Desde Bogotá

La mirada de Ingrid se pierde en la selva. Un campesino del Guaviare aseguró que la miró a los ojos, le tocó la mano y le escuchó un par de palabras desalentadas. Rumores de funcionarios de la salud se oyen desde la semana pasada: que la rehén más importante de las FARC fue atendida en puestos de las poblaciones de El Capricho y La Carpa a principios del mes de marzo. El defensor del Pueblo contó que la mujer se está desvaneciendo, que su estado de salud es grave. Pero al comienzo de esta semana las versiones empezaron a desmentirse. El gobierno presiona y las FARC amenazan. Los colombianos de esas tierras ahora están en la mirada del mundo. Y de ambos lados mandan a acallar los testimonios sobre la política Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, que se convirtió en el botín de guerra de la guerrilla colombiana para presionar un intercambio de prisioneros con el Estado colombiano.

Por un lado, el gobierno de Uribe, que implementó la política guerrista de seguridad democrática con alta inversión en el ala militar y denuncias frecuentes por violación a derechos humanos, pierde cuando el mundo se entera de que Ingrid Betancourt estuvo en aquellas zonas urbanas, que fue atendida por sus funcionarios públicos de salud y que salió de allí aún en poder de la guerrilla frente a los ojos de sus policías y su ejército.

El médico que se supone la atendió en el poblado de El Capricho desmintió ayer haberlo hecho y salió corriendo hacia Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. En un e-mail dijo que la semana pasada lo interrogaron policías y militares y siempre negó haber atendido a Ingrid.

Ayer, en noticieros de televisión colombianos se informó sobre presiones de las fuerzas militares colombianas a los funcionarios de hospitales y centros asistenciales de salud para que no dieran más información sobre el paso de Ingrid por sus pueblos pobres, húmedos y atestados de guerrilla y cocaína. El comandante del ejército en Guaviare, coronel Eugenio Ramos, dijo a los medios que su versión de los hechos es la misma que la que circula por los medios sin confirmación. “Escuchamos los mismos rumores, los mismos comentarios. No hay una persona en concreto que diga: yo la vi, yo la observé, yo me di cuenta”, declaró el militar sin lugar a preguntas sobre dónde opera y qué hace, en casos como éste, la inteligencia militar. Los campesinos del sur, en cambio, sí lo saben. La ley es el silencio.

“Si el gobierno admite la versión de que Betancourt fue atendida en puestos de salud estatales en el Guaviare se levantaría un reclamo para el Estado, que dice tener copado el territorio nacional con su fuerza pública. Que los funcionarios públicos y militares se percaten del desplazamiento de un contingente de la guerrilla (de cerca de 300 guerrilleros que custodian a Ingrid y otros secuestrados) para conducir a la mujer a un puesto de salud y para sacarla de allí, y no informe o actúen con el gobierno, es preocupante”, afirma Adolfo Maya, analista político.

Con una afirmativa del gobierno ante los rumores del paso de Ingrid afectada por hepatitis B y leishmanisis por suelos que no son la espesa selva ni el campamento escondido entre montañas se desmiente aquella versión de Uribe de que le está ganando la guerra a las FARC. Los muertos en combate y por traición de los mismos guerrilleros a miembros del secretariado de ese grupo alzado en armas (Raúl Reyes e Iván Ríos) han sido utilizados por el gobierno para mostrar a la comunidad internacional que es la guerrilla la que más necesita del intercambio humanitario, y no la sociedad civil, los familiares de los rehenes y la comunidad internacional que lo presiona y facilita. Pero con lo que se supo de Ingrid en el Guaviare la visión es muy distinta.

Sin embargo, las noticias de que Ingrid está mal y empeora su estado emocional y físico en manos de la guerrilla también es conveniente para Uribe. Y supo aprovecharlas el jueves pasado, cuando ofreció, gracias a un decreto extraordinario, despenalizar a los guerrilleros que se entreguen y cooperen en la liberación de Ingrid y los demás secuestrados. “Con ello, el gobierno quiso dejar la responsabilidad por un posible desenlace fatal del caso de Ingrid en manos de las FARC. Es una carta de presión”, opina Maya y agrega que “podría decirse que las FARC están llevando a Ingrid a centros de atención médica por razones humanitarias. Pero que pase con Ingrid algo distinto a su regreso con vida a la libertad sería tan negativo para el gobierno como para la guerrilla. La comunidad internacional se le vendría encima a Uribe por su fracaso. A las FARC se les hará un juicio desde los tribunales, en la historia. Pero a un gobierno legítimo le toca toda la responsabilidad”.