En los años ’70, Petroquímica Sudamericana era una de las principales protagonistas de las luchas obreras, como parte de la Coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada. Y sufrió las consecuencias: quince de sus trabajadores están desaparecidos. La actual comisión interna acusó a los dueños, la familia Curi, de haber “contratado los servicios de la policía de la provincia de Buenos Aires para infiltrar a sus operarios” y de haber hecho apología de la dictadura. Esto ocurrió en medio de un intenso conflicto laboral que comenzó hace un año por mejoras salariales, terminó con despidos, suspensiones y lockout patronal, y cuyas protestas, según los trabajadores, están siendo reprimidas con los mismos métodos de aquella época. El delegado Hernán García le dijo a Página/12 que esta semana fue detenido junto a otros compañeros, y que el viernes hubo un operativo de la Infantería mientras realizaban una asamblea en la puerta de la fábrica. Por su parte, el gerente de recursos humanos de la empresa, Ricardo González, afirmó: “Si desbloquean el portón la planta vuelve a funcionar”. Al mismo tiempo dijo que el rol de la familia Curi en la dictadura “no tiene nada que ver” con el conflicto. Este diario accedió al informe de inteligencia de la Bonaerense en el que consta el pedido que Petroquímica Sudamericana hizo en mayo de 1970 para “incorporar a tres hombres que identifiquen” a una “célula de orientación izquierdista” que “incita a paros y conflictos para obtener mejoras salariales”.

Esta empresa, que luego se llamó Hilandería Olmos y hoy se denomina Mafissa (Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.), produce fibra sintética y cuenta con más de 500 operarios. Provee el ochenta por ciento de la materia prima de la industria textil nacional y exporta a varios países, con una facturación de 400 millones de pesos por año. Sin embargo, por estas horas está funcionando al 10 por ciento de su capacidad.

Los empleados denunciaron que los dueños incurrieron en lockout patronal, es decir, que apagaron las máquinas y se retiraron del predio ubicado en 44 y 184, en Lisandro Olmos, con el objetivo de desarticular la organización con la que han obtenido importantes mejoras laborales. “A partir de 2005 estamos escribiendo nuestra propia historia”, explicó García al referirse a los años previos en que la comisión interna gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT) “avaló despidos y garantizó salarios de hambre y precarización laboral”. Según enumeró el delegado, la nueva comisión frenó despidos, logró aumentos “y consiguió más efectivizaciones que en décadas de la AOT”. Pero esos logros tuvieron su costo. Ante cada reclamo hubo despidos y suspensiones.

El conflicto se intensificó en marzo de 2007 cuando los trabajadores empezaron a pedir un aumento de un 20 por ciento en sus sueldos básicos, acorde a la canasta familiar (sus sueldos rondan los mil pesos), que sean respetados los convenios colectivos y la antigüedad, la efectivización de los contratados, el pase a planta permanente luego de tres meses de trabajo y mejoras en las condiciones de trabajo. En ese momento Mafissa despidió a 120 operarios, que dos meses después tuvo que reincorporar conciliación obligatoria mediante. Pareció un triunfo de los trabajadores pero no lo fue. El 19 de octubre, el Ministerio de Trabajo bonaerense le rechazó un recurso preventivo de crisis, y a pesar de eso despidió a 103 trabajadores. Luego hizo que el ochenta por ciento del resto de los empleados se tomara vacaciones forzadas y procedió a apagar la CPU (la unidad continua de policondensación, área madre de la producción). Los empleados acamparon frente a la fábrica “en resguardo de la fuente de trabajo”. Como respuesta hubo citaciones judiciales que acusaban a la comisión interna de incitar a la toma violenta de la planta.

“Los noventa despidos son un tema cerrado, posterior a la conciliación obligatoria”, dijo González a Página/12. “Ellos empezaron a bloquear las puertas e impedían el ingreso de mercadería y de clientes, así que no pudimos seguir pagando los sueldos”, agregó el gerente de Recursos Humanos de Mafissa. Y ratificó que desde hace 10 días todo el personal está suspendido sin goce de haberes. Según el directivo, “el martes habrá una reunión en AOT, y si deciden desbloquear el portón la empresa vuelve a funcionar”. El delegado García aclaró que ese encuentro convocado por AOT no es resolutivo como plantea González, porque “las decisiones las toma la asamblea de trabajadores”. Sin que mediara pregunta, el gerente explicó que “los despidos tuvieron que ver con una reestructuración a partir de los paros parciales que hubo, porque se perdieron clientes”. Este diario le preguntó si habían despedido a los delegados o a los que hicieron paro. “No, no, los despidos no fueron discriminatorios, la empresa se vio obligada a bajar los costos por los conflictos”, respondió. La comisión interna tiene otra visión. “Mafissa amasa fortunas con nuestra explotación, pésimos salarios y condiciones inhumanas que le han costado la vida a varios compañeros. Se vieron beneficiados con la devaluación porque hacen los negocios en dólares y los salarios los pagan en pesos”, afirmó en un comunicado en el que destacan la solidaridad de organizaciones de derechos humanos y de desocupados para sostener su lucha y su fondo de huelga.

El pasado que vuelve

Jorge Curi, padre, escribió en 1977 el libro Arriba Argentina, en el que saluda con euforia el golpe de Estado y repite los argumentos de los militares: que los desaparecidos están paseando por Europa, que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber patriótico trayendo orden. “A los argentinos nos consta que nuestro actual gobierno ha derrotado ampliamente a la subversión y ha obligado a muchos de sus componentes a emigrar a países lejanos donde, bien pertrechados de dinero, descansan y esperan”, escribió el empresario en la página 432. “La Empresa Olmos consideró que era su deber otorgar al nuevo equipo gubernamental un amplio voto de confianza”, puede leerse un poco más adelante.

En el período previo al golpe, Curi buscó los “servicios” de inteligencia de la Policía Bonaerense para “detectar activistas” en Petroquímica Sudamericana. El 18 de mayo de 1970, el entonces jefe de vigilancia de la fábrica, de apellido Longoni, fue designado por Curi para trabar contacto con el Comando de Operaciones y el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Sipba). A juzgar por los informes y listados elaborados por los comisarios platenses entre 1970 y 1978 –rescatados por el Archivo Provincial de la Memoria– que señalan a los trabajadores que se organizaban en el Comité de Huelga, el pedido fue concretado.

“Han aparecido en la Planta Petroquímica panfletos que considera de carácter extremista que incitan a paros o conflictos (...) En la empresa no existen problemas de tipo laboral y los salarios están ajustados al último convenio (...) se debe tratar de un pequeño grupo que quiere crear un clima de intranquilidad (...) que ellos no se encuentran en condiciones de detectar”. Así informó al jefe del Sipba el policía que se entrevistó con el enviado de Curi. “El señor propone la incorporación de tres hombres, a quienes les abonará el salario correspondiente, a fin de que logre identificar a este núcleo de persona disolventes a juicio de la empresa”, concluyó el informe.

En 1975, ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) fueron asesinados cuando se dirigían a apoyar a los obreros de Petroquímica Sudamericana, en la denominada masacre de La Plata realizada por la Triple A. Pero la textil de los Curi cuenta con sus propios desaparecidos y asesinados. Ellos son Juan Carlos Leiva, Miguel Angel Lanzafame, Néstor Cortez, Julio Beltraco Zurita, Néstor Azar, Héctor Juliá, Alberto de la Canal, Jorge Giorgieff, Julio Heredia, Martínez, Cisneros y Ana María, de Personal.

“Más allá de desmentir todo eso, que no tiene nada que ver con el conflicto, consideramos que es para embarrar la cancha”, afirmó el gerente González. “El gobierno tiene que investigar la complicidad civil en esos años, porque nos consta que Jorge Curi hijo estuvo a cargo de la fábrica mucha veces cuando su padre estaba de viaje, de modo que no es ajeno a lo que ocurrió”, replicó el delegado García. La preocupación vuelve al presente cuando el delegado afirmó que González estuvo “al mando” del operativo del viernes, “con tres camiones de Infantería para intimidar” durante la asamblea en la puerta de la fábrica. “Hacemos responsable al gobierno provincial de la integridad física de los trabajadores de Mafissa”, agregó García. En octubre fueron reprimidos en la puerta del Ministerio de Trabajo provincial, y los delegados Ferraro y Bustos terminaron en el hospital.