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Sin que nadie se sorprenda por la interferencia entre los poderes de un Estado supuestamente republicano, Eduardo Duhalde le adelantó a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, su convencimiento de que los diputados cerrarán hoy el juicio político a la Corte Suprema. El objetivo del Ejecutivo es lograr el imprescindible respaldo del máximo tribunal para el mantenimiento del cuestionado corralito financiero. Además, siempre en línea con las demandas del Fondo Monetario Internacional, el Presidente transmitió a Lavagna que dialogará con los gobernadores provinciales para tratar de cumplir con la comprometida reducción del déficit fiscal.
La información fue dada por fuentes oficiales, luego de que Lavagna se entrevistara con el mandatario en la Casa de Gobierno, a poco de llegar a Buenos Aires. El ministro transmitió al Presidente los detalles de su gestión en Washington ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), funcionarios estadounidenses y organismos multilaterales de crédito.
El Fondo Monetario exige “el consenso doméstico necesario” para firmar un acuerdo que permita el refinanciamiento de los más de 18.000 millones de dólares que la Argentina debe pagar en lo que resta hasta el 2003. Entre los elementos de este “consenso” se incluye terminar con los ruidos judiciales sobre la pesificación y el corralito, algo que fue interpretado por los funcionarios argentinos como dar un punto final al juicio político a la Corte, de modo que el Poder Judicial deje de interferir en las decisiones de política económica del Gobierno. Precisamente esta interferencia es utilizada por los integrantes de la Corte para atrincherarse en sus puestos frente al tenue intento de destitución.
Todo esto, mientras las instancias judiciales inferiores continúan emitiendo fallos que dolarizan tanto depósitos como deudas. Sentencias que en la mayoría de los casos será difícil retrotraer y que ya generan sensibles efectos patrimoniales, así como costos y honorarios para el sistema judicial.
Lavagna también insistió a Duhalde sobre la necesidad de avanzar en la firma de los acuerdos con los gobernadores para que las provincias reduzcan en un 50 por ciento sus respectivos déficit fiscales, otra de las exigencias del FMI. Con este objetivo, al que se sumó la justificación de los retrasos en los envíos de la coparticipación, el ministro se reunió ayer con los gobernadores radicales, José Luis Lizurume (Chubut), Pablo Verani (Río Negro), Angel Rosas (Chaco); Horacio Colombi (Corrientes) y Roberto Iglesias (Mendoza).