Mientras espera en Santiago que la Justicia de Chile resuelva un pedido de extradición, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) maniobra para consagrar la impunidad. Utiliza como arma de negociación la fuerza parlamentaria que obtuvo en las últimas elecciones: 13 legisladores sobre un total de 120 bancas. El congresista Santiago Fujimori, hermano menor del extraditable ex presidente, ha presentado un proyecto de ley que les garantizaría a los congresistas inmunidad absoluta frente a cualquier acusación penal, incluso en los procesos judiciales que se les hayan abierto antes de su elección.

La medida favorecería a varios congresistas fujimoristas, incluido el propio Santiago Fujimori, que tienen causas abiertas en la Justicia por actos de corrupción cometidos durante la administración fujimorista, considerada por muchos como las más corrupta de la historia moderna del país. Pero los hermanos Fujimori no están solos. Con el apoyo de congresistas del oficialista partido aprista y de Unión Por el Perú (UPP), agrupación que apoyó la candidatura de Ollanta Humala pero que terminadas las elecciones se ha distanciado del Partido Nacionalista de Humala, el fujimorismo ha logrado poner a debate en el Congreso la “ley de impunidad”.

Si la ley impulsada por Fujimori llegara a aprobarse, se truncarían todos los juicios a los congresistas que tienen causas abiertas en la Justicia, sin importar cuándo se hayan iniciado éstas. Y el primer favorecido sería el propio Santiago Fujimori, acusado penalmente por haber sobrevaluado en ocho millones de dólares la compra de un avión presidencial para su hermano. En las próximas semanas debe iniciarse el juicio oral contra Santiago Fujimori por este caso –salvo que antes se apruebe la ley que él mismo promueve–. Santiago Fujimori también es investigado judicialmente por el pago de sobornos a jueces y fiscales durante el gobierno de su hermano.

Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y congresista desde julio, también se beneficiaría con la ley impulsada por su tío. Ella tiene pendientes procesos penales por corrupción, que también se truncarían. Y más allá de la familia Fujimori, son varios los parlamentarios del fujimorismo –otros dos ya tienen procesos judiciales en marcha por cargos de corrupción– que podrían comenzar a respirar tranquilos si pasa la ley de impunidad.

El fujimorismo está avanzando peligrosamente en su objetivo. Gracias a un entendimiento político con el oficialista partido aprista y con la derechista Unidad Nacional (UN), ha logrado colocar a sus representantes en puestos claves del Congreso.

María Cuculiza, quien fuera operadora política de Vladimiro Montesinos, el ex brazo derecho de Fujimori y encargado de hacerle los trabajos sucios, es la tercera vicepresidenta del Congreso que preside la aprista Mercedes Cabanillas. José Souza, abogado de Fujimori, encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde puede tener un rol clave para influir en contra de la extradición de su cliente. Souza también integra la Comisión de Fiscalización. Por su parte, el Ejecutivo, amparado en el argumento de que se trata de un tema exclusivamente judicial, se ha desentendido del proceso de extradición de Fujimori.

El presidente Alan García no muestra ningún interés en el tema. Hace unos días el jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Antonio Maldonado, quien venía dirigiendo activamente el proceso de extradición del ex presidente, abandonó su puesto luego de quejarse de falta de apoyo a su trabajo. Mientas el gobierno se mantiene mudo en el tema Fujimori y negocia políticamente con la bancada fujimorista, Alberto Fujimori sigue moviendo sus fichas desde Santiago y, según todo indica, ha logrado mejorar su posición frente al proceso de extradición. La ley presentada por su hermano Santiago para convertir en intocables a los fujimoristas es un salto hacia adelante en sus pretensiones de enterrar el proceso anticorrupción. En las próximas semanas, cuando esta ley deba votarse en el Congreso, se verá quiénes están de su lado.