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“Esperamos que el Ejecutivo inicie el proceso de expropiación no bien se promulgue esta ley en el Boletín Oficial”, afirmó a Página/12 el titular del bloque K, Agustín Rossi.

–¿Marsans no está buscando un último acercamiento con el Gobierno? – preguntó este diario.

–Ya no hay más margen para la negociación –respondió Rossi.

Una vez que termine el proceso de expropiación luego de que el proyecto se trate en el Senado, el Ejecutivo deberá iniciar los trámites judiciales para llevarla a cabo. Como la empresa ya está intervenida, algunos legisladores del oficialismo señalaron a Página/12 que “no hace falta iniciar el trámite en 24 horas”. “Se estuvo negociando hasta hace algunos días. Si se hubiese llegado a un acuerdo, no estaríamos tratando esta ley”, explicó a este diario Patricia Fadel, secretaria parlamentaria del Frente para la Victoria. Con las modificaciones introducidas al proyecto del Ejecutivo, a pedido del SI, el Estado deberá investigar el origen de las deudas del grupo Marsans.

Más allá de que el resultado de la votación era previsible, el grupo español no se privó de introducir algún escollo en el proceso legislativo. Para el diputado Ariel Basteiro, la presión de Marsans estuvo relacionada con la versión que circuló por los pasillos del Congreso de que la empresa seguía negociando con el Gobierno. “Fue una operación de la compañía para demorar la salida de la ley”, indicó Basteiro.

Los que consideran que todavía no está todo dicho son los diputados de la UCR y el PRO. “El tema de Aerolíneas no se termina con esta ley”, señaló el radical Raúl Lanceta. La semana pasada, diferentes legisladores de la Coalición Cívica y el PRO estuvieron viajando por España. Entre algunos de los puntos de su agenda, mantuvieron encuentros con legisladores del Partido Popular y del gobernante Partido Socialista.

“Tanto los legisladores del PP como los del PSOE creen que esto se va a terminar arreglando. No quieren una expropiación”, señaló a Página/12 Esteban Bullrich. Por eso varios diputados de la oposición siguen sosteniendo –acompañando las intenciones de Marsans– que la ley votada ayer no es más que otro elemento de presión para que el Estado cierre una negociación con Marsans.