Desde México, D. F.

El Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, reconoció el gobierno derechista de Felipe Calderón, cuya impotencia e ineficacia ante el crimen organizado quedaron exhibidas durante dos días consecutivos por los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, junto con el procurador general de la República, en poco más de 10 horas de comparecencias ante legisladores.

A más de una semana del ataque con granadas contra civiles en una plaza pública en la ciudad de Morelia, cuyo saldo se elevó el sábado a ocho muertos, ninguno de los tres funcionarios tuvo una sola respuesta satisfactoria para diputados y senadores sobre las investigaciones realizadas. En realidad, lo que hicieron fue mostrarse derrotados, pues aceptaron que los aparatos de seguridad y los gobiernos municipales, estatales y el federal están cooptados hasta la médula.

“Mientras las policías estén infiltradas no podemos, a plenitud, garantizar la seguridad” de la población mexicana, reconoció el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien también admitió la alta probabilidad de que el narcotráfico financie campañas políticas en las próximas elecciones federales de diputados y senadores, así como una decena de gobiernos estatales y congresos locales en el 2009. En lo que muchos analistas no supieron definir si se trataba del reconocimiento de la debilidad gubernamental o de un gran cinismo político, el responsable de la seguridad interna del país y los otros dos responsables de la seguridad pública se negaron a renunciar a sus cargos ante los denuestos de la oposición, que una y otra vez les exigió separarse de sus cargos ante su evidente incapacidad. El secretario de Gobernación por lo menos aceptó que, en estas circunstancias, el gobierno de Calderón “tampoco (puede) gozar de la confianza de los ciudadanos”.

Dicha desconfianza parte no sólo de la desproporcionada escalada de violencia que azota al país desde finales de 2006, que ha costado la vida a más de 3000 personas, sino de señalamientos directos de carteles del narcotráfico que en las últimas semanas han denunciado la existencia de pactos criminales realizados con funcionarios públicos, así como la corrupción generalizada en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, el martes, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador Eduardo Medina Mora negaron ante senadores que la administración calderonista haya pactado o vaya a pactar con narcotraficantes, como los principales carteles de la droga los han acusado en los últimos meses: golpean a un grupo mientras protegen a otro. Eso sí, reconocieron que todas las policías del país están infiltradas por el crimen organizado y, lo que es peor, que al menos 2000 policías han ganado amparos para ser reinstalados en sus puestos, luego de ser despedidos por corrupción.

De paso, advirtieron que nadie debe esperar resultados efectivos cuando se cumplan los cien días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, aun cuando los tres niveles de gobierno se comprometieron a ello con su firma. “No vamos a ver un cambio sustancial en las cosas, lo que vamos a ver es si las instituciones públicas del Ejecutivo federal, las entidades federativas, los otros poderes han o no puesto en marcha los procesos que van a llevar a cumplir esos objetivos”, dijo el procurador Medina Mora. El plazo se vence el 2 de diciembre.

Ayer, las baterías de los diputados se centraron en el secretario de Gobernación, pues el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de la República habían sido cuestionados en la víspera en el Senado de la República. De cualquier forma, el ala civil del gabinete de seguridad de Felipe Calderón fue cobijada sin rubor por los diputados del oficialista PAN y sus aliados del contradictoriamente derechista Partido Verde. Pero ni así salieron bien parados. Mouriño incluso tuvo que reconocer la incapacidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política del régimen) para combatir el crimen organizado, mientras el procurador insistía en que ya no se trata de una disyuntiva entre pacto o violencia: “la violencia ya está ahí”.

Ante el pleno de los diputados, los funcionarios exasperaron a la oposición, que coreaba a gritos su exigencia de que renuncien, por ineficientes, cómplices y corruptos. Y es que, a pesar de que al inicio de su comparecencia juraron decir la verdad, todas sus respuestas venían preparadas en tarjetas y las leyeron al dedillo, sin salirse ni un solo momento de su guión. Todas las veces que no tuvieron una salida preparada, simplemente ignoraron los cuestionamientos.