La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzará a tratar el martes próximo un proyecto de Ley Penal Juvenil, un código especial para el juzgamiento de niños y adolescentes de entre 14 y 18 años que cometen delitos. Hoy, los niños de 14 a 16 años están sometidos a un régimen tutelar que los considera inimputables (es decir que no les aplica penas) pero tampoco les otorga derechos procesales, por lo que suelen ser privados de su libertad en forma arbitraria. El proyecto a tratar fue redactado a partir de la propuesta escrita por el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni –tal como adelantó Página/12 el martes– que toma como base las iniciativas de Emilio García Méndez y Vilma Ibarra. El anuncio no podía ser más oportuno: se produce justo cuando el homicidio de un chofer en Valentín Alsina a manos de un chico de 14 años vuelve a poner en discusión el tema de la imputabilidad de menores. El propio ex presidente Néstor Kirchner subrayó, en un acto del PJ, que “ha llegado la hora de que el Congreso Nacional debata el Código Penal Juvenil”.

La diputada oficialista Diana Conti adelantó a Página/12 que el lunes próximo se reunirá con los diputados Emilio García Méndez (Solidaridad e Igualdad) y Vilma Ibarra, autores de dos de los ocho proyectos que están presentados pero sin tratamiento en Diputados. Es que Zaffaroni armó su anteproyecto a pedido de Conti, en base a los que consideró como “los mejores proyectos entre los que estaban en discusión”, el de García Méndez y el de Ibarra. También incorpora la parte penal del Estatuto de la Niñez y la Adolescencia de Brasil. Ese mismo proyecto está siendo estudiado por el Ejecutivo. Conti pidió además a la a la titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Nora César, la inclusión del tema “imputabilidad de menores” en la agenda de la próxima reunión, que se llevará a cabo el martes.

En Diputados hay al menos ocho proyectos para crear un Régimen Penal Juvenil. Además de los de García Méndez y de Ibarra, están en carrera los de Marita Perceval (Frente para la Victoria), Gerardo Morales (UCR), Eugenio Burzaco (PRO), María Laura Leguizamón y Mabel Müller y Paola Spátola.

La baja de edad de imputabilidad es un reclamo clásico entre los sectores de derecha, partidarios de la mano dura. Proponen que a los chicos desde los 14 años se los encierre y se les aplique la misma pena que a los adultos. En cambio, la propuesta de sancionar un régimen penal juvenil, (o de responsabilidad penal para adolescentes) apunta a derogar el decreto 22.278, sancionado por la dictadura militar, que habilita a los jueces a encerrar a los menores que están sospechados de cometer delitos, sin garantía procesal alguna, castigo que por lo general recae en niños y jóvenes pobres o en situación de vulnerabilidad social.

Proyectos que apuntan a sancionar un régimen penal juvenil y a derogar el decreto de la dictadura han sido presentados en Diputados desde hace 12 años. El primero fue redactado por la entonces diputada del ARI Laura Musa (hoy a cargo de la Asesoría Tutelar porteña). Pero en todos los casos, han sido desestimados por quienes cumplían el rol de bloque mayoritario. La propia diputada Conti admite ahora que hasta no hace mucho rechazaba debatir el tema, pues consideraba que contribuía a judicializar a los menores.

Ahora, Conti se pone al frente de un proyecto que establece una escala penal especial para chicos en conflicto con la ley. El principio que sustenta esta diferencia es que un adolescente cuya personalidad está en etapa de formación no puede recibir la misma pena que un adulto, que es plenamente responsable de sus actos. Por lo cual la conducta del menor no queda impune, a la vez que se apuesta a un cambio en su conducta en el corto plazo.

El borrador que redactó Zaffaroni, al que accedió Página/12 establece las siguientes sanciones:

- Los chicos de 14 y 15 años acusados de delitos graves, como homicidio, no podrán recibir condenas mayores a la mitad del máximo penal correspondiente en el Código Penal para adultos y, en ningún caso, podrán pasar en prisión más allá de los 21 años de edad.

- Para la misma edad, cuando los delitos tienen penas máximas de 15 años o más, no se podrán aplicar más de tres años de internación.

- Para el caso de delitos leves, con penas máximas inferiores a los 15 años, “se aplicarán internaciones como medida correctiva, no superiores a los dos meses, en caso de incumplimiento de otras sanciones”. n Para los jóvenes de 16 y 17 años, la pena a aplicar será un tercio de la mínima y la mitad de la máxima. En el caso del homicidio simple, para el cual el Código contempla de 8 a 25 años de cárcel, se aplicaría un mínimo de dos años y medio y un máximo de 12 años y medio.

- Para la misma edad, en los casos de delitos graves, que merecerían prisión perpetua para un mayor, se aplicarán un mínimo de 8 y un máximo de 15 años.

- Cuando se trata de delitos con penas de 15 años o más, se aplica una gama de medidas sustitutivas de la prisión después de que el adolescente cumplió la mitad de la pena con internación en un instituto. Es decir que si para un delito corresponden 16 años, el chico deberá estar internado 8 años y luego deberá cumplir las medidas que disponga el juez.

- Para delitos con penas inferiores a los 15 años, se establece una medida sustitutiva a partir de que el adolescente cumple un tercio de la penalidad con internación.

En resumen, el criterio del proyecto es que para adolescentes de 14 y 15 años, la internación es una pena sustituta de otras, más leves, mientras que para los jóvenes de 16 y 17 años, las otras penas serán sustitutivas de la internación.

¿Cuáles son esas medidas sustitutivas? “La escala diseñada por Zaffaroni contempla figuras como la reparación del daño, servicio a la comunidad, internación domiciliaria, limitación o prohibición de residencia o tránsito, prohibición de asistir a determinados lugares o cumplimiento de instrucciones judiciales, como ir ala escuela, hacer un tratamiento médico o psicológico, o realizar un trabajo”.

Ayer, el gobernador, Daniel Scioli insistió con su propuesta de someter a debate “el tema impostergable del Código Penal Juvenil, que incluya la baja de la imputabilidad para los menores que cometen delitos graves”. “Estoy ante el principal desafío de mi vida”, afirmó.

Consultado por este diario, el diputado Emilio García Méndez confirmó su encuentro del lunes con Diana Conti, pero expresó su “profunda desconfianza hacia el proyecto elaborado por Zaffaroni, porque es la misma persona que en diciembre declaró constitucional el decreto de la dictadura”. Se refería al fallo en el que la Corte rechazó la liberación de 60 menores detenidos, al revocar un fallo de la Cámara de Casación, tras una demanda iniciada por la Fundación sur, que conduce el propio García Méndez.

–¿Por qué nunca se trató un proyecto para derogar esa norma?– le preguntó este diario

–Entre otras cosas, porque ese decreto es funcional a muchas corporaciones, como la judicial.