Desde París

El Parlamento europeo aprobó con una facilidad y una mayoría desconcertantes uno de los textos más controvertidos de los últimos años sobre la regulación de los flujos migratorios. Por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, el Europarlamento adoptó en pocas horas la escandalosa Directiva Retorno mediante la cual se fijan reglas no comunes para la admisión de extranjeros sino un método drástico para expulsarlos. La directiva establece que los inmigrados ilegales podrán ser detenidos por un período que va hasta los 18 meses si rehúsan dejar el territorio europeo voluntariamente. El texto también estipula que los menores de edad son igualmente expulsables y que las personas expulsadas del territorio eurocomunitario no podrán regresar durante un lapso de cinco años.

Repudiada por varios gobiernos de América latina –los países de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN y Uruguay protestaron enérgicamente (ver aparte)–, criticada por el Vaticano, la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Directiva Retorno pasó en virtud de una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y, sobre todo, gracias a las ya absurdas divisiones del grupo socialista. Por esa razón el texto pasó limpio, es decir, sin ninguna de las enmiendas propuestas por los opositores. Envueltas en frases de un delicado cinismo, la Directiva abre paso a prácticas que hasta ahora eran impensables en las grandes democracias de Europa. La posibilidad de que un menor sea expulsado es, por ejemplo, uno de los capítulos menos gloriosos del texto que adopta únicamente una estrategia policial frente al fenómeno de la inmigración. La eurodiputada socialista francesa Martine Roure explicó que el resultado de los compromisos que facilitaron el voto era “insuficiente en materia de protección de los derechos fundamentales”. Más virulento, el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania habló de una “Directiva inhumana impuesta por los gobiernos”. En cambio, el europarlamentario español Agustín Díaz de Mera (Partido Popular) explicó que “el acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible, como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente”. De los 27 países, siete autorizan un período indefinido de arresto de ilegales, mientras que en 16 países, entre ellos Francia y España, el lapso no puede exceder los 32 o los 40 días.

El texto sometido al voto rompió la lógica de los grupos políticos. Los socialistas se quedaron estancados en sus divisiones y ello quedó plasmado en el voto cuando varios socialistas aprobaron la Directiva. “No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea”, dijo el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo). Los adversarios del texto –ecologistas, socialistas y comunistas– argumentan que su aplicación desembocará en un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable. La aprobación de la Directiva Retorno es un esbozo de la política inmigratoria global que se avecina. La Directiva constituye una pieza más en el ya duro proceso de reorganización y endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esta debería acentuarse aun más cuando Francia asuma el próximo 1º de julio la presidencia rotativa de la Unión. París pugna por la aprobación de un “pacto europeo” cuyos ejes son una suerte de “contrato de integración” que contempla el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa y, sobre todo, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales, así como una política común de asilo. Francia busca evitar que uno de los Estados de la UE proceda a regularizaciones masivas sin el acuerdo de todos los demás miembros. Según cifras de la Comisión Europea, entre uno y dos millones de inmigrantes llegan a Europa legalmente cada año. La misma fuente calcula que existen hoy 8 millones de extranjeros clandestinos. En el primer semestre de 2007, 200 mil ilegales fueron arrestados dentro de la UE. De esos 200 mil, 90 mil fueron expulsados. La Directiva Retorno consagra la visión represiva de una derecha europea que gana votos con el espantapájaros de la inmigración. La decencia y la defensa de sus ciudadanos imponen hoy una respuesta adecuada de los timoratos países latinoamericanos que, desde hace años, toleran que sus ciudadanos sean objeto de tratos impensables en los aeropuertos y comisarías sin protestar o actuar con la energía que se impone. Los casos de golpes, insultos racistas, abusos y expulsiones excesivas llenan un catálogo vergonzoso de la discriminación. La UE tiene hoy un texto común que abre la vía a más abusos. El silencio de la gran mayoría de las cancillerías latinoamericanas y los parlamentos nacionales ha sido, hasta ahora, un aliado de abrumadoras vejaciones. Ayer, las protestas se hicieron escuchar. Demasiado tarde.