Más de 140 mil colombianos sobrevivieron a los tormentos, el acoso y los ataques de los paramilitares. La cifra la presentó, orgulloso, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA Sergio Caramagna. “Hoy hay miles de colombianos que se reconocen como víctimas y buscan defender sus derechos”, se congratuló el hombre que desde hace cuatro años vigila la desmovilización y el desarme de los grupos de extrema derecha. Pero la OEA todavía no se anima a hablar de muertos ni desaparecidos. “No tenemos evidencias para hablar de cifras concretas”, dijo una fuente de la organización que sigue el caso colombiano desde Washington. Sin embargo, los abogados de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales ya hablan de 30 mil desa-parecidos y decenas de miles de asesinados.

Según Liliana Uribe, una abogada que trabaja en el Proyecto Colombia Nunca Más, sólo en Antioquia –el feudo del presidente Alvaro Uribe– existen siete mil casos de desapariciones forzadas registrados en la Fiscalía. Su organización, en tanto, ya recibió más de 18 mil denuncias de asesinatos a manos de grupos paramilitares. “Es verdad que la violencia paramilitar fue muy dura en Antioquia, pero también hubo miles de desaparecidos en Putumayo, Chocó y el norte de Santander”, agregó la abogada de derechos humanos y recordó que Colombia tiene 33 departamentos. Las diferencias entre las organizaciones de derechos humanos colombianos y la OEA se vuelven aún más evidentes cuando analizan el presente. La organización con base en Washington ha cuestionado algunos aspectos del proceso de desarme de los paramilitares, pero en general lo apoya. “La desmovilización no es el fin de un proceso de construcción de la paz. Si la sociedad colombiana, las instituciones y el gobierno son capaces de tener la voluntad y la decisión de avanzar en ese sentido, entonces el desarme adquiere una dimensión muy importante”, reivindicó Caramagna, el sociólogo argentino que lidera la misión en Bogotá.

Según una fuente de la OEA, que pidió no revelar su nombre, la seguridad ha mejorado “muchísimo” en Colombia. “Aunque hay lugares donde la situación está un poco complicada todavía”, admite. Uno de estos lugares es Medellín. Según reconoció la policía local, más de 530 personas fueron asesinadas en lo que va del año. En los últimos años la cifra venía disminuyendo. El rebrote fue tan notorio que el propio alcalde, Alonso Salazar Jaramillo, tuvo que salir a reconocer que muchos ex paramilitares habían retomado los viejos hábitos.

La OEA también reconoce esto, pero niega tener evidencias sobre su ideología contrainsurgente. “Las nuevas bandas tienen una casi exclusiva dedicación al narcotráfico. No hemos constatado acciones contra las guerrillas que las definan como paramilitares”, reiteró ayer Caramagna. Pero el reciclaje paramilitar, como ya lo bautizaron los medios colombianos, es una realidad para las organizaciones de derechos humanos en los antiguos feudos de los paramilitares

Como denunció PáginaI12 hace dos meses, nueve líderes campesinos fueron secuestrados en apenas dos semanas en Cauca, un departamento costero como Putumayo, Chocó y Antioquia. El 22 de julio pasado, un grupo de hombres armados asesinaron al gobernador de Emberá-Chami, una comunidad indígena de 20 mil habitantes. Las organizaciones campesinas, indígenas y sindicalistas son las principales víctimas de estas nuevas bandas, que se visten, amenazan y siguen asesinando como paramilitares.