En un proceso que fue tranquilo para el oficialismo y sus aliados, el debate hasta la votación ofreció algunos momentos destacados.

Barato, baratito

“La expropiación que proponemos tiene un costo cero. En cambio, lo que reclama la oposición, con su expropiación selectiva, no es gratis. Tiene un costo no menor a los 750 o 1000 millones de pesos”, arremetió Alejandro Rossi (FpV) contra el proyecto que querían impulsar la UCR y el PRO. “Vamos a hacernos cargos de los pasivos, es verdad. Pero la mayoría de esas deudas son con el Estado, un 30 por ciento corresponde a los leasors y otro tanto es con otros operadores aeronáuticos. Además, si avanzáramos con el proyecto de la oposición, perderíamos los aportes realizados por el Estado para poner en valor Aerolíneas y Austral (800 millones pesos)”, concluyó Rossi.

El SI dio el sí

Luego de la fatídica votación por las retenciones móviles, el bloque que pudo negociar con el oficialismo la mayor cantidad de cambios a los proyectos enviados por el Ejecutivo fue el SI. Así lo hicieron con el primer tratamiento de Aerolíneas, con la movilidad jubilatoria, con la nacionalización de las AFJP y nuevamente con el proyecto de expropiación de la línea de bandera. “Siendo coherentes con lo que venimos haciendo, no podemos rechazar el proyecto del oficialismo porque no queremos debilitar el papel del Estado. Por eso íbamos a hacer un uso político de la abstención”, aseveró Carlos Raimundi, casi al comienzo de la sesión. El SI había presentado un dictamen en minoría solicitando al Ejecutivo discriminar los pasivos provenientes de las “operaciones fraudulentas de Marsans” y que se garantizase que el Estado se presentará en todas las causas civiles, comerciales y penales, en el país o en el exterior, para establecer las responsabilidades que correspondan al grupo español. El oficialismo aceptó esos cambios. Por eso el SI dio el visto bueno a la expropiación.

Ahora el voto es negativo

Beatriz Daher habló quizá por última vez como titular de la Comisión de Transporte. Luego de que se alejara del Frente para la Victoria para integrar el bloque Unión Peronista, cuyo líder es Felipe Solá, la salteña dejó de tener el protagonismo que tuvo cuando se votó la ley de rescate de Aerolíneas. “Se debe cumplir lo que dice la ley 26.412, que es la compra de las acciones. El artículo 3 de esa normativa indica que el Congreso debe convalidar el precio. El dictamen de la Bicameral señaló que AA y Austral valen cero, pero en esta ley que estamos tratando hoy (por ayer) de expropiación, deberíamos analizar el dictamen de la Bicameral para que posteriormente el Ejecutivo pueda tomar la mejor decisión sobre la manera de recuperar la aerolínea de bandera. Por eso, el voto del bloque Unión Peronista será negativo”, concluyó Daher.

Un muerto en el placard

El diputado del bloque Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, utilizó sus siete minutos reglamentarios para hablar no como legislador, sino como trabajador aeronáutico. Al menos así inició su exposición. Con efervescencia, y a modo de homenaje, ya que el próximo 7 de diciembre se cumplirán 58 años de la creación de Aerolíneas por Juan Domingo Perón, Basteiro reivindicó la intervención del Estado y la expropiación. “Más allá de nuestros intentos de negociación, la actitud del grupo Marsans no nos permitió avanzar. Por eso tenemos que proceder con la expropiación. Acá se dieron todos los pasos necesarios (y legales) para la expropiación. No teman por las amenazas de los españoles de ir al Ciadi (le estaba hablando a la oposición). Marsans debería haber cumplido con la prestación del servicio, no debería haber sobrevendido vuelos. Además, tienen una causa abierta en España por malversación de fondos. El Grupo Marsans tiene muchos muertos en el placard para ir al Ciadi”, arremetió Basteiro.

Un homenaje a Troilo

“A dónde me voy a ir, si siempre estoy volviendo”, decía el gordo Troilo. No hubo tango ayer en el Congreso. Sin embargo, la figura del que nunca se va y siempre está presente entre los diputados de la oposición tuvo su protagonismo en el recinto. La figura de Ricardo Jaime fue nuevamente el centro de las críticas de la oposición. “En todo este tiempo, ¿qué hizo el Gobierno para controlar la correcta utilización de los fondos de la Sepi española?; ¿qué hizo el Gobierno para controlar a Jaime y a De Vido? No entiendo cómo ahora vamos a incluir dentro del proyecto del oficialismo un artículo para que el Estado investigue el origen de las deudas de las empresas. Eso es algo que debe hacerse de hecho, es obligación de cualquier funcionario público. ¿O será que el primer procesado si se llegase a investigar sería nuevamente Jaime?”, arremetió el radical Raúl Lanceta.