En 1987, cuando se pintó la cara y se alzó en armas, el entonces teniente coronel Aldo Rico sabía que este momento podía llegar. La Justicia federal de San Martín lo espera hoy para interrogarlo como acusado del secuestro de la hermana de la dirigente peronista de derecha Norma Kennedy y su marido. El ex intendente de San Miguel y ex diputado nacional podría negarse a declarar e incluso no presentarse. En ambos casos corre riesgo de terminar tras las rejas, por la gravedad de la imputación, como ocurrió tras aquel levantamiento contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El expediente sobre el caso Kennedy integra la megacausa sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura y contiene un testimonio que incrimina al carapintada.

Según pudo reconstruir Página/12, en 2003 se presentó en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín un vendedor de billetes de lotería que afirmaba haber sido testigo del secuestro de Delia Kennedy y su marido, en una esquina porteña, en mayo de 1976. El hombre aseguró que en 1987, cuando Rico fue enfocado por las cámaras de televisión durante el copamiento de Monte Caseros, lo reconoció como parte del grupo que hizo desaparecer a la hermana de la ex colaboradora de José López Rega. Aunque el testimonio haya aparecido tanto tiempo después, fue confirmado por una vecina de la desaparecida que hace un mes ratificó los dichos del vendedor de lotería. En este caso, la mujer indicó que se lo contó a Norma Kennedy, pero hasta ahora su declaración no había aparecido en la causa.

De todos modos, el juez Alberto Suárez Araujo entendió que había elementos suficientes para citar al carapintada a declaración indagatoria, prevista para hoy a las 9.30, por la privación ilegal de la libertad de la pareja. En el expediente Kennedy ya había dos testimonios de militares, entre ellos el del sargento Víctor Ibáñez, que daban cuenta del hecho aunque sin mencionar a Rico. Y estos últimos movimientos son consecuencia de la reactivación de toda la megacausa, a partir de la resolución de la Corte Suprema que revocó el fallo de la Cámara de San Martín que había declarado inconstitucional la nulidad de las leyes de impunidad.