El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otras cinco organizaciones guerrilleras agrupadas en la llamada Coordinación Revolucionaria responsabilizaron al “ilegítimo” gobierno de Felipe Calderón del atentado en Morelia y acusaron al presidente y a la ultraderecha mexicana de restringir las libertades políticas, criminalizar los movimientos sociales de resistencia, legalizar un estado de excepción, propiciar el surgimiento del paramilitarismo e intensificar el despliegue militar y policíaco, como si se tratara de una dictadura.

En comunicados enviados a la prensa en los últimos dos días, los guerrilleros condenaron el acto de “barbarie” y de “provocación” que significó el ataque con granadas contra la población civil en Morelia, el pasado 15 de septiembre, y alertaron contra la militarización del país.

Según el EPR, esta violencia “inequívocamente es responsabilidad de quien ilegítimamente se asume como presidente, desde el momento que da continuidad con mayor autoritarismo a la política de sacar a las calles al ejército y a sus policías con poderes extrajudiciales a semejanza de una dictadura dirigida por un civil, generalizando la militarización del país so pretexto de combatir a la delincuencia organizada”; ésta es una guerra que “ha ensangrentado al país” y sus costos “los tenemos a la vista con los miles de muertos, la anulación de facto de los derechos constitucionales y la permanente violación de los derechos humanos”.

Por su parte, la Coordinación Revolucionaria, que agrupa a cinco diferentes organizaciones guerrilleras del sudeste del país, acusó a la administración de Calderón de intentar “restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policíaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias a fin de inhibir, y en última instancia aplastar, la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua”.

Y aun más, el EPR atribuyó muchas de las más de 3000 ejecuciones registradas en menos de 22 meses del gobierno de Calderón a “grupos de paramilitares conformados por militares, ex militares, ex kaibiles, policías y ex policías de toda laya, con el propósito de implantar a través de estas acciones sucias el terror en la población y “ablandar el terreno para la aceptación de un Estado policíaco-militar”.