“Cuando los operadores se encuentran con chicos en situación de calle, no tienen demasiadas opciones: a veces tienen que dejarlos en Constitución o llevarlos hasta la provincia, si su familia vive fuera de la ciudad. Muchos operadores no pueden trabajar en estas condiciones y están pidiendo pase a otros sectores.” La situación, relatada por una empleada del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, da cuenta de la nueva situación generada por el cierre de paradores para chicos de la calle y por la suspensión de programas vinculados con los derechos de los chicos, que no fueron reemplazados por otros. “Hay ausencia de gestión”, afirmó el abogado Gustavo Gallo, uno de los voceros del Foro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad que le reclaman al gobierno de Mauricio Macri un informe sobre las políticas en esa área. El titular del Consejo, Jorge San Martino, rechazó los cuestionamientos, deslindó responsabilidades en otras áreas del Estado porteño y adelantó que en una semana comenzará a responder el pedido de las organizaciones.

El cierre de paradores para niños, los programas discontinuados y la precarización laboral que afligen a los profesionales y empleados fueron los principales problemas que, sobre políticas de niñez, plantearon las organizaciones que adhieren al foro, al hacer público ayer el pedido de informes que presentaron hace 17 días.

El Centro Carlos Cajade y Ciberencuentros son dos de los espacios que fueron desactivados por el Ministerio de Desarrollo Social para ser administrados por ONG, pero que aún se encuentran inactivos, denuncia el foro. En cuanto a los programas que no continúan, ponen como ejemplo el llamado “Puentes Escolares”, del Ministerio de Educación, para la escolarización de chicos en situación de calle, que beneficiaba a entre 300 y 400 niños y adolescentes.

San Martino, consultado por PáginaI12, afirmó que de las quince preguntas que hace el foro, “la mayoría corresponde a otros ministerios, por lo que vamos a girar las consultas a cada uno de los involucrados para que las respondan”. Es que, en efecto, las políticas para la niñez son implementadas por los distintos ministerios, mientras que el Consejo se limita a diseñar políticas y supervisar su cumplimiento.

–¿Por qué el Consejo, que se ocupa de velar por los derechos de los niños, no pidió informes a los ministerios sobre el levantamiento de programas y el cierre de paradores, y tuvo que esperar que lo haga una organización civil? –preguntó este diario.

–El levantamiento de programas responde a una evaluación de cada organismo que nosotros desconocemos. Y respecto de los paradores, no es la única política pública destinada a los niños en situación de calle. También se incluyen hogares, y en invierno, el “Operativo Frío”, para albergar a chicos en un Polideportivo de Parque de los Patricios los días de temperaturas muy bajas.

Los propios empleados del Consejo advierten que se desactivaron programas importantes, como el de Erradicación del Trabajo Infantil y el de Explotación Sexual de Niñas, y que el primero de ellos se reactivó el 12 de junio último, en coincidencia con el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. San Martino negó que el programa hubiera sido suspendido y afirmó que la semana pasada fue “reforzado”.

Otro de los reclamos de las organizaciones es por la transferencia de competencias de la Nación a la ciudad en materia de asistencia a unos 600 niños en situación de vulnerabilidad social internados en hogares. “Hay una mora de la ciudad en la implementación de políticas para este sector, que coincide con la asunción de las nuevas autoridades”, destacó Leonardo Petris, del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño (Casacidn).

Entre los programas discontinuados, señalan en el Foro, se encontraba el de educación sexual en escuelas, que primero fue suspendido y luego se anunció que sería repuesto en Educación. También se interroga sobre otro programa de asistencia a niños con VIH-sida.

“Los programas se han venido cerrando porque dicen que están en una etapa de evaluación, pero mientras tanto los pibes no tienen garantizados sus derechos”, enfatizó Franco Giglino, de la Federación para la Protección de la Infancia y la Adolescencia en Riesgo (Fapiar), otra de las integrantes del Foro. “La consecuencia es que por la falta de políticas de inclusión hay más chicos institucionalizados”, agregó Daniela Zulcovsky, de Casacidn.

El foro está integrado por Casacidn, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la APDH y la CTA, entre otras organizaciones.

Un capítulo aparte es el de la “precarización laboral” de los trabajadores y profesionales que se desempeñan en el área de Niñez. Según denunciaron los propios afectados, “la casi totalidad de los profesionales y empleados que trabajan en programas sociales están trabajando sin contratos: en enero nos dijeron que nos iban a renovar cada tres meses, pero estamos en junio y nunca firmamos un papel. Cobramos todos los meses, pero estamos en el aire”.