De la mano de empresas de capital argentino, las tierras cultivables uruguayas comenzaron a expandirse y a poblarse de soja. Para limitar el crecimiento de la superficie ocupada por la oleaginosa, el gobierno de Tabaré Vázquez busca implementar un proyecto que considera que aquellos productores que pretendan sembrar soja deben obtener previamente una autorización. El principal miedo de los orientales es la contaminación y la erosión del suelo que resulta de la producción sojera.

En los últimos años, la superficie cultivable de soja en Uruguay sufrió una expansión muy fuerte. La producción de la oleaginosa se multiplicó por diez en el último decenio. Los productores argentinos controlan entre un 20 y 25 por ciento de la superficie cultivable uruguaya. El principal motor de este crecimiento fueron empresas provenientes de la Argentina. Ahora los empresarios nacionales que estén explotando tierras en el país vecino deberán conseguir un permiso previo para realizar esas actividades. En la mira del gobierno del país vecino están los arrendatarios que concentran el 65 por ciento de las explotaciones. Con las restricciones buscan también responsabilizar a los propietarios por el impacto ambiental que genere el cultivo de sus tierras. Para algunos funcionarios uruguayos, la expansión de las plantaciones sojeras es aún más preocupante que la planta de celulosa de Fray Bentos. Los uruguayos ven peligrar el principal slogan nacional: “Uruguay natural”.

Desde la Asociación Uruguaya de Siembra Directa (Ausid) aseguran que la preocupación por este tipo de actividad sobre la tierra afecta por igual al gobierno y a las entidades del agro del país vecino. “La intensificación y extensificación agrícola han traído serios problemas en algunas zonas”, indicó Miguel Carballal, de Ausid.