Con un diagnóstico mucho más cercano al que plantean las organizaciones de pequeños y medianos productores, condenando la concentración sojera de la producción agrícola y ofreciendo medidas para mejorar los resultados para las unidades productivas menores y más alejadas de los puertos, el Gobierno buscó ayer encarrilar el conflicto, pero sin expectativas de solucionarlo definitivamente. “Tienen derecho a protestar, pero háganlo a un costado de la ruta”, reclamó la presidenta Cristina Kirchner después de anunciar las medidas, admitiendo que era consciente de que el conflicto continuaba. La respuesta de una dirigencia rural que no se tomó tiempo de meditar la propuesta, sino que esperaba el fin del discurso oficial ya con la conferencia de prensa convocada y reunida, fue que “no se modificó en esencia” la situación planteada al convocar al lockout. “Por lo menos, mejora el diagnóstico, que si se hubiera hecho en el arranque de este conflicto nos habría ahorrado bastantes tensiones”, concedió Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria. Aceptó otro avance, como la compensación del costo de fletes para productores del Norte del país, aunque puso en duda su efectividad. Tanto Buzzi como los demás integrantes de la cúpula empresarial agropecuaria utilizaron un tono mesurado para anticipar su rechazo a medidas que, dijeron, “habrá que analizar más detenidamente”. Y dejaron la decisión sobre la continuidad del lockout en manos de los agricultores y terratenientes autoconvocados en las rutas, que de inmediato se pronunciaron por mantener las medidas de fuerza.

El acto en la Casa de Gobierno, donde habían sido convocados la mayor parte de los gobernadores de provincias y los intendentes de municipios del conurbano, comenzó con una descripción de Martín Lousteau del actual estado del desarrollo agropecuario argentino. En términos críticos, se refirió al avance de la soja sobre otros cultivos, provocando una pérdida de producción absoluta en éstos, pérdida de calidad del suelo, nulos resultados en materia de creación de puestos de trabajo y encarecimiento en el valor de los alquileres de los campos.

Hizo referencia enseguida a la fuerte concentración en la producción de soja, en la que dijo que cuatro mil productores representan más de la mitad de la producción nacional de la oleaginosa. “Al comenzar esta campaña (ese grupo) tenía como perspectiva facturar 5800 millones de dólares, pero por la variación del precio, incluso descontando el nuevo nivel de retenciones a la exportación, están obteniendo 1000 millones más”, aseguró. En el otro extremo del espectro, señaló Lousteau, se encuentran 62.500 productores, el 80 por ciento del total, que apenas suman el 20 por ciento de la producción.

“Está claro que hay que diferenciar entre pequeños y grandes productores”, subrayó, antes de ingresar en el anuncio de las medidas. Estas buscan retrotraer al 10 de marzo (antes de establecerse las retenciones móviles) la situación de los pequeños y medianos productores (hasta 500 toneladas de producción), reintegrándoles automáticamente la diferencia de retenciones respecto de la alícuota del 35 por ciento vigente hasta esa fecha. Ayer, la retención promedio para las exportaciones de soja y sus derivados se ubicaba en 41,5 por ciento, 2,6 puntos menos que el día que se establecieron las alícuotas móviles. Los beneficiarios deberían ser los 62.500 productores antes mencionados, según explicitó luego Cristina Kirchner.

Otras medidas anunciadas ayer (ver detalle aparte) son la compensación por costo diferencial de fletes para productores de las provincias del Norte del país, la apertura del registro de ventas externas de trigo para un remanente de un millón de toneladas, políticas de apoyo a la producción lechera, respaldo crediticio del Banco de la Nación a productores “empezando por los de pollos y leche”, según Lousteau, y la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que implementará políticas que hagan “más sustentables las pequeñas unidades productivas”.

La Presidenta, que habló después de Lousteau, justificó “el doble sistema de retenciones por un lado y compensaciones por otro, para que los precios internos no se vuelen” con la suba internacional. Insistió en el enorme salto de ganancias que logró la producción de soja, condenó los desmontes y pérdida de bosques para sembrar la oleaginosa, así como la utilización de glifosato (agroquímico) para eliminar malezas y plagas.

Cristina Kirchner les pidió, hacia el final, “a todos aquellos que creen que sus derechos han sido vulnerados y tienen derecho a manifestar, que lo hagan al costado de la ruta, que permitan el paso de los camiones que llevan insumos, los alimentos para el pueblo y los insumos para la industria y los servicios (...); les pido que recapaciten”.

Como el Gobierno ya descontaba antes de hacer los anuncios, el paro empresarial agropecuario seguirá hasta mañana, por lo menos. Ayer planteó un nuevo escenario con las medidas, pero falta que demuestre y convenza de sus alcances, sobre todo, a los pequeños productores que deberían ser los beneficiarios. La experiencia, hasta ahora, indica que productores de cultivos ajenos a la soja e, incluso, de carne que utilizan granos como insumo están acompañando el paro. Otra de las particularidades de este lockout, cuya lógica no lineal es un interrogante que el Gobierno todavía no logró resolver. Y que a la dirigencia rural, cada día que pasa, se le torna más difícil de conducir.