El Gobierno dejó trascender ayer que evalúa aumentar las jubilaciones y pensiones un 7,5 por ciento en marzo y otro 7,5 por ciento en julio. De este modo, el mes próximo el haber mínimo subiría de 596,25 a 641 pesos y en el segundo semestre se ubicaría en 689 pesos, a lo que se le deberá sumar el aporte correspondiente al subsidio sanitario del PAMI. La medida alcanza a 4,7 millones de jubilados del régimen de reparto, a 300 mil beneficiarios de las AFJP y a 500 mil receptores de pensiones no contributivas. El anuncio se formalizará en los próximos días y, según trascendió, le demandará al Estado un gasto adicional de 500 millones de pesos por mes.

Los ingresos de la Anses se vieron reforzados en los últimos meses por el traspaso de afiliados al régimen de reparto y la transferencia de fondos de las AFJP al régimen estatal. El excedente de recaudación de la seguridad social está yendo a un fondo de sustentabilidad que ya reúne 18.000 millones de pesos. Claudio Moroni, titular del organismo, aseguró el mes pasado a Página/12 que la meta es llegar a 45.000 millones de pesos, equivalentes a un año de prestaciones. Algunos analistas cuestionaron que la Anses acumule fondos con la misma lógica de las AFJP mientras los jubilados continúan teniendo serios problemas para llegar a fin de mes. El anuncio de ayer pareciera una respuesta a esas críticas, pues fuentes del gobierno le revelaron a un matutino que el aumento se financiará con los recursos propios del sistema.

Con este aumento, las subas otorgadas por el Gobierno desde mayo de 2003 ya suman 12 en el caso de la jubilación mínima. Para los que ganan hasta 1000 pesos será su quinto aumento, mientras que los más “pudientes” estarán recibiendo su cuarto ajuste. Sin embargo, el haber promedio del régimen público seguirá representando menos del 50 por ciento del sueldo medio de los trabajadores activos que aportan al sistema.

En noviembre la Corte Suprema cuestionó la modalidad que está utilizando el Gobierno para ajustar haberes y exhortó a que se aplique un “índice objetivo” de actualización. Para el caso del jubilado Badaro, sobre el cual se expidió puntualmente, impuso que se utilice el índice de salarios que elabora el Indec. El Gobierno dijo que va a acatar la decisión judicial de la Corte, pero aseguró que todavía no definió si piensa tomar como referencia el índice de salarios y tampoco reveló cuándo cumplirá con la ley. Mientras tanto, sigue con su política de aumentos por decreto, inaugurada hace cinco años por el entonces presidente Néstor Kirchner.