A unas horas de que el presidente Felipe Calderón deba rendir su primer informe de gobierno, la ausencia de acuerdos políticos mantiene en el aire el formato de un ritual que durante más de 70 años fue el marco para refrendar el sometimiento de la clase política al Poder Ejecutivo en turno, y que ahora –más allá de evidenciar la ilegitimidad de origen de Calderón para ejercer el cargo, ante las sospechas de fraude electoral– se ha transformado en símbolo inequívoco del agotamiento del sistema presidencialista en México. De paso, contaminó las negociaciones entre partidos para sacar una reforma electoral que, pese a haber sido presentada el viernes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tendrá que terminar de discutirse en el Senado de la República, y la reforma fiscal que debería negociarse a partir de la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Así, los jaloneos entre PAN, PRD y PRI reavivaron las sospechas de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y relegaron a un segundo plano la propuesta de una reforma constitucional en materia electoral, consensuada el jueves en el Senado, la cual atiende los vacíos legales que permitieron que Felipe Calderón fuera declarado presidente de México sin la legitimidad política necesaria para garantizar la gobernabilidad del país.

Esta reforma, que modifica ocho artículos constitucionales, contempla la reducción a más de la mitad los costos y tiempos de campañas y precampañas en las elecciones presidencial, de senadores y de diputados federales; la prohibición de realizar propaganda que denigre a candidatos, como la guerra sucia que el año pasado avasalló al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador; la garantía a partidos y candidatos de acceso a los medios electrónicos –aunque no se han determinado los mecanismos–, nuevas y mucho más estrictas reglas para que los partidos pequeños integren coaliciones electorales, la creación de una contraloría interna en el Instituto Federal Electoral, y, lo más delicado, los mecanismos legales para que el Tribunal Electoral pueda declarar la nulidad de una elección. Sin embargo, varios de estos puntos quedaron “pendientes de discusión” en las comisiones del Senado que deberán seguir negociando la próxima semana, incluyendo la sustitución de los actuales consejeros electorales por “pérdida de confianza” (ver nota).

Pero todo esto ha quedado relegado por la discusión en torno del formato que deberá seguir la ceremonia en la que el presidente Felipe Calderón deberá rendir su primer informe de gobierno, durante la instalación del segundo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Entrampados han quedado todos los partidos: el PRD, que desde el viernes preside el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y es responsable de conducir la sesión del pleno bicameral en la que todavía no se sabe cómo recibirán a Felipe Calderón, al cual no reconocen como presidente legítimo; el PAN, que insiste en reproducir el viejo ceremonial priísta que servía de marco para rendir pleitesía al presidente, y el PRI, que negocia sus propios intereses con panistas y perredistas a cambio de sus votos, y que mejor optó por dejar que PAN y PRD se las arreglen solos.

Calderón parece resignado a no poder enviar un mensaje a la nación este sábado, como cada año lo han hecho todos los presidentes, excepto Vicente Fox, quien ni siquiera pudo entrar al recinto legislativo el año pasado para rendir su último informe de gobierno. Por eso, Calderón programó dar un discurso al día siguiente, domingo, que originalmente se programó en el Auditorio Nacional –la misma sede “alterna” que utilizó en diciembre pasado para escenificar la toma de posesión de su cargo–, pero su partido, el PAN, quiso montarse en el acto y empezó a enviar miles de invitaciones a sus militantes para que asistieran al informe alternativo. Molesto, Calderón cambió de último minuto la sede del acto para realizarlo en Palacio Nacional.

Pero ni esto es cosa segura, porque el Zócalo capitalino estará ocupado nuevamente por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, quienes realizarán actos político-culturales a lo largo de todo el mes de septiembre, y Calderón tendría que pasar frente a ellos para entrar a Palacio Nacional o, nuevamente, tener que colarse a hurtadillas, como tuvo que hacerlo en el Congreso de la Unión el día que fue investido como presidente legal. Además, el mismo domingo habrá elecciones locales en estados que interesan particularmente al PRI, el cual ha exigido a Calderón que difiera su discurso para no interferir con los comicios.

Calderón luce copado por todos los partidos políticos y no encuentra margen de maniobra para ejercer un cargo al que ya nadie considera el pilar fundamental del régimen y que, sin acuerdos políticos de fondo, sólo avanza hacia el agotamiento definitivo del alguna vez célebre presidencialismo mexicano.