La aplicación de retenciones móviles a la exportación de petróleo y nafta, que en los hechos congela el precio que reciben los exportadores independientemente de la evolución del precio internacional, provocó un terremoto en el sector. Ayer, en una de las reuniones más calientes que se recuerden en la historia de la Cámara de la Industria Petrolera (CIP), el presidente de Shell, Juan José Aranguren, acusó a sus pares de haberlo dejado solo cuando el Gobierno lo atacaba por no alinearse con los acuerdos negociados con la Secretaría de Comercio Interior. Esa actitud, les señaló Aranguren, es la responsable de la política actual de retenciones. Representantes de las otras tres refinadoras y los productores “puros” no integrados se prendieron en un áspero debate, con intentos de justificaciones e imputaciones cruzadas. El mayor destinatario de las broncas, sin embargo, terminó siendo el gobierno nacional. Todos, quienes alguna vez acordaron con Comercio y aquellos otros que confrontaron en forma permanente, coincidieron en este punto. La conclusión, que no se expresará públicamente ni se deslizará desde la opinión de ninguno de los participantes de la reunión de ayer, es que el bloque petrolero volverá a unificarse para enfrentar la actual política de hidrocarburos. En síntesis, las petroleras se pintan la cara para dar pelea. Después de tres años de ausencia, vuelve la cartelización al mercado.

No fueron necesarios estudios económicos detallados ni cálculos sofisticados. Tampoco los análisis técnicos estrictos para concluir sobre cuáles serían las consecuencias de la modificación del régimen tributario en las exportaciones de hidrocarburos. “Hasta que no analicemos en profundidad el impacto de la medida, no vamos a emitir opiniones”, había dicho por la mañana el vocero de una empresa petrolera, buscando justificar el silencio de los popes del sector. Pero lo que expresa la Resolución 394 no deja demasiado margen para dudas: por cada barril de crudo exportado, el vendedor recibirá 42 dólares. Si el petróleo cuesta 62 dólares en el mercado internacional, el exportador pagará 20 dólares de retención o derechos. Si el barril salta a 102, inmediatamente la retención sube a 60 dólares, y otra vez el resultado neto queda en 42 dólares. Lo que los petroleros debían discutir antes de emitir opinión no era eso, sino cuán dura iba a ser la actitud que asumirían y si ésta sería individual o conjunta. Finalmente, prevaleció esta última alternativa, pero con un matiz: el acuerdo no se limita sólo a una opinión compartida. Gustavo Calleja, una de las voces referentes del grupo Moreno, señaló que la suba de las retenciones es una de las mejores medidas aplicadas por este gobierno, pero no deja de ser un parche “frente a un modelo malo, que es lo que habría que cambiar”. “No hay reservas para exportar, la autorización de exportar excedentes tampoco es razonable, porque se permite producir para exportar, cuando deberían preservarse las reservas. Las reservas son del Estado, que debería regular lo que se puede sacar, en el marco de un modelo diferente, donde el abastecimiento de combustibles sea considerado un servicio público”, opinó.

Mientras desde el Gobierno se defendía la suba de retenciones, en distintos puntos del país se informaba de problemas “puntuales” de desabastecimiento, en todos los casos ligados a problemas locales y por situaciones aisladas. En el Sur, en las provincias de Chubut y Santa Cruz, la escasa distribución de gasoil era atribuida a los conflictos sindicales en dos plantas de almacenaje del combustible. Julio De Vido, ministro de Planificación, mencionó el problema en la misma conferencia de prensa en que se informó de la suba de retenciones y aseguró que estaba “en vías de solución”.

Otro foco de conflicto se sitúa en Misiones, por la creciente falta de gas en garrafas. Según empresarios de la distribución, el problema se origina en una medida de fuerza de los empleados del sector, agrupados en la Federación Sindical del Petróleo y el Gas Privado. Los trabajadores de la región Nordeste reclaman similares condiciones salariales a las acordadas con el Bloque Patagónico del mismo gremio. Misiones, junto con Corrientes, Chaco y Formosa, constituye la región del país que quedó al margen de la distribución del gas por redes, cuando se diseñó la privatización y subdivisión del sistema. A su vez, los empresarios del autotransporte de cargas representados por Fadeeac aseguraron que no existen problemas de abastecimiento a nivel nacional, “salvo alguna situación aislada”.

El problema del desabastecimiento puede convertirse en un grave dolor de cabeza si las empresas refinadoras y distribuidoras empiezan a retacear los envíos al mercado. Situación por ahora hipotética, pero que puede tornarse real si las petroleras vuelcan su protesta a través de una inacción en sus respectivas actividades.

Ayer, Alberto Fernández intentó pintar un panorama totalmente distinto.

“Es un esfuerzo que tienen que hacer (las empresas) en virtud del alza de los precios internacionales del petróleo; y también es un incentivo para que se dediquen a buscar más petróleo y a producir más naftas, porque la Argentina las está necesitando”, aseguró. Remarcó que el Gobierno quiere que las petroleras “sigan explorando”, así “nos evitan tener que traer gasoil o fueloil del exterior”. En relación con el impacto económico de la medida sobre las empresas, el jefe de Gabinete indicó que el propósito “no es limitar la ganancia de las empresas sino equilibrarlas, ya que esas empresas producen en la Argentina a costos argentinos y disfrutan de un valor internacional impresionante (...). Toda la política de retenciones tiene un sentido redistributivo muy claro”.

La diferencia de interpretación con las petroleras es grande. Lo que Alberto Fernández señala como “un incentivo a seguir explorando” ayer los empresarios lo traducían como una provocación que derivará en una declaración de guerra. Ayer parecía borrada la diferencia entre petroleras que confían en poder renegociar los contratos de exploración y explotación en condiciones ventajosas, similares a las acordadas recientemente por Pan American Energy con las provincias de Santa Cruz y Chubut, y las que sólo refinan y comercializan combustibles que no descartaban dejar a corto plazo el país.

Escasamente dispuestas a dejar en manos del Estado la mayor parte de lo que se recibe por las exportaciones de crudo y combustibles, productores y refinadores acercaron posiciones y resistirán la medida. Hasta hace un año y medio, aunque no existe regulación en el mercado, las petroleras aceptaban moderar los aumentos de los combustibles, mientras el precio del crudo producido localmente seguía la evolución del precio internacional, menos una retención que llegó a fijarse en el 45 por ciento. Sólo Shell se desmarcó de ese acuerdo, aumentando los precios en surtidor sin consenso del Gobierno ni de sus pares. A partir de este año, en cambio, todas las refinadoras comenzaron a aplicar aumentos sucesivos de precios, a distinto ritmo, pero que en la última semana pareció igualarlos a todas, redondeando un alza del 15 al 30 por ciento, según el tipo de combustibles. La respuesta del Gobierno fue dura: los dejó con un precio neto de exportación inferior al vigente en los últimos tres meses. El contraataque empresario promete ser aún más duro. Sobre el alza del barril, suenan tambores de guerra.