La Cámara de Diputados le dedicó más de ocho horas de su última sesión al debate sobre el conflicto por las retenciones móviles que desató el lockout agrario. Se confrontaron cuatro iniciativas diferentes, aunque todas ellas no eran más que proyectos de declaración. Es decir, las distintas bancadas tomaron posturas políticas frente al paro de las organizaciones agropecuarias, pero sólo a través de declaraciones. Sin embargo, en el Congreso hay en trámite casi una decena de proyectos de ley sobre la situación agraria –con origen en prácticamente todos los bloques parlamentarios, incluido el kirchnerismo– que promueven mejoras en las condiciones económicas de los pequeños y medianos productores. Pero estas propuestas nunca llegaron a tratarse en el recinto.

El kirchnerista bonaerense Luis Ilarregui rescató a principios de este año un proyecto propio de 2006, que había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. Allí, el diputado plantea la “extensión de los contratos de arrendamientos” con el objetivo de proteger a los pequeños y medianos productores de los grupos de inversión o pooles de siembra.

“Los contratos son generalmente de tres años, donde los inversionistas y pooles siembran los granos más rentables, siembran solamente soja, luego se van y dejan los campos en condiciones deplorables. Después el pequeño productor es el que tiene que rotar la producción para recuperar la tierra con cosechas menos rentables”, sintetizó Ilarregui a Página/12. “Lo importante es abrir un debate sobre este tema que es preocupante. La gente del INTI ha tomado el proyecto como ejemplo, aunque también plantea una forma de regulación sobre esos pooles. Es un debate que debemos dar porque está en juego el futuro agropecuario del país”, agregó.

Ya en 2007, los diputados que luego conformaron el ARI Autónomo y el socialista Hermes Binner oficiaron de retransmisores de tres proyectos promovidos y redactados por los técnicos de la Federación Agraria Argentina (FAA), la organización que representa al grueso de los pequeños y medianos productores. El primero de ellos apunta a amparar bajo una misma legislación los “contratos agropecuarios” y adecuarlos a una nueva realidad agraria: la aparición de contratistas y los pooles de siembra que arriendan sus campos para expandir sus cosechas. La extensa propuesta recopila todas las experiencias que atravesaron miles de productores para darle un marco jurídico y proteger las propiedades de los pequeños y medianos agricultores, que no siempre recibían los beneficios económicos pactados, aunque siempre iban asociados a los riesgos y las pérdidas, y la mayoría de las veces con sus tierras empobrecidas por los monocultivos sojeros.

Los otros dos proyectos promueven la creación de instrumentos para proteger las producciones desfavorecidas por la rentabilidad económica de las cosechas de granos. Una con la instrumentación de un Plan Ganadero Nacional que “recupere el stock bovino, fije un precio sostén mínimo” y consiga “modernizar y unificar los estándares sanitarios”. También la creación del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina, un ente autárquico que reúna a los productores, la industria, los comercializadores, las asociaciones de consumidores y el Estado”, para de-sarrollar el sector.

También durante 2006 y 2007 la arista santafesina Susana García promovió la creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Rural, “con proyectos sustentables destinados a las poblaciones rurales, las producciones familiares y los trabajadores rurales sin tierra”, a través de un instituto autárquico solventado por un fondo fiduciario. El otro proyecto proponía la derogación de la vieja ley 22.428 (de 1981) sobre “manejo sustentable de los suelos y los recursos naturales” para adecuarlos a las nuevas características de la actividad agropecuaria. Entre ellas, regular la utilización de semillas transgénicas y agroquímicos.

Ya iniciada la crisis que desató el paro agropecuario, el diputado socialista y productor entrerriano Lisandro Viale presentó un proyecto de compensación en las retenciones para los pequeños y medianos productores. La escala de compensación, que se devolvería a los productores inscriptos en el registro de Operadores de Granos a través del CBU, se diferenciaba por cantidad de toneladas y tipo de grano exportado.

Los diputados kirchneristas tucumanos Gerónimo Vargas Aignase y Beatriz Rojkés –esposa del gobernador José Alperovich– hicieron suyo un proyecto para compensar el flete a los pequeños exportadores alejados de los puertos.

Ninguno de todos estos proyectos llegó al recinto. De haberlo hecho, tal vez hubieran descomprimido la situación de la mayoría de quienes se volcaron a cortar las rutas.