El gobierno de Bolivia acusó de intento de matar al presidente Evo Morales a dos miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) detenidos ayer con un fusil con mira telescópica y municiones cerca del aeropuerto por el que debía pasar el mandatario, pero la Fiscalía de Santa Cruz los liberó esta tarde.

El viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, informó ayer que los dos jóvenes de UJC, detenidos con un fusil Máuser con mira telescópica y alrededor de 300 municiones, fueron puestos en libertad por el Ministerio Público de Santa Cruz, lo cual fue calificado de “dramático” y “preocupante”.

“Este es el episodio más grave de la serie de atentados contra los funcionarios del Ejecutivo y son inmediatamente puestos en libertad. No entendemos la razón que tuvo la Fiscalía para proceder de esta manera, estamos hablando de la tentativa de un magnicidio contra el presidente de la República”, dijo el funcionario.

Por su parte, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz, coronel Wilge Obleas, informó que pusieron a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía a los dos unionistas, ambos de 20 años, identificados como Carlos Domínguez Cabrera y Junior Vaca Méndez. De acuerdo con el jefe policial, ambos fueron detenidos en inmediaciones del mercado de La Ramada y no cerca del aeropuerto cruceño del Trompillo, como informó en primera instancia Llorenti.

“Los trabajos preventivos contra la delincuencia permitieron que una patrulla de la policía que se encontraba en inmediaciones de La Ramada arrestara a dos personas sospechosas y al requisar el maletín que tenían se encontraron un fusil Máuser desarmado con mira telescópica, además de 20 balas calibre 7.65”, dijo Obleas.

Llorenti explicó que Morales viajó el jueves a Santa Cruz, feudo de la oposición regional, para participar de un acto de entrega de maquinaria pesada y recursos para el desarrollo regional en el municipio de Cotoca.

“Pocos minutos antes de la llegada del presidente (al aeropuerto El Trompillo) se detuvo a dos miembros de la UJC, uno de ellos portando un fusil con mira telescópica y con 300 cartuchos para esa arma”, reveló a la prensa.

A su juicio, “la tentativa de homicidio” podría estar vinculada “a sectores que no descartan ninguna posibilidad para alcanzar sus objetivos, y en este caso ante clarísimos indicios de un magnicidio”.

“Aparentemente estas personas tenían que trasladarse al edificio del cine Center, que es el más alto de la zona, cuya azotea ofrece una vista panorámica del aeropuerto”, informó el viceministro. Explicó luego que los miembros de la UJC “son personas que han sido entrenadas y están organizadas para el ejercicio de la violencia, para imponer los criterios de ciertas autoridades cívicas o prefecturales a través de la fuerza.”

De acuerdo con el relato de la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, antes de la detención de los dos unionistas, “una docena de miembros del grupo de choque de los dirigentes cívicos cruceños se manifestaron en El Trompillo en contra de la llegada del jefe de Estado”. Por otra parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), amenazó ayer con paralizar el aparato productivo del país si el gobierno “no cambia de política económica”, mientras que el Ejecutivo dice que hay un “plan de desestabilización” impulsado por los prefectos (gobernadores) y cívicos de la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando).

El presidente de la CEPB, el cruceño Gabriel Dabdoub, acusó al gobierno de Morales de poner “contra el paredón a la economía boliviana. El obsesivo deseo de poder y el interés exclusivo en la política nos han traído al umbral del fusilamiento de la economía”.

Los empresarios también consideran que el “enfoque policíaco” para resolver la inflación no funciona. La prohibición de exportar pollo, carne, harina, maíz, soya (soja), aceite y derivados de estos productos (para evitar suba de precios internos) “daña a transportistas, a sus familias y a los pequeños productores”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, denunció que la amenaza de la empresa privada forma parte de un “plan de desestabilización” a la administración del presidente Morales y anunció que “en unas horas más” presentará pruebas y precisiones de ese plan.