El objetivo de la dictadura uruguaya (1973-1985) fue toda la población. Su vigilancia y su disciplinamiento. Y el actor central de la represión fue todo el Estado. Estas son las conclusiones del informe titulado “Investigación histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en Uruguay”, presentado ayer por la tarde en el vecino país. El trabajo fue coordinado por el profesor Alvaro Rico y realizado por la Universidad de la República (Udelar). Según su autor, constituye la mayor sistematización del período en base a documentos oficiales.

En una entrevista publicada en el diario uruguayo La República, el autor de la investigación explica que el trabajo es el primer intento de reconstruir el período de manera global. “Hasta ahora la dictadura había sido reconstruida casi siempre de manera fragmentaria, parcial, en general en base a testimonios. Aquí tenemos una visión del período en su conjunto, y todo en base a documentos oficiales”, detalla Rico, quien aclara que los documentos sólo estuvieron disponibles a partir del año 2000, siendo sistemáticamente vedados a los investigadores por los sucesivos gobiernos democráticos.

La investigación, dividida en tres tomos reunidos en 1500 páginas, es el fruto de más de un año de trabajo en unos 20 archivos gubernamentales, militares, policiales y de organizaciones de familiares de detenidosdesaparecidos, y se difunde en coincidencia con una campaña de recolección de firmas orientada a conseguir un plebiscito para anular la Ley de Caducidad, que amnistió a policías y militares acusados de violar los derechos humanos.

Las conclusiones del informe son varias. Una de ellas es que el nivel de institucionalización de la dictadura en Uruguay fue mayor al de otros países de la región. Según su autor, dada la forma en que funcionaba el Estado dictatorial, no es posible alegar el desconocimiento de lo que pasaba por parte de los mandos medios.

Por otra parte, la obra aborda detalles de la vigilancia a la sociedad civil, afirmando que la infiltración de agentes abarcó desde las facultades, liceos y clubes hasta hospitales, escuelas y las misas de la Iglesia Católica. En todos los casos el objetivo fue el mismo. “El asesinato político, la prisión política, la represión contra las mujeres, los casos de menores desaparecidos o nacidos en cautiverio, la represión contra el movimientos sindical, la universidad, la enseñanza y el movimiento estudiantil fueron prácticas sistemáticas de la dictadura, además de las desapariciones”, sentencia el autor.

El trabajo incluye un listado de 5925 presos, con un capítulo especial sobre las mujeres detenidas, así como de los bebés nacidos en cautiverio. Documentados, se constatan 116 asesinatos políticos. Un dato que llama la atención es que sólo 10 uruguayos murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. El resto murió torturado y/o ejecutado en los centros clandestinos de detención.

“Todo esto explica también por qué la sociedad uruguaya es hoy lo que es; los cambios en la amistad, en la violencia. Explicar la sociedad uruguaya de hoy sin incorporar el impacto de la dictadura en todos los niveles es imposible”, razona el profesor. “El Estado entero se reestructuró en Uruguay para reprimir. La represión pasó de ser una función a ser una misión”, explica.