Aveinte años de su ratificación en un plebiscito, la Ley de Caducidad uruguaya volverá a enfrentar el desafío de las urnas el próximo octubre. Ayer la amnistía bajo la cual se ampararon desde el final de la dictadura los represores uruguayos cumplió un nuevo aniversario, pero por primera vez su futuro es incierto. Aprovechando la conmemoración, la comisión pro-referéndum, encabezada por la principal central sindical y dirigentes del Frente Amplio, anunció que ya superaron las 274 mil firmas, una cifra muy superior a la que necesitan para convocar un nuevo referéndum a la par de las elecciones generales de octubre. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia debe responder en las próximas semanas un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad. Ante la consulta de un juez, el tribunal pidió la opinión del Ejecutivo y del Legislativo, que en febrero declararon la inconstitucionalidad. Aunque no es vinculante, por primera vez los tres poderes en Uruguay están cuestionando la legalidad de la amnistía a los responsables del terrorismo de Estado.