Tabaré Vázquez dio luz verde para investigar y condenar a los asesinos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los dos senadores uruguayos asesinados en Buenos Aires en 1976. La Justicia uruguaya ya había procesado y encarcelado al dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco como coautores del secuestro y homicidio de los dos senadores opositores y del matrimonio tupamaro Rosario Barredo y William Whitelaw. Pero los autores materiales, los que los habían secuestrado, torturado y rematado con un tiro entre los ojos, seguían amparados por la Ley de Caducidad, que ayer cumplió veinte años (ver recuadro).

Con la firma de Vázquez y sus ministros de Defensa e Interior, José Bayardi y Daisy Tourné, respectivamente, el gobierno uruguayo excluyó el asesinato de los cuatro exiliados de la amnistía que protege a los militares y policías responsables de crímenes de lesa humanidad durante los trece años de dictadura. “Los crímenes ocurrieron fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”, aseguraron en el decreto firmado el lunes y difundido ayer. Hacía casi veinte años, el gobierno de Julio María Sanguinetti había cajoneado el caso dentro de la Ley de Caducidad.

Pero la familia de Michelini y los tres dirigentes asesinados siguieron juntando pruebas, testimonios y datos para tiempos mejores. El momento llegó hace cuatro años, cuando Vázquez y el Frente Amplio ganaron la presidencia por primera vez en la historia del país, impusieron una relectura de la amnistía y abrieron la puerta a los primeros juicios por crímenes de la dictadura. El caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz se convirtió de inmediato en una de las puntas de lanza de los abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los dos senadores se habían exiliado en Buenos Aires tras el autogolpe de Bordaberry en 1973. Documentos desclasificados de los gobiernos estadounidense y uruguayo demostraron que los dos dirigentes estuvieron siempre bajo vigilancia de los servicios uruguayos. Un año antes de sus muertes intentaron tramitar visas en la embajada norteamericana en Buenos Aires para viajar invitados por el senador Edward Kennedy. Antes de que lo consiguieran, la Cancillería uruguaya, a cargo de Juan Carlos Blanco, les suspendió los pasaportes.

Sin ningún lugar a donde ir, los senadores finalmente cayeron en un operativo del Plan Cóndor el 18 de mayo de 1976. Según relató una testigo a una comisión investigadora del Congreso uruguayo diez años después, el coronel retirado Pedro Matto le confió, en medio de una crisis de nervios, que él y el coronel retirado Juan Manuel Cordero viajaron a Buenos Aires el 20 de mayo para asesinar a Michelini y a Gutiérrez Ruiz.

Cuando llegaron a Automotores Orletti, el centro clandestino adonde los habían llevado, Gutiérrez Ruiz había muerto en la sala de tortura y Michelini estaba vivo, pero con señales de tortura en todo el cuerpo. “Matto le dio un tiro en el asiento de atrás del auto, en el que también llevaban el cuerpo de Gutiérrez Ruiz y, en el baúl, los del matrimonio Whitelaw”, contó la enfermera uruguaya Haydée Trías.

Matto declaró hace unas semanas como testigo a pedido de la defensa de Bordaberry. Como buen soldado, dijo que no sabía nada de la muerte de los cuatro dirigentes y que en ese momento se encontraba en un curso de capacitación del ejército en territorio uruguayo. No dio más detalles; no tenía por qué hacerlo, no estaba imputado.

Pero ahora el escenario cambió y la defensa de las víctimas está convencida de que tiene pruebas suficientes para acusar a Matto y Cordero y también a los militares uruguayos que operaron en Orletti. Según está siendo demostrado en el juicio contra el general retirado Jorge Olivera, comandante del Primer Cuerpo del Ejército que dirigía los centros de detención clandestinos de Capital Federal, hubo al menos tres oficiales uruguayos que torturaron y participaron de interrogatorios en ese centro: el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, el coronel retirado Cordero y su par, Jorge “Pájaro” Silveira.