El Gobierno tenía otra expectativa política del proyecto de movilidad previsional. Cuando lo envió al Congreso supuso que sólo le reportaría beneficios, teniendo en cuenta que se trata de “un paso más” en la reconstrucción del sistema previsional, después de 12 aumentos de haberes, de la reforma que permitió a los afiliados a las AFJP volver al régimen de reparto, del acortamiento en los plazos de liquidación de sentencias y, sobre todo, por la restitución de un derecho –el de la actualización automática de las jubilaciones– que Carlos Menem y Domingo Cavallo arrebataron a principios de los ’90 y ningún gobierno posterior restableció. Sin embargo, la oposición hizo una lectura muy distinta: la mayoría reconoció los avances de los últimos años, pero también advirtió que la ley en cuestión es amarreta y podría cristalizar una situación injusta hacia adelante.

El proyecto acumuló una decena de críticas, de las cuales cuatro fueron aceptadas por el Gobierno, que introdujo las correcciones necesarias. El punto más importante a partir de esos cambios fue que todos los haberes, del mínimo al máximo, quedaron alcanzados por la movilidad y que las jubilaciones subirán el porcentaje que determine el nuevo índice. Antes, un componente fundamental del haber, la Prestación Básica Universal (PBU), quedaba fuera del ajuste automático. El Ejecutivo también aclaró que si alguna vez el índice da un resultado negativo, las jubilaciones no tendrán variación, pero en ningún caso bajarán. La tercera modificación, a pedido de la CGT y la CTA, fue la inclusión del índice salarial que elabora la Secretaría de Seguridad Social, el Ripte, dentro de la fórmula de cálculo de los aumentos. Se usarán tanto el Ripte como el índice de salarios del Indec, siempre el que arroje una suba mayor. Finalmente, se anuló un ahorro forzoso que se aplicaba a los jubilados para alimentar un fondo anticíclico –de sustentabilidad de las jubilaciones– para cuando la recaudación baje.

Esos cambios no fueron suficientes para neutralizar las críticas, que quedaron concentradas en los siguientes puntos:

- Recomposición de haberes. La oposición reclama que antes de empezar a aplicar la movilidad, el Gobierno suba las jubilaciones que aumentaron menos que la inflación de 2002 a la fecha. Los sucesivos incrementos de la mínima de los últimos años provocaron un achatamiento de la pirámide salarial, al punto que en la actualidad cerca del 70 por ciento de los jubilados cobran el haber más bajo. Muchos de ellos, sin embargo, habían aportado como para acceder a una mejor jubilación. El Gobierno admite que la ley no resuelve ese problema, pero indica que su estrategia fue priorizar a los que menos tenían. Y hace hincapié en la herencia recibida, de la cual responsabiliza a varios dirigentes de la oposición que hoy lo cuestionan.

- Fórmula. La oposición advierte que el índice de movilidad está armado con tantos contrapesos que los aumentos terminarán siendo siempre menores a lo posible. Sostiene que se ponen topes injustificados. Uno de ellos surge de dividir el aumento de la recaudación previsional por la cantidad de beneficios que liquida Anses. Un ejercicio del primer semestre de este año muestra que mientras los ingresos treparon 38 por ciento, el porcentaje que iría a la fórmula de cálculo de la movilidad luego de la división por beneficios se reduce a 22. El segundo tope, más importante, consiste en utilizar siempre el componente de la fórmula que entregue un resultado más bajo. La fórmula tiene dos partes, A y B. A toma en cuenta la evolución de los salarios y de la recaudación de Anses que surge de impuestos (Ganancias, IVA y Combustibles, entre otros). B contempla sólo la evolución de la recaudación total de Anses (impuestos más aportes y contribuciones), más un 3 por ciento. Cada semestre, A y B entregan un resultado, que se comparan –no se promedian– y se aplica siempre el menor para ajustar las jubilaciones. Si A da 15 por ciento y B 10, los haberes aumentan 10. Si A da 15 y B 20, las jubilaciones suben 15. El Gobierno afirma que a mediano plazo las variables se compensan, con la ganancia de que el sistema se torna sustentable más allá de la coyuntura económica.

- Aumento este año. La oposición exige una suba de haberes antes de diciembre. La ley de movilidad fija el primer ajuste para marzo de 2009.

- Subas trimestrales. En lugar de dos incrementos al año, en marzo y septiembre, como establece el proyecto oficial, la oposición plantea que las jubilaciones deben actualizarse cada tres meses.

- Haber inicial. El índice se usará para calcular la jubilación inicial en el régimen de reparto. Con este índice se actualizarán los últimos 120 aportes (10 años) que se contabilizan para establecer cuánto arranca ganando una persona. Es un punto central. La oposición asegura que de ese modo se achata el haber inicial. Reclama que la actualización de los últimos diez años se haga con el Ripte, que contempla sólo la evolución de los salarios y no lo mezcla con los movimientos de la recaudación. Según sus cálculos, la diferencia es significativa. Con el Ripte, el porcentaje de ajuste es de 135 por ciento, mientras que con el nuevo índice sólo queda en 79 por ciento. El Gobierno afirma que no se puede seguir sólo el Ripte porque el sistema de reparto se financia de aportes y contribuciones, pero también de impuestos.

- Intangibilidad de los recursos previsionales. La oposición sostiene que el dinero de Anses no puede financiar al Estado. El Gobierno lo considera absurdo y aclara que el organismo recibe bonos cuando le presta al Ejecutivo, sin desfinanciar la caja previsional.