Carlos Lordkipanidse, ex detenido desaparecido de la ESMA, recordaba a la perfección la cara del represor Ricardo Miguel Cavallo. Pero habían pasado casi treinta años desde la última vez que lo vio tan de cerca. A unos pocos centímetros, como ayer, que se lo cruzó de casualidad en el pasillo del juzgado de Sergio Torres donde llegaba detenido, recién extraditado. “¡Asesinooooooo!”, le gritó directo en la oreja, tanto que el torturador debe haber sentido el calor del aliento. En las oficinas aledañas se hizo un silencio profundo. Cavallo, alias “Sérpico” y “Marcelo”, corrió la cara con la mirada hacia el piso. La frialdad es una de las características que siempre le atribuyeron sus víctimas. La misma que mostró para decirle al juez Torres que de la apropiación de bienes de desaparecidos –el primer hecho por el cual lo indagó– no sabía nada, y que en la Armada no existió ninguna asociación ilícita.

La extradición de Cavallo se precipitó después de una decisión de la Sala III de la Audiencia Nacional de Madrid, que el 13 de marzo resolvió archivar el expediente que tramita en España, donde está acusado de genocidio, tortura y terrorismo por los crímenes cometidos en la ESMA.

El tribunal sostuvo que es prioritario que actúe la Justicia del país donde ocurrieron los hechos y argumentó que en Argentina –al haber caído las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– ya no hay obstáculos para el enjuiciamiento. La única razón por la que el represor seguía preso allí era el trámite de extradición iniciado por el juez Torres en enero de 2007, tras la primera declaración de incompetencia de la Audiencia.

De acuerdo con las leyes españolas, como el marino llevaba más de un año de prisión preventiva, ayer mismo iba a ser puesto en libertad. Por eso Torres pidió que lo trajeran “urgente”. Así fue como cambió la cárcel española por el penal de Marcos Paz. Cavallo está acusado de múltiples delitos en la megacausa ESMA, como el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y el de un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Sus víctimas lo han descripto como un personaje frío y solitario, capaz de despertarlos a medianoche para jugar al ajedrez o llevarlos a comer con él. Lo recuerdan, también, saliendo de la tortura con la camisa abierta, maldiciendo, pidiendo una Coca-Cola.

La indagatoria de “bienvenida” se focalizó en otro delito: su participación en una asociación ilícita dedicada a apropiarse de los bienes de las personas secuestradas en la ESMA. Como parte de esa organización, ya fueron procesados otros represores como Jorge “Tigre” Acosta, Carlos José Paso, Jorge Rádice, además de Eduardo Enrique Massera, hijo del ex jefe de la Armada, Emilio Massera.

Cavallo, de 56 años, fue llevado directamente desde Ezeiza al juzgado de Torres, con un gran operativo de seguridad que incluía personal penitenciario, de Interpol y la Policía Federal. Estuvo en los tribunales de Retiro menos de una hora porque no quiso declarar. Sólo negó conocer a los demás imputados, así como la existencia de una organización delictiva en la ESMA. Guiado por su abogado Alfredo Solari, dijo que quiere revisar las pruebas en su contra, por lo que no se descarta que pida ampliar su indagatoria. También solicitó que lo viera un médico. Y reclamó la excarcelación en virtud del tiempo que lleva preso desde que el periodista José Vales lo ubicó en México, en agosto de 2000.

La investigación sobre el desapoderamiento de bienes de las víctimas del terrorismo de Estado abarca casos como el de la apropiación de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, que pertenecían a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. A Marcelo Hernández le robaron un auto Peugeot y denunció que las mismas personas que lo secuestraron sacaron más de 500 mil dólares de su casa. Rosario Quiroga fue obligada a transferir una casa en Munro. A Nilda Noemí Actis le hicieron firmar tres poderes para entregar dos departamentos.

“El próximo paso, más adelante, será indagar a Cavallo por su papel en los secuestros, torturas, asesinatos y homicidios que no estén comprendidos en la causa de España. Porque nosotros insistimos en que sea juzgado en ese país”, explicó el abogado querellante Rodolfo Yanzón. En efecto, según funcionarios judiciales, el juzgado y la fiscalía están estudiando en detalle las posibles imputaciones para que no se superpongan las que fueron analizadas en España para evitar que el represor haga un cuestionamiento por “doble juzgamiento”.

En España, incluso, aún no está descartada la posibilidad de que el caso se reabra y por eso la extradición tramita como “temporaria”. El sobreseimiento de Cavallo y el archivo del expediente fueron decisiones apeladas tanto por la fiscalía como por los querellantes. El abogado Carlos Slepoy, que representa a la Comisión de Solidaridad con las Familias de Desaparecidos y Muertos en la Argentina, recordó que en Madrid ya se habían cumplido todos los pasos de la investigación para juzgar a “Sérpico” “mientras en la Argentina se abriría una larga etapa de instrucción”. Allí, incluso, la pena mínima que afrontaría el represor era de 13.332 años de cárcel y la que pidió la fiscalía es de 17.010 años.

Las organizaciones de derechos humanos nucleadas en el colectivo Justicia Ya! cuestionaron “la demora injustificada que significa la interrupción del proceso que se sigue en Madrid cuando solo falta el tramo final del procedimiento para iniciar otro en Argentina desde foja cero”. Le reclamaron a Torres que lo indagara “por todos los crímenes que cometió en la ESMA” y por “genocidio”. Le entregaron un listado de 345 personas desaparecidas que estuvieron secuestradas en la ESMA, otras 50 que luego fueron asesinadas y 275 sobrevivientes. El escrito repasa las múltiples funciones que tuvo Cavallo en ese centro clandestino. Uno de los que había ido a llevar la presentación era Lordkipandise.