La Sala II de la Cámara de Casación rechazó ayer un recurso presentado por el represor Raúl Enrique Scheller y confirmó la reapertura de la causa sobre los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata de una decisión que demoró cuatro años, lo que convirtió a este expediente en el ejemplo emblemático de las trabas de Casación en los juicios vinculados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Con esta medida, se despejó el camino para que diez represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, sean sometidos a juicio oral.

El fallo de los jueces Pedro David, Gustavo Mitchell y Juan Fégoli es la culminación de un largo proceso en el que la causa pasó por varias salas de Casación e incluso estuvo a cargo de conjueces que fueron recusados. El 11 de octubre pasado, la Corte Suprema dispuso que la Sala II resuelva el caso. En esa resolución, el máximo tribunal destacó que se trataba de “un caso de gravedad inusitada”, debido a cuatro años de indefiniciones.

En la resolución firmada ayer, David, Mitchell y Fégoli se apoyaron en el fallo con el que la Corte Suprema confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Hablaron del “indiscutible deber jurisdiccional de conformar las decisiones que se adopten a las sentencias dictadas por el alto tribunal en casos similares”. También se refirieron a un antecedente de la propia sala en el caso del represor Santiago Omar Riveros, en el que dijeron que “no pide entenderse como ‘jurídicamente irrevisable’ una situación cuyo beneficio se pretende lograr a expensas de las más elementales expectativas que puede tener una persona y la sociedad, como es la de acceder a una tutela judicial efectiva cuando se invoca la pretensión de investigar penalmente conductas que han lacerado a la propia humanidad”.

La paralización del incidente que incluye a Scheller y a otros nueve represores de la ESMA se concretó no bien la Cámara Federal dispuso la reapertura de la causa, luego de la anulación legislativa de las leyes de impunidad, en septiembre de 2003. El represor rechazó inmediatamente esa medida y apeló a Casación. En ese momento, miembros de organismos de derechos humanos advirtieron que el tribunal (la Sala IV, conocida como “sala militar”) podía estar elaborando una estrategia para frenar el caso. Se trataba de un expediente que estaba en condiciones de ser elevado a juicio en la década del ’80, pero cuyo proceso fue interrumpido por las leyes de punto final y obediencia debida. En base a malos antecedentes de la Sala IV al analizar las causas basadas en el derecho a la verdad de Mar del Plata y Bahía Blanca, los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, en representación de sobrevivientes de la ESMA, recusaron a los jueces que integraban esa sala del tribunal.

El caso derivó en nuevos pedidos para que otros jueces se apartaran de la causa, incluyendo al presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi. Este último confirmó su mala predisposición para que avanzaran los juicios contra los represores al llamar “delincuente terrorista” a una ex detenida desaparecida. Luego, el expediente quedó en un cajón.

En febrero de este año, Página/12 informó que la Cámara de Casación era uno de los principales obstáculos con que se topaban las causas vinculadas al terrorismo de Estado. El incidente de Scheller fue uno de los casos emblemáticos mencionados en esa oportunidad, pero también se advertía que había más de cien recursos en lista de espera. El 1º de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Néstor Kirchner instó a la Cámara de Casación a acelerar los juicios. El 19, 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de los jueces de Casación Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. El 24 de marzo, Kirchner volvió a cargar contra el tribunal, lo que provocó una respuesta de Bisordi (“aun en los regímenes autoritarios los militares no se metían con los jueces”, “había mayor recato en hacerle saber a los jueces que lo que el poder político pretendía de ellos”) y un conflicto que terminó con el juez peleado con el resto de los integrantes del tribunal, que le pidieron que se fuera. Todavía no renunció, pero dio un paso al costado de la presidencia de la Cámara después de que sus colegas se negaran a ascender a su sobrina y su mujer. El Consejo de la Magistratura debe resolver qué hace con la denuncia en contra de Bisordi, que ya salió airoso de una acusación por favorecer a neonazis.

Después de todas estas idas y vueltas, finalmente, y con un empujón final de la Corte, el expediente que permitirá que avance la causa ESMA se destrabó ayer.

“Se trata de la remoción de un obstáculo importante, que nos va a permitir tener un segundo juicio por la ESMA que abarque a unas 70 víctimas y más de diez represores. Es una decisión que estuvo postergada durante cuatro años, pero no es una mala noticia. Debido a la obstrucción sistemática de la Cámara de Casación hoy estamos juzgando sólo a (Héctor) Febres y no a Astiz y a otros tantos”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, representante de sobrevivientes de la ESMA. Yanzón se refería al juicio contra el prefecto que en este momento está llevando adelante el tribunal oral número 5 de la Capital Federal. Este proceso fue criticado por miembros de organismos de derechos humanos, testigos y querellantes porque hay un único acusado que no es miembro de la Armada (es prefecto) e incluye sólo cuatro casos de tormentos.

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que “ahora que se removió este obstáculo debería acelerarse el juzgamiento de estos hechos con una estrategia determinada, que dependerá de lo que sea más conveniente en cada causa y en cada jurisdicción. Lo importante es que haya un plan para que los juicios sean representativos que lo que ocurrió en la Argentina durante el terrorismo de Estado”.