El kirchnerismo consiguió aprobar una ley para reordenar el sistema ferroviario, con la que creó dos sociedades del Estado bajo la órbita del Ministerio de Planificación, conducido por Julio De Vido. Estas agencias estatales tendrán a su cargo la operación y el control del funcionamiento de los ferrocarriles. Luego de dos intentos de sancionar la norma, que fracasaron por diferencias internas en el oficialismo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intervino para reordenar su bloque y conseguir que se aprobara la iniciativa. En una sesión ríspida, al bloque mayoritario le llovieron críticas por derecha y por izquierda. La oposición cuestionó la suma de atribuciones para De Vido y para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. También denunció que algunos de los empresarios del sector contribuyeron con la campaña de Cristina Kirchner.

La ley fue una respuesta a los incidentes que hubo en mayo del año pasado en la línea ex Roca de Constitución y las críticas que se levantaron contra los concesionarios. La iniciativa transfiere de la CNRT al Ministerio de Planificación el control de los trenes y crea dos sociedades del Estado: la Administración Ferroviaria y la Operadora Ferroviaria, que convivirá con las actuales concesionarias y empresas privadas que administran los trenes de carga.

Luego de que lo aprobara el Senado en julio del año pasado, el proyecto llegó dos veces al recinto de la Cámara baja, pero en ambas fracasó por disidencias internas del kirchnerismo. Se negó a votarla una parte de los aliados, incluidos los radicales K y el bloque que encabeza Ariel Basteiro. Desde ese bloque surgieron algunas críticas y sugerencias de modificaciones, que diferían de las que hace la oposición: planteaban que la ley daba competencias demasiado amplias y que incluso dejaba abierta la posibilidad para que se vendan los bienes de los ferrocarriles. También cuestionaron que no se abriera el debate y se les exigiera aprobar el proyecto sin plantear disidencias. “Este es un proyecto que nos pide (Ricardo) Jaime. Y cuando él nos pide algo, todos sospechamos”, reconocieron a Página/12 en los despachos K.

Desde el entorno de la Presidenta hubo conversaciones intensas durante todo febrero para lograr que se votara el proyecto tal como estaba. Finalmente, rindieron sus frutos: buena parte de los que se negaban a aprobarla levantaron la mano ayer. Entre ellos, estuvieron el socialista Ariel Basteiro, Patricia Vaca Narvaja y Victoria Donda. El radical Daniel Katz, en cambio, pegó el faltazo y hubo dos abstenciones: el santiagueño Rafael López y la diputada mapuche Rosa Chiquichano. La ley se aprobó, finalmente, con 152 votos a favor y 73 en contra.

Contribuciones

Entre los opositores, el jefe del bloque del ARI Autónomo, Eduardo Macaluse, optó por una enumeración de los contribuyentes de la campaña de la Presidenta: “Angelo Calcaterra (primo de Franco Macri) a quien Cristina Kirchner le adjudicó mediante el decreto 96/2008 la construcción del tren bala, contribuyó a su campaña con 398.948 pesos”, denunció Macaluse, que también mencionó a “Néstor Otero, que contribuyó con 150 mil pesos, y mediante la resolución 1962 del Ministerio de Infraestructura le otorgaron la construcción de la nueva terminal de Mar del Plata”.

–Vaya redondeando, porque se ha excedido en su tiempo –le pidió más de una vez el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner.

–Voy redondeando, incluso voy redondeando las cifras, porque son redondas –chanceó Macaluse– El empresario Daniel Milliacci, de la Cámara de Empresas Automotores, contribuyó con 10 mil pesos...

“Mientras se discutía esto, hoy con la lluvia el Sarmiento estaba paralizado por tener inundadas las vías”, comenzó Claudio Lozano, subido al mismo vagón. “Esta propuesta cuando llegó al Congreso tenía la virtud de permitir la intervención sobre los concesionarios. En el Senado, casualmente, se eliminó todo tipo de injerencia. Los empresarios con esto duermen profundamente tranquilos”, advirtió el diputado de la CTA, que cuestionó “la no revisión de los contratos, de los subsidios millonarios y la prioridad para el tren bala”. “Con las tres cuartas partes de la inversión para el tren bala podríamos recuperar 7 mil kilómetros de transporte de pasajeros”, sostuvo Lozano.

La oposición también cuestionó que, al ser sociedades del Estado, ambos entes no pasarán por los controles que se impone a la administración financiera. “Las dos empresas quedan bajo la órbita de De Vido y sin control porque Planificación administra, opera y se controla a sí misma. Este sistema puede producir un desmanejo profundo del sistema ferroviario, porque el ministerio es juez y parte”, remarcó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. “No es razonable ni transparente tener la operación y el control del sistema ferroviario en las mismas manos”, coincidió el diputado de PRO, Federico Pinedo. El radicalismo presentó un proyecto propio, firmado por Alejandro Nievas, que también consideró que De Vido “asumirá las facultades de la Uniren”, en referencia a la Unidad de Renegociación del Estado.

A cargo de la defensa de la ley, estuvo la presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher, que destacó que ambas empresas tendrán “todos los controles internos y externos”, tanto de la Sigen como de la AGN. En tanto, Basteiro sostuvo que Planificación es “el ministerio lógico” bajo cuya órbita deben estar ambas empresas.