y el imaginario colectivo; propaga modelos de consumo, realza o censura acontecimientos. En la mediocracia que vivimos, las empresas mediáticas no buscan satisfacer los derechos constitucionales ni la cultura, sino lograr rentabilidad y mantener el statu quo: ejercen una disimulada censura social y política y lo que denuncia el despojo de nuestras riquezas. La cultura, la historia y la realidad social están ausentes. Desaparece la creatividad y el vacío es ocupado con producciones tan degradantes como imbéciles. ¿Hasta cuándo la intelectualidad argentina –comunicadores, pensadores, escritores y artistas– guardará silencio frente a temas tan cruciales como la democratización de los medios audiovisuales y la defensa de nuestros recursos naturales? En este año electoral, ¿no es hora de exigirles a los candidatos el tratamiento de una nueva ley de teledifusión y la anulación de las ilegítimas concesiones petroleras?

* Cineasta y presidente del M.O.R.E.N.O.