La nueva ley antiinmigratoria europea sigue generando roces diplomáticos desde ambos lados del Atlántico. Para la Unión Europea (UE), la amenaza del presidente venezolano, Hugo Chávez, de suspender el envío de petróleo a los países que adopten la norma es una exageración. Desde el gobierno español, las reacciones de repudio latinoamericanas se deben a una falta de comprensión de la Directiva Retorno, y anunciaron que lanzarán una campaña de información. En Latinoamérica, la ola de rechazos a la norma sigue creciendo.

El encargado de fijar la postura de los 27 Estados fue Javier Solana, el alto representante de la UE para la política exterior. “Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada”, sostuvo desde la cumbre del bloque que finalizó ayer, en Bruselas. En el mismo sentido se expresó el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país detenta la presidencia rotativa de la Unión. “Las primeras reacciones son quizá exageradas, quizá vienen de no entender lo que esto significa. Alguien quizá leyó un artículo en los diarios y no entendió realmente qué tipo de amenaza puede o no ser esto”, dijo.

El jueves a la noche, en una conferencia de prensa, el presidente Chávez se había mostrado indignado por la “directiva del bochorno” y había amenazado con cortar las exportaciones de crudo. “Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países europeos”, dijo, en referencia a los que apliquen las nuevas leyes migratorias. Sin embargo, en Europa relativizaron las declaraciones del mandatario bolivariano. “Como es bien sabido, se da la paradoja de que Venezuela abastece principalmente de petróleo a Estados Unidos, así que si deciden bloquearnos el suministro, no representaría un gran cambio para nosotros”, señaló el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Según los últimos datos disponibles de la Comisión Europea, el crudo venezolano representa sólo el 0,9 por ciento de las importaciones de petróleo de la unión.

Pero entre sus advertencias, el presidente venezolano también había incluido las inversiones que la UE tiene en Venezuela. “Aquí no nos hacen falta. Vamos a revisar las inversiones que tiene aquí para aplicar nosotros también una directiva de retorno. ¡Retornen sus inversiones para allá!”, enfatizó. Esta amenaza es particularmente sensible para España, que tiene una presencia importante de capitales en los sectores bancario, energético, hotelero, gestión del agua, eléctrico y editorial, según datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas.

Tras conocer las declaraciones de Chávez, no tardó en reaccionar. “Quizá lo que convenga es explicarle exactamente al presidente de Venezuela en qué consiste esa directiva”, afirmó el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Bruselas. “El ministro español de Asuntos Exteriores (Miguel Angel Moratinos) lo hará si es necesario, para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva”, agregó. Al término de la cumbre, la vicepresidenta de su gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que España hará un “esfuerzo diplomático de información” con los países latinoamericanos, con el fin de explicar que la Directiva Retorno “no es aplicable” en su país. Actualmente, la ley del país ibérico permite una retención máxima de 40 días, que el gobierno socialista pretende ampliar a 60.

Las reacciones de repudio de los países latinoamericanos siguieron sumando adeptos. El presidente de Perú, Alan García, llamó ayer a organizar una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la controvertida decisión del Parlamento europeo. “Creo que de allí podríamos tener una sola voz y, oportunamente, podríamos asistir los presidentes; yo estaría dispuesto a concurrir porque estamos hablando de un millón y medio de peruanos”, sostuvo. Por su parte, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, afirmó que la medida es injusta, y que si se aplica, Europa “se convertirá en una gran cárcel de inmigrantes de los otros continentes”. Según explicó, actualmente residen en España unos 50 mil paraguayos.