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Cuando comenzó esta ronda de negociación con el Club de París, la quinta desde la vuelta a la democracia, el Club reclamó diez préstamos entre los que se contaban deudas de la dictadura militar sin documentar y pasivos de las empresas privatizadas en los noventa, que debían absorber las compañías compradoras. En total sumaban más de 100 millones de dólares.

El caso que más discusiones involucró gira alrededor de un contrato de construcción de un gasoducto en la Patagonia, contratado por Gas del Estado. La contratista era una empresa extranjera, que tenía un seguro otorgado por la agencia oficial de exportaciones de su país. El contrato, celebrado en 1978, preveía la realización de un arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, y cuando surgieron diferencias en torno del cumplimiento del contrato por parte de Gas del Estado, la empresa activó esa cláusula. El laudo arbitral, fechado en septiembre de 1982, fue favorable a la empresa, la que sobre esa base reclamó y obtuvo el pago reclamado por parte de la agencia aseguradora oficial. En atención a que el Estado nacional se hizo cargo de los pasivos de Gas del Estado, esta agencia solicitó la inclusión de la suma pagada en el marco de la negociación con el Club de París.

Sin embargo, el gobierno argentino no reconoció la validez del arbitraje, sobre la base de que el procedimiento para la constitución del tribunal no se ajustó a derecho, y que existe una causa en la Justicia argentina que aún debe expedirse sobre esta cuestión. La posición es que el reclamo es ilegítimo, y que el gobierno argentino no va a reconocer deuda alguna derivada del mismo.

Otros dos casos involucraron reclamos de deuda efectuados al Ministerio de Defensa, por contratos firmados en diciembre de 1977 y en febrero de 1979, por provisión de material estratégico, con la garantía de una aseguradora oficial. Dichos reclamos no fueron presentados oportunamente en las negociaciones del Club de París realizadas entre 1985 y 1992, y la aseguradora oficial pretendió incluirlos en esta instancia. Se le respondió que no nos era posible verificar la legitimidad del reclamo, por lo que no resultaba aceptable su inclusión.