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Para llevar adelante el plan de obras para este año, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF) recibirá en concepto de transferencia de capital 435 millones de pesos. Además, la empresa está habilitada para vender las tierras que antes estaban en poder de la Onabe. Según consta en los anexos del presupuesto publicado la semana pasada, se venderán activos por 205 millones de pesos. “El valor de estas hectáreas es relativo, tiene que ver con la puesta en valor de los terrenos. Pero nuestra tarea principal no es la realización de un desarrollo inmobiliario”, señaló a Página/12 Juan Pablo Schiavi, titular de la ADIF, quien reconoció a este diario la necesidad de encontrar financiamiento de “cualquier lado”.

Desde el Gobierno indicaron a Página/12 que las primeras licitaciones saldrán dentro de dos meses y estarán abocadas a poner en valor terrenos del Ferrocarril Belgrano y Mitre en Tucumán, en Salta y en Bahía Blanca. En estos casos se buscará que los terrenos puedan gestionarse entre el sector privado y el Estado, que se beneficiaría del pago de cánones y peajes.

Las tierras que ahora maneja la ADIF fueron gestionadas durante varios años por la Onabe, ahora en proceso de reconversión. Desde este organismo, que conduce Fernando Suárez, indicaron a este diario que ya traspasaron todas las tierras antes en su poder.

Consultado por el valor de venta de esos activos –que en el presupuesto de la ADIF figura un total de 205 millones de pesos–, Suárez indicó que “muchas veces se coloca el precio de inventario cuando en realidad el valor de venta es mucho mayor”. Así, para un lote que podría figurar en el presupuesto en 5000 dólares, el precio de venta sería más cercano a los 20.000 dólares. Es decir, la ADIF tiene en su poder un interesante negocio inmobiliario.

Cuando se aprobó la ley 26.352, se le dio a la empresa la facultad de realizar “toda clase de actos de administración y disposición previstos en la legislación civil y comercial”. En otras palabras, se incluye la posibilidad de vender las tierras. Según la Constitución nacional, es el Congreso el que tiene que disponer la venta de tierras en poder del Estado.

“Para hacer una torre en los terrenos del ferrocarril de Retiro –como quiere Mauricio Macri– se necesita una modificación del Código de Planeamiento Urbano. Por eso nunca prosperó esa iniciativa. Ahora, la venta de esos terrenos podría estar autorizada por la norma de Economía”, explicó a este diario una fuente legislativa, que participó de las discusiones que estuvieron detrás de la aprobación de la ley 26.352.

Según indicó a este diario el dirigente gremial de la CTA Elido Veschi, el problema radica en que el Estado “nunca informó el inventario de las tierras en su poder, lo que deja al arbitrio gubernamental la venta del patrimonio del país”. Lo planteado por Veschi coincide con un informe de la Sigen publicado en 2006, donde se determinó que la Onabe no tuvo un manejo eficaz de las tierras del Estado, donde incluso se detectaron ventas directas de terrenos con valores superiores a los 500.000 pesos.