El gobierno boliviano analizará hoy qué postura tomar luego de que la OEA reclamara a las provincias autonomistas que dialoguen antes del 1º de mayo con el presidente Evo Morales. “Vamos a demostrar que tenemos la más absoluta predisposición para dialogar, flexibilizar el tema del impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y compatibilizar los estatutos autonómicos con la Constitución”, aseguró el ministro de Defensa, Walker San Miguel. De visita en México, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, solicitó misiones internacionales para evitar hechos violentos en la provincia de Santa Cruz, donde la derecha realizará un referéndum autonómico el 4 de mayo. En cambio, diversas organizaciones sociales salieron ayer a rechazar la consulta y apoyar el diálogo.

Con el tiempo en contra, Morales se reunirá hoy y definirá sus próximos pasos en su intento por frenar lo que el gobierno entiende como una cruzada secesionista por parte de la oposición del rico departamento de Santa Cruz. “El gobierno va a poner toda la voluntad para el diálogo”, señaló Walker San Miguel, al anunciar la reunión de Gabinete.

El sábado pasado el Consejo Permanente de la OEA respaldó al gobierno de Bolivia frente a los departamentos autonomistas y realizó un enfático llamado al diálogo. Asimismo, el presidente del Consejo, el embajador de Barbados Michael King, anunció que la OEA monitoreará los sucesos en Bolivia y antes del próximo 4 de mayo presentará un informe de sus gestiones.

La consulta convocada por la oposición desde la prefectura y el comité cívico de Santa Cruz para aprobar o rechazar la autonomía de esa provincia fue declarada ilegal por el gobierno central y la corte electoral. Sin embargo, todos los llamados al diálogo de Morales no pudieron detener hasta ahora a los opositores que estimulan referendos similares para las próximas semanas en el departamento Tarija, que alberga más de 80 por ciento de las enormes reservas de gas de Bolivia, y en los distritos amazónicos Beni y Pando.

Mientras tanto, la mayoría de los movimientos sociales siguen pronunciándose en oposición a la consulta. El jueves pasado Morales concentró en un pueblo de Santa Cruz a unas 50.000 personas en conmemoración de la muerte de dos niños que provocó una revuelta contra la oposición. Frente a campesinos, transportistas, artesanos y juntas vecinales, el acto significó un rechazo al referéndum en momentos en que trabajadores de las industrias aceiteras denunciaron que fueron amenazados con ser despedidos sino votaban a favor de la autonomía cruceña.