El 6 de julio de 1976, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche se presentó a las 19.45 ante el director del penal de Villa Las Rosas, en Salta, con la misión de trasladar a once presos políticos. Como avezado oficial de la dictadura dio dos órdenes: “Esto no se anota en los registros”, dijo y conminó a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse de los pasillos “a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible”. Los doce presos (fue sumado uno de Jujuy) fueron ejecutados a los pocos kilómetros en un simulacro de fuga. Durante veintisiete años, Espeche, retirado como teniente coronel, gozó de impunidad. En el 2003 fue detenido por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas pero parece que lo suyo sigue siendo violar la ley: a pesar de su prontuario es copropietario de una agencia de seguridad, ESPE SRL (sic), y acaba de ser denunciado por andar de compras haciendo caso omiso de su prisión domiciliaria, confirmada por la Corte Suprema de la Nación. La Justicia analiza la posibilidad de revocarle ese privilegio.

El 21 de diciembre de 2006, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el fallo que consideró “prima facie” a Espeche como “partícipe secundario responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido el hecho investigado con alevosía y mediando participación de dos o más personas”. A pesar de que todavía no había cumplido los 60 años, Espeche consiguió que la Cámara salteña reviera la decisión del juez Abel Cornejo y le autorizara la prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut, a más de cuatro mil kilómetros del lugar del proceso. Problemas cardíacos motivaron el deseo concedido. Ni siquiera ese beneficio le fue suficiente y su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación reclamando la excarcelación. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi coincidieron en que el planteo era inadmisible y reclamaron a la Justicia salteña acelerar los procesos contra los represores.

Un experto

La reactivación de la causa por la Masacre de Palomitas impulsada por los familiares en el 2002 no amilanó a Espeche. Consolidado como un especialista en el rubro seguridad y limpieza en Comodoro Rivadavia, siguió adelante con la empresa que lo sacaba de las sombras. Jugó a ver su nombre casi completo en letras de molde y por una vez no vinculado con Palomitas. Bautizó a su emprendimiento ESPE SRL.

En el 2004, en Chubut se sancionó una ley que intentaba sanear el rubro seguridad y, al igual que en otras jurisdicciones, ponía como requisito que sus integrantes no tuvieran antecedentes por delitos de lesa humanidad, pero los mecanismos de control fallaron. El último registro societario registrado es del 2004 y Hugo César Espeche aparece como gerente titular asociado con otro militar retirado, el coronel Eduardo Falco.

De la mano del boom petrolero de Chubut, ESPE SRL consiguió un contrato con Pan American Energy y las camionetas con su logo empezaron a recorrer las zonas de producción. El consorcio conformado por un 40 por ciento de la empresa argentina Bridas de Carlos Bulgheroni y un 60 por ciento de British Petroleum es el que acaba de descubrir una reserva que le permitiría a la provincia duplicar su producción anual. La vinculación de firmas multinacionales con servicios de seguridad y vigilancia en el que se reciclaron represores no es nueva. Página/12 denunció en su momento que el teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, cara visible de la autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue denunciado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado. Scanner le prestó servicios durante años a Aerolíneas Argentinas mientras estuvo bajo las órdenes del español Carlos Mata. Otro caso es el del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, detenido por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad: además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.

Este diario también reveló la semana pasada que el coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la Justicia, encabeza en las sombras una agencia de seguridad.

Enfermo inquieto

A Espeche, la prisión domiciliaria parece haberle dado más bríos. Es lógico si se tiene en cuenta que goza de permiso para salir tres veces por semana a hacer gimnasia, además de las visitas autorizadas al médico y al fisioterapeuta. A simple vista, no sería complejo vigilar su laxa rutina de encierro teniendo en cuenta que en la planta baja del mismo edificio donde vive funciona un juzgado pero, se sabe, nada es tan simple.

A casi cuatro mil kilómetros del lugar donde está procesado por haber activado el mecanismo que permitió el fusilamiento de seis hombres y cinco mujeres detenidas antes del golpe del ’76, Espeche nunca pensó encontrarse hace un par de semanas con alguien que lo reconociera. David Leiva, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la masacre, dijo a Página/12 que “presentamos ante el juez Cornejo un pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria fundado en el testimonio de Javier Guzmán, un muchacho salteño, de Orán, que trabaja en un corralón en Comodoro Rivadavia, que reconoció a Espeche cuando fue muy suelto de cuerpo a pedir un presupuesto. Esperamos que el juez llame ahora al testigo, al otro empleado que lo atendió y se revea ese privilegio”.

Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de la masacre, comentó que “los familiares estamos indignados, es una afrenta la impunidad con la que se siguen manejando después de más de treinta años”. La investigación por la Masacre de Palomitas está desdoblada en dos juzgados. En el camino quedó el camarista salteño Ricardo Lona, sometido a juicio político, entre otras causas, por su desempeño como juez federal durante esa emboscada macabra. Aunque no fue destituido sino que renunció, los familiares de Palomitas siempre recuerdan el comunicado del coronel Carlos Alberto Mulhall, jefe del Destacamento Salta del Ejército, dirigido al entonces juez Lona, en el que informaba que “en cumplimiento de órdenes recibidas por la superioridad se procederá al traslado (...) Oportunamente se le hará conocer el lugar donde permanecerán alojados”.

Mientras la fecha del juicio que tiene como máximo responsable a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, sigue siendo un enigma, los familiares esperan que Espeche sienta, al menos, el rigor de estar preventivamente privado de su libertad.