En línea con los demás países de la región, el gobierno argentino rechazó la “Directiva Retorno”. “Establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”, informó en un comunicado de la Cancillería. En el texto, el Gobierno sostiene que migrar no es un delito, y compara la legislación europea con la propia al decir que, a través de la Ley de Migraciones, Argentina reconoce la plena igualdad de derechos civiles para extranjeros y nacionales. A la ola de rechazos a la nueva ley europea también se sumaron las Madres de Plaza de Mayo. En una “Carta Abierta a la Comunidad Económica Europea”, dirigida a los “que se están convirtiendo en mujeres y hombres sin corazón”, la asociación pide que se revea la iniciativa. “Las medidas discriminatorias que quieren implementar con los inmigrantes de todos los países del llamado tercer mundo, con prisión o deportación, son medidas salvajes”, se lee en el texto que lleva la firma de su titular, Hebe de Bonafini. La carta interpela a los países que en el pasado “usaron a los inmigrantes como mano de obra barata y ahora ante la decadencia de estos Estados, los condenan a volver al hambre y a la desesperación”.