Después de casi una semana del acuerdo alcanzado entre el titular de la CTA, Hugo Yasky, y el jefe de Gabinete de ministros, Alberto Fernández, recién ayer se pudo firmar el acta acuerdo que dio paso a una tregua de 90 días en el conflicto en el Indec. En términos generales, sin definiciones de fondo, el texto compromete la creación de una comisión “con el objetivo central de evaluar toda la problemática del Instituto para volver a jerarquizarlo y reordenar su funcionamiento”, según expresó Leopoldo González, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, filial Capital. El Gobierno se hizo responsable de dejar sin efecto las sanciones y sumarios a los empleados del Indec durante el conflicto. Los reclamos gremiales de renuncia de las autoridades, a las que se acusa por la “manipulación de índices”, quedaron postergados, a la espera de cómo avancen los acuerdos en el marco de la comisión creada. Detrás de la escena, quedó latente otro conflicto: el que se abrió con la CGT de Hugo Moyano, que rechazó e impugnó que se firmara un acuerdo entre el Gobierno y la CTA, por entender que esto le daba un “estatus” gremial que el sindicalismo tradicional quiere exclusivamente para sí.

Yasky no llegó a estar presente en la firma. Acompañó hasta el jueves a la tarde, pero ayer viajó a Brasil y recién estará el lunes para poner su firma en el documento, que ya tiene inscripto su nombre. El último fin de semana, el dirigente docente y secretario general de la CTA había sido quien anunció la inminente firma del acuerdo, una vez que cerró las negociaciones con Alberto Fernández. Ya a esa altura se trataba de un conflicto a pura pérdida: para el Gobierno, porque la constante denuncia de manipulación de datos estadísticos empezaba a erosionar el apoyo para las elecciones nacionales de octubre, particularmente en Capital, según encuestas exclusivas para unos pocos en la Rosada. Para ATE, porque el desgaste a que sometió al personal lo prolongado del conflicto empezaba a generar divisiones, que eran aprovechadas por su rival que pugna por aspirarle afiliados, la UPCN de Andrés Rodríguez.

El acuerdo entre Fernández y Yasky se alcanzó una vez que se consensuó un contenido muy abstracto para el acta. El objetivo fue abrir un canal de diálogo hasta entonces totalmente obstruido. La dirigencia de ATE-CTA debió pasar la prueba de la asamblea de trabajadores para convalidar las negociaciones. Sin embargo, el obstáculo no provino de la asamblea de ATE-Indec, sino desde sectores aliados al Gobierno. El “moyanismo” y UPCN hicieron todo lo posible por impedir el acuerdo y estuvieron muy cerca de lograrlo. Guillermo Moreno, enfrentado a muerte con la dirigencia gremial del Indec, aportó lo suyo para abortar el acuerdo.

Las contradicciones que generó esta oposición interna en el oficialismo demoró hasta ayer una definición. Finalmente, se firmó el acta, sin la presencia de Moreno pero tampoco del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Desde afuera, Moyano y Andrés Rodríguez masticaban su bronca, amenazando con tomar distancia del Gobierno y de la lista oficialista para los comicios.

Para el dirigente camionero, la admisión de la firma de un acta acuerdo con la CTA es abrirle la puerta al reclamo de reconocimiento de la personería gremial, que la CGT pretende sólo para sí. Esta interpretación y esta demanda de la CGT quizá no sean del todo ajenas a la ausencia de Tomada en el acta, justamente el funcionario que, al menos formalmente, es quien debe decidir sobre el reclamo de personería gremial de la CTA.

Al encuentro de ayer en la Casa de Gobierno llegaron, finalmente, Alberto Fernández junto a Jorge Rivas (vicejefe) y Miguel Peirano. Por ATE, Pablo Micheli y Leopoldo González, secretarios generales a nivel nacional y de distrito. El titular del Palacio de Hacienda será el responsable por el Ejecutivo del monitoreo de que se cumplan los acuerdos en el Indec. Para González, “después de un conflicto de tanta duración, donde la situación se tornaba cada vez más hostil, hay que aprovechar esta posibilidad de volver a jerarquizar al instituto y reordenar su funcionamiento”. El dirigente porteño admitió que volver a las prácticas insospechadas en el Indec llevará un tiempo. “Confiamos en poder corregir lo que estuvimos denunciando”, expresó.

Ahora, lo inmediato es ejecutar lo que hasta hace diez días parecía imposible: sentarse a conversar salidas consensuadas, sin que Moreno domine y condicione la mesa.