El gas de Bolivia, que Argentina necesita para paliar en el corto plazo la escasez de este fluido, no podrá llegar en los volúmenes necesarios a estas tierras hasta después de que la administración de Evo Morales consiga los 2 o 3 mil millones de dólares que los especialistas consideran necesarios para aumentar la capacidad de producción. Este es otro costado del problema energético, estrechamente engarzado a un eventual colapso eléctrico, que Julio De Vido insiste en minimizar.

El gas tiene un lugar preponderante en la matriz energética del país y resulta un insumo crítico para las usinas térmicas que, ante un faltante, tienen que reemplazarlo por combustibles alternativos bastante más caros. La drástica declinación de reservas frente a una demanda creciente hizo que el Gobierno apostara al gas boliviano como la alternativa más viable, convalidando un precio muy superior al que pagó hasta ahora. Para ello, firmó un acuerdo que compromete sumar 20 millones de metros cúbicos diarios a los 7,7 millones que actualmente recibe del país vecino.

El problema es que para extraer ese carburante del rico subsuelo boliviano hacen faltan inversiones multimillonarias que hoy las empresas privadas se niegan a hacer y el Estado boliviano aún no puede encarar con recursos propios. Bolivia hoy tiene un mínimo excedente de 3 millones de metros cúbicos días, después de cumplir los contratos de abastecimiento a la Argentina y Brasil. Pero para agregar los 20 millones que se comprometió ante Buenos Aires en el último convenio de país a país, necesita aumentar la capacidad exploratoria tanto como construir la planta de separación de gases.

A esta necesidad hay que anexarle luego los 1500 millones de dólares para el gasoducto del Nordeste, que permita importar ese fluido. No se trata sólo de una demanda millonaria de recursos, sino básicamente, de un tiempo para que esas inversiones “maduren”. Consecuencia: no será factible contar en lo inmediato con más gas.

Tampoco es posible incrementar rápidamente la oferta de electricidad, que ya está prácticamente al mismo nivel de la creciente demanda. Las dos centrales de ciclo combinado que el Gobierno está licitando con fondos que Cammesa adeuda a las generadoras recién estarían en condiciones de aportar electricidad en dos años. Ni parece ser un paliativo muy eficaz la reciente resolución que firmó Daniel Cameron propiciando la reconversión de las usinas de ciclo abierto a ciclo combinado, estas últimas más rendidoras: para invertir en ese cambio, los generadores quieren saber a cuánto venderán la energía.

A fines de los ’80 faltaba agua y por ello las centrales hidroeléctricas no podían suplir las falencias de las térmicas, que estaban trabajando a un tercio de la capacidad por falta de mantenimiento. Hoy no escasean las lluvias y las usinas están bien mantenidas pero, aun así, no dan abasto para atender la eclosión de la demanda. No hay amenaza inminente de cortes prolongados que alteren los ánimos en plena Capital Federal, pero sí el riesgo cierto de interrupciones planificadas y ningún indicio de que capitales privados puedan destinarse a producir ni un solo kilowatt adicional.