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La palabra maldita es “tercerización”. Detrás de ella se oculta la privatización de una tarea que los tratadistas tributarios consideran indelegable: la fiscalización impositiva. Aunque un intento en ese sentido fracasó en su momento a nivel nacional, la modalidad prospera en algunas provincias, con la Salta de los Romero a la cabeza, y amenaza extenderse entre los municipios. Quienes mejor avizoraron el negocio y se lanzaron a explotarlo fueron dos figuras muy conocidas por el público, que actúan asociados en una consultora: Ricardo Cossio, ex titular de la DGI durante el menemismo, y el mediático ex jefe de los “intocables”, José María Peña.
El filón que trabajan está vinculado al convenio multilateral, que permite que una Dirección de Rentas provincial fiscalice a un contribuyente fuera de su ámbito geográfico, en la Capital Federal o en otras provincias. Para cumplir esta labor, algunos gobernadores optaron por contratar consultoras, pese a los fuertes cuestionamientos que existen sobre la legitimidad de esta derivación de facultades. Por tanto, contadores que trabajan para una consultora privada reciben una credencial oficial y se presentan en el domicilio del contribuyente como si fueran funcionarios públicos. Pero el inspector que llega es privado.
Para algunos tributaristas, lo que sucede es “escandaloso”: se exige a las empresas abrir su contabilidad y toda la documentación a quien es solo el empleado de otro empresario, el consultor, sin garantía alguna de que la información que le proporciona no sea vendida a terceros. Según los expertos, en cierta forma sería menos peligroso que esos agentes privados, presuntamente al exclusivo servicio de organismos provinciales, actuasen en los juicios de ejecución fiscal, porque en esas instancias todo el manejo se sustancia en los estrados.
El mayor peligro –según las fuentes– sobreviene cuando esos estudios particulares invaden ámbitos privados. Por otro lado, muchas sospechas rodean el modo como las consultoras involucradas lograron esos jugosos contratos, especialmente en provincias donde no hay transparencia administrativa, como el notorio caso salteño. Como muestra de los poderosos intereses que se mueven en este servicio, que apunta a capturar parte de la recaudación tributaria, se señala el caso del ex ministro de Economía jujeño Aníbal Carrera, que intentó resistirse a la privatización y terminó desplazado.
Desde los tiempos de Antonio Erman González, el recordado SupErman de comienzos del menemato, se sucedieron los intentos de ceder a privados la recaudación de impuestos y el cobro de servicios públicos (antes de que las empresas proveedoras fuesen privatizadas). Esas iniciativas zozobraron en medio de graves acusaciones de corrupción. Pero a nivel de las provincias algunos manejos turbios suelen ser más fáciles porque hay menores controles democráticos, se amordaza a la prensa local y en el resto del país, y sobre todo en Buenos Aires, se presta poca atención a lo que sucede en el interior.