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La crisis que se está desarrollando en el complejo escenario de los precios de bienes sensibles de la canasta básica de alimentos revela las evidentes limitaciones que la economía de países periféricos, como la de Argentina, expone para la incorporación al consumo masivo de sectores postergados y de ingresos medios-bajos. Las tensiones en la oferta de productos al mercado interno, que se reflejan en faltantes en góndolas y almacenes y en alza de precios, empiezan a ser cada vez más fuertes a medida que la población con ingresos fijos se recupera de la brutal licuación de su poder adquisitivo por la megadevaluación. Ese comportamiento del sector privado, que genera un extendido malestar social, tiene raíces multicausales. Pero una relevante es que el mercado interno está subordinado a la política de expansión exportadora, tanto por restricciones de abastecimiento local como por determinación de los precios domésticos. Para cualquier observador del exterior con criterio amplio le resulta sorprendente que en Argentina se presenten problemas en el sector alimentos. Faltan lácteos, los productores de porcinos adelantan dificultades en la provisión, habrá que importar papas, existen inconvenientes con la carne vacuna y explotó una profunda crisis en la cadena frutihortícola, con escasez de lechuga, cebolla, morrones, entre otros. Cada uno de esos casos tiene sus particularidades, algunos afectados con dureza por los caprichos del clima (inundaciones, heladas) y otros por la merma de la producción por el avance de la soja en campos antes destinados a una diversidad de alimentos. Además, ciertas políticas sectoriales no tuvieron tanta eficacia o deberían ser reformuladas si no pueden garantizar una oferta que cubra una demanda local en ascenso (por ejemplo, con la carne de cerdo). En definitiva, en un área tan sensible como es el de los alimentos, el Estado tiene un papel central e insustituible para asegurar, como prioridad, el abastecimiento del mercado interno a precios que no excluyan a la mayoría. No es una tarea sencilla, porque el consenso hegemónico que, a veces, paradójicamente, recibe la aprobación de los sectores perjudicados, sostiene que el crecimiento de la economía depende de su apertura económica y financiera y de la consiguiente expansión de sus exportaciones. La idea que se transmite es que el mercado interno puede desarrollarse si se privilegian las exportaciones, secuencia que implica sudor y sacrificio para la mayoría y rentabilidades abultadas para las elites. Una promesa de bienestar futuro en la espera del derrame que, como se sabe, nunca llegará.

La complejidad de los actores participantes y las restricciones de un Estado que fue desmantelado, pero también la obcecada oposición existente a políticas públicas de intervención en áreas estratégicas por su impacto social, derivan en un panorama preocupante con los alimentos. Debería haber una premisa básica a cumplir por los diversos agentes económicos, con un Estado activo en definir reglas de juego para alentar la expansión de una producción equilibrada: garantizar el abastecimiento interno, en cantidad y precios, para toda la población. No sólo para la ABC1 y la clase media en ascenso, que expone su bonanza en la explosión de consumo que se registra en sus respectivos segmentos. Los cuadros, cifras y análisis presentados por la consultora Nielsen, en las Jornadas del Supermercadismo Argentino que se desarrollaron a mediados de semana, son elocuentes de ese comportamiento: las marcas premium, con una diferencia de precio mayor al 10 por ciento, crecieron en participación de mercado cuatro veces más que el resto de las marcas durante este año respecto del anterior.

Las segundas marcas, que fueron refugio en la crisis, son discontinuadas o quedaron marginadas de las presentaciones de los fabricantes, orientando la oferta hacia los consumidores que han recuperado ingresos. Entonces, se va configurando un mercado que no respeta la diversidad de sectores sociales, padeciendo los de menores recursos el faltante de los bienes básicos y la suba de precios de los sustitutos, que se ubican en el renglón premium. Con obvia racionalidad empresaria, que busca maximizar su tasa de ganancia, la producción se orienta entonces a satisfacer la demanda de esos nichos de medio y alto poder adquisitivo y a la rentable actividad de las exportaciones. Se sabe que el mercado dejado en soledad provoca marcadas inequidades que, si el objetivo es minimizarlas, debe convivir con una importante –y legitimada socialmente– intervención pública.

Ese boom del consumo y el incremento de los precios de los alimentos provoca fastidio social, pero no crisis social porque, en general, la mejora de los ingresos acompaña ese ritmo de crecimiento. Por ese motivo, resulta recomendable vincular las cifras de esos indicadores para comprender mejor el actual ciclo de inflación elevada y evitar quedar arrastrado por los profetas que prenuncian el caos. Es cierto que no es fácil ingresar en ese sendero de análisis en el contexto de la bochornosa intervención en el departamento del Indice de Precios al Consumidor del Indec. Y con un gobierno que ha abandonado instrumentar una política de precios más sofisticada que los rudimentarios –y necesarios, al principio– acuerdos con las grandes empresas proveedoras de alimentos. Pero que también ha ignorado la elemental tarea de construir un discurso legitimador de la actual etapa de inflación. Así se ha retrocedido en una batalla cultural sobre la definición de criterios económicos básicos para la construcción de una sociedad más equilibrada.

En soledad, con escaso apoyo oficial y con cada vez más resistencia institucional de una conducción hosca de la Facultad de Ciencias Económicas, los economistas del Plan Fénix intentan participar en ese imprescindible debate para evitar repetir los errores del pasado. En un reciente documento apuntan a las estrategias que se plantean frente al actual proceso inflacionario, que no es indiferente a los mensajes que el establishment está enviando con intensidad al próximo gobierno: “¿Reducir o sostener el crecimiento?”. En ese trabajo se destacan las siguientes cuestiones referidas a la inflación:

- “Los incrementos de precios, si bien deben considerarse una señal que requiere atención, no muestran niveles que por el momento sugieran una situación de descontrol, como los que se registraron en el pasado”.

- “Se trata de una inflación media, al menos para la historia local, que puede ser manejable por las autoridades, mientras se modifican los precios relativos en dirección a los deseables para sostener una economía productiva de pleno empleo”.

- De todos modos, “el problema inflacionario requiere tratamiento inmediato porque castiga a los perceptores de ingresos fijos y por la posible formación de una espiral inflacionaria alimentada por comportamientos defensivos por parte de formadores de precios”.

- Esos formadores de precios, “oligopólicos o agentes de mercado poco transparentes generan un cuadro de inestabilidad de precios relativos que puede constituirse en un factor de desaliento a la inversión y, por ende, al crecimiento”.

- Los economistas del Grupo Fénix expresaron su categórico repudio a la intervención en el Indec, indicando que la necesaria política pública para abordar el problema de los precios debe instrumentarse “sin omitir ni vulnerar la información correspondiente” y que las “situaciones como las que vive hoy la institución rectora de la estadística económica y social en la Argentina no deben reiterarse bajo hipótesis alguna”. Al mismo tiempo, recuerdan con precisión que la interpretación dominante del actual ciclo “se funda en un diagnóstico de inflación de demanda formulado típicamente para escenarios estáticos donde se supone que la producción no puede crecer para satisfacer el crecimiento de la demanda”. Rechazando esa posición conservadora, destacan que “la inflación ha sido la forma con que la Argentina históricamente procesa los conflictos distributivos”. Y concluyen: “La lección que deja este período de ajuste ascendente es que la puja distributiva se activa con el crecimiento, cuando surgen presiones y acciones para apoderarse de los beneficios que aquélla trae. En esos casos, es menester que el Estado asuma un rol activo de arbitraje, en nombre del interés general, para salvaguardar el proceso de crecimiento y la capacidad adquisitiva de los sectores menos favorecidos”.

Este documento trae un poco de aire fresco a un debate asfixiado por esa obsesión por el “ajuste” expresado en el discurso de los economistas mediáticos, que, en realidad, una de sus traducciones consiste en que en el territorio denominado Argentina el consumo masivo de alimentos, en cantidad y precios accesibles, no es un derecho de las mayorías.

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