El represor Luis Patti tiene motivos para alegrarse. En las próximas horas, la Cámara Nacional Electoral hará lugar a su apelación y determinará que debe asumir como diputado nacional en la banca que ganó en las últimas elecciones. En un fallo que sería unánime –y en sintonía con lo que ya habían manifestado en el caso de Antonio Domingo Bussi–, los camaristas revocarán la decisión de la jueza María Servini de Cubría que había desestimado los reclamos del torturador confeso en contra de lo resuelto por la Cámara de Diputados, que el 23 de mayo y con 164 votos, aprobó la impugnación de su diploma por “falta de idoneidad moral”. En los hechos, la asunción de Patti no se concretaría porque es seguro que Diputados apelará la resolución de la Cámara Electoral ante la Corte Suprema. Por lo tanto, hasta que no haya definición en esa última instancia seguirá ocupando la banca el dirigente gastronómico Dante Camaño.

Cuando le tocó hacer su alegato ante los diputados, el ex intendente de Escobar acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos afirmó que hay una supuesta “guerra ideológica” que pone en riesgo “los principios de la República”, al tiempo que se consideró “proscripto” por las impugnaciones presentadas por los diputados Remo Carlotto, Miguel Bonasso, Araceli Méndez y Carlos Tinnirello. Sin embargo cuando su abogado, el constitucionalista Gregorio Badeni, fue a Tribunales a cuestionar la decisión de la Cámara, utilizó otros argumentos.

Al día siguiente de la sesión en Diputados comenzó su batalla judicial con una acción de amparo presentada ante la jueza federal, con competencia electoral, Servini de Cubría, que incluyó un planteo de inconstitucionalidad respecto de lo actuado por los legisladores. El objetivo era impedir el juramento de Camaño, que le seguía en la lista del Paufe (Partido de Unidad Federalista), pero no lo logró y el sindicalista asumió a los pocos días. Badeni se lamentó de que los diputados “no cumplieron con los preceptos constitucionales ni con el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que nadie puede ser privado de sus derechos políticos si no media una condena penal, algo que no existe en el caso de Patti, que no está procesado”.

Patti sí fue procesado por encubrimiento de otro represor imputado en la causa de la denominada Contraofensiva montonera, con confirmación de la Cámara Federal porteña. Pero es cierto que todos estos años logró evadir las numerosas acusaciones en media docena de casos emblemáticos en los que hay testigos de su atropello a los derechos humanos, tales como el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, Gastón Gonçalves, o el no menos representativo caso del diputado Diego Muñiz Barreto. Ni siquiera hubo condena cuando hizo apología de la tortura, al expresar en los medios que para esclarecer un delito había que cometer “al menos cuatro o cinco”. La ausencia de una resolución condenatoria en su contra sería uno de los argumentos que tomarán en cuenta los camaristas Alberto Dalla Vía, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera. También acudirían a jurisprudencia norteamericana vinculada al tema, según la cual el diputado electo cuestionado debía haber asumido y recién entonces enfrentar un proceso de destitución que juzgara su idoneidad moral para el cargo. En coincidencia con el planteo de la defensa del represor, considerarán que el momento de las impugnaciones es durante el proceso de oficialización de las listas de candidatos.

En el edificio de 25 de Mayo al 200 tienen plena conciencia de que su decisión cosechará un repudio generalizado, pero están dispuestos a pagar el costo, aun cuando el clima de época marque lo contrario. Y aunque el personaje en cuestión les resulte cuestionable respecto de su protagonismo durante la dictadura, entienden que las reglas y las instituciones están por encima de ello. “Con una condena alcanzaba” para evitar darle la razón a Patti, expresó a Página/12 una alta fuente judicial.