Desde Santa Cruz

La promulgación de la Ley Electoral Transitoria se hizo en la plaza Murillo, ante miles de paceños que proclamaron la candidatura del presidente Evo Morales para la consulta del 6 de diciembre próximo. “Avancemos y arranquemos la campaña con miras a diciembre, compañeros. Digan lo que digan, aunque mañana protesten, no protesten, la nuestra es una lucha democrática, cultural y programática. Estamos dispuestos a mejorar nuestra gestión, pero sobre todo estamos dispuestos a garantizar el triunfo”, dijo Morales a la multitud que coreaba “noventa por ciento”, cifra con la que sueñan reelegir al presidente aymara. También celebraban los partidos de oposición, que supieron administrar su minoría en el Congreso para trabar el proyecto de ley electoral de Morales hasta que concediera sus pedidos. Entre ellos, la aplicación gradual de los estatutos autonómicos aprobados “ilegalmente”, según el gobierno nacional, en cuatro departamentos del oriente boliviano. Quedaron descontentas las organizaciones de los pueblos indígenas, que deberán conformarse con siete escaños entre los 130 de los diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Los pueblos indígenas han sido virtualmente engañados. Peleaban por tener 34 representantes en el Congreso. Pero el sistema electoral los redujo a 18, luego a 14. Ahora, el pacto de distribución de poderes en el Congreso ha llevado la cifra a siete. Siete entre 130 diputados que existen, en un país que reconoce 36 pueblos indígenas, es absolutamente nada. Pero éste no es el problema principal. Con esta ley se ha marcado la cancha de lo que va a ser el sistema político de gestión departamental y nacional. Y en eso lo pueblos indígenas no cuentan”, dijo a Página/12 Hugo Salvatierra, ex ministro de Desarrollo Rural y director de Asesoría Legal y Asistencia Social (Alas), organización que da asesoramiento jurídico a organizaciones indígenas.

Los indígenas critican la flexibilidad del gobierno para llegar a acuerdos desde el miércoles pasado, cuando los 83 legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de gobierno) entraron al Congreso decididos a pactar una ley electoral con los 74 opositores, de los partidos de derecha Poder Democrático Social (Podemos), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN). Además de conseguir la rebaja de los escaños para los pueblos indígenas, vencieron al presidente, que se negaba a realizar el nuevo padrón electoral exigido por sus contrincantes.

“Pedir un nuevo padrón es simplemente decir que no haya elecciones nacionales ni elecciones prefecturales o municipales del próximo año”, había dicho Morales antes de entrar en huelga de hambre hasta que el Congreso aprobara la ley electoral. A los cinco días, se habían sumado tres mil huelguistas en todo el país, según la Central Obrera Boliviana.

El actual registro de electores, auditado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), tendría un 97 por ciento de confiabilidad. No obstante, pasados tres días en ayunas, el presidente aceptó destinar 35 millones de dólares a la elaboración de un padrón electoral biométrico, que reconoce rasgos del votante.

“Sentimos satisfacción. Se ha cumplido el objetivo de tener un padrón electoral transparente, limpio. Nos va a dar un margen de seguridad sobre la veracidad de los resultados en los próximos comicios. Tuvimos que aguantar una serie de ataques de histeria y bronca, incluso la ruptura del diálogo. Pero ha valido la pena, por el bien de todos los bolivianos”, dijo la diputada de Podemos Lourdes Millares. La oposición indicó que ahora se abocará a fiscalizar las compras de equipos que realizará la Corte Nacional Electoral, ya que no habrá licitaciones de por medio para agilizar el reempadronamiento de cuatro millones de electores en Bolivia y la inscripción de 233 mil votantes en el extranjero. El padrón biométrico deberá estar listo antes del 6 diciembre.

Las elecciones generales de diciembre de 2009 y las prefecturales de abril de 2010 significarán la aceptación tácita de los estatutos autonómicos aprobados el año pasado en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija sin la venia del Congreso, que dispone la realización de comicios. “La parte de cómo están compuestas las Asambleas Legislativas Departamentales, cómo se selecciona y cómo se eligen asambleístas y gobernadores, han sido sacadas de los estatutos autonómicos, copiadas y pegadas a la ley electoral. Al parecer hay un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para convivir los próximos años. Actúa como cualquier otro partido el MAS”, dijo Eulogio Núñez, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).

La ley prevé que el mismo 6 de diciembre se realicen nuevamente referéndums autonómicos en La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí, donde había ganado el No en 2006. También irá a referéndum autonómico la región del Chaco –compartida por Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca– por solicitud de su población.