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Cada vez que hay lío con la Mesa de Enlace, la política cambia de juego y los políticos se resignan a mirar desde la platea. Como en una vieja película de vaqueros, los duelistas se miran las caras pero el escenario cambió, ya no son los mismos. El Gobierno tiene las cicatrices de la pelea del año pasado y las entidades rurales ya no tienen tras de sí la formidable hiperrenta de los commodities a precios estratosféricos. La sequía, con su secuela catastrófica, y la crisis global son la nueva realidad. Cambiaron los protagonistas, cambió el escenario, pero las actitudes persisten por una inercia que ya tiene más que ver con los resabios de la pelea anterior que con el nuevo contexto que, para colmo, se introduce lentamente en un año electoral.

Las entidades rurales venían reclamando desde diciembre la declaración de la emergencia agropecuaria. Le enviaron un petitorio a la Presidenta y el primer punto era esa declaración. Pero una vez que la medida fue anunciada, las cuatro organizaciones corrieron el arco. Dijeron que la declaración de la emergencia que ellos mismos habían pedido no resolvía nada. El jefe de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aclaró que los productores rurales no pagan impuestos, o sea son evasores, por eso la emergencia sólo registraría una situación que ya existe de hecho. Y lo dijo tan suelto de cuerpo como si hubiera un argumento implícito que diferenciara al productor rural de un tallerista o un trabajador que sí los pagan.

Seguramente Buzzi no piensa así, porque la Federación Agraria estuvo muy cerca de la CTA durante los ’90. Pero su frase expresa un problema histórico del ruralismo con el Estado, está en su genética. Es un problema que existe, pero el concepto básicamente es reaccionario y queda expuesto de esa manera cuando se lo expresa fuera del ámbito que lo origina.

Cuando fue derrotada la Resolución 125 ya estaba previsto que el enfrentamiento derivara hacia las elecciones de octubre. Esa decisión resulta lógica porque la Mesa, con su reclamo de máxima –la eliminación de las retenciones– está planteando un modelo económico diferente. Así algunos de sus principales dirigentes se fueron acercando a fuerzas políticas afines. No es un secreto que Mario Llambías, el presidente de la CRA, está hablando con la Coalición Cívica de Lilita Carrió y que Jorge Srodek, de Carbap, es un hombre cercano a López Murphy. El ex titular de la Rural Luciano Miguens, está más volcado al PRO de Mauricio Macri y Buzzi ha expresado sus preferencias por los socialistas santafesinos.

La presencia de estos candidatos en las listas electorales es un camino legítimo para encontrar cauce político a sus reclamos. Pero el camino se tuerce si la política se convierte en el eje, por encima de las necesidades concretas del sector que representan, y lo más probable es que todos terminen perjudicados, el Gobierno, los productores y sus dirigentes.

Cuando se planteó el conflicto por la 125, los precios de los granos estaban por las nubes y parecía que iban a seguir subiendo. La renta del sector era inmensa y producía efectos distorsivos en la cadena productiva y en los precios de los alimentos. Todo el modelo económico fue tensado por el surgimiento de esa hiperrenta que empujó a sus protagonistas a reclamar un espacio en las decisiones de estrategia económica que expresara ese fenómeno. El Gobierno no percibió la profundidad de ese proceso.

El precio de los commodities había llegado tan alto por las maniobras del capital especulativo en los mercados a futuro. Cuando llegó la crisis, esos capitales se retiraron y los precios cayeron. Pero cayeron a un nivel normal porque no bajó la demanda. Con los precios tan altos de los commodities, hubiera sido casi imposible compaginar el modelo que propugnaba el Gobierno, porque la economía hubiera marchado irremediablemente detrás de esa increíble hiperrenta llevando a un terreno cenagoso el despunte de la pequeña y mediana industria urbana. Los intereses en juego desde el sector rural eran tan impresionantes y las tensiones tan fuertes, que ningún gobierno las hubiera soportado.

Para bien o para mal, la crisis demostró que se trataba de un fenómeno artificial. La crisis, incluso, puede tener efectos más negativos que el retiro de los capitales especulativos y afectar todavía más al sector rural, como puede afectar al resto de la economía. Y si a esto se le agrega la sequía, puede decirse que ya no se trata de la presión infernal de una inmensa ganancia potencial, sino de problemas y riesgos reales. Sin la sequía, la renta agropecuaria se mantendría ahora en un nivel normal, como antes del conflicto por la 125, por lo que ya no es contradictorio con el modelo que impulsa el Gobierno. Ahora el peligro para ese modelo es la sequía.

Pero la lógica de la confrontación en ciernes no termina de dar cuenta cabal de estas condiciones y parece encuadrarse en los resabios de broncas y maximalismos de la furiosa batalla del año pasado. El que no tome consciencia de este desfasaje, puede quedar colgando de un hilo. Ninguno de los contendientes está para otra pelea a muerte. El que la empiece, pierde.

Las medidas que tomó el Gobierno con el campo abrieron un resquicio, una pequeña brecha. Las entidades rurales tuvieron un momento de duda. Pese a que sus dirigentes se encuentran en los antípodas del Gobierno, saben que la sequía y la crisis generan necesidades que van más allá de la política. Finalmente tensaron la cuerda y unificaron una posición de confrontación abierta, despreciando las medidas que muchos de sus supuestos representados recibieron con alivio. Para el productor que sufre la sequía, el forraje, la postergación del pago de impuestos y las líneas de crédito pueden constituir la diferencia entre el desastre y la sobrevivencia.

Si el Gobierno piensa que con esa política ganará votos, lo más probable es que se equivoque. El productor de la pampa húmeda responsabiliza al Gobierno por haberle obstaculizado el negocio de su vida, aunque fuera una ilusión y aunque eso hubiera llevado al país a un nuevo modelo de exclusión y desempleo. Lo ha tomado casi como un enemigo personal.

Si los dirigentes de la Mesa de Enlace piensan que esos mismos productores sumidos por la incertidumbre de la crisis y la sequía están dispuestos a cortar rutas y provocar el caos brutal del año pasado, lo más probable también es que se equivoquen. El productor seguirá hablando pestes del Gobierno, votará en contra, pero recibirá la ayuda con alivio y no arriesgará la posibilidad de sobrevivencia. Ya no tiene aquella expectativa de una ganancia sideral, que lo movilizó en el conflicto anterior. Podrán movilizar activistas con respaldo de grupos como el MST, el PCR o Castells, pero ya estarán jugando más para las elecciones que para las necesidades del sector rural.

Cualquiera diría que en estas condiciones no existen bases objetivas para un conflicto como el del año pasado. Hasta podría decirse que el pacto del gobierno con Schiaretti y Reutemann, en Córdoba y Santa Fe, implicaría la idea de que en el mismo proyecto tengan cabida expresiones críticas que representen el sentimiento de un sector de esos productores rurales.

En este contexto, la guerra sería como jugar a la rayuela al borde del precipicio y con el paraíso en el abismo. Claro que la política argentina tiene un fuerte componente temperamental, inclinado al exabrupto, muchas veces estimulado por los medios, que fuerza sus propios caminos.